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¿Qué podrá hacer ahora la OEA?

El 12 de mayo, el mismo día que vence el plazo fatal para la inscripción de alianzas electorales, el Consejo Permanente de la OEA discutirá el tema de Nicaragua.

Es que en este mes de mayo se vence también el plazo que la Asamblea General de la OEA le puso en octubre del año pasado al régimen de Daniel Ortega, para que aprobara una reforma electoral que garantice que las elecciones de noviembre próximo sean libres, justas y transparentes. Sin embargo, Ortega ha hecho lo contrario, ha desafiado a la OEA, lo mismo que a la Unión Europea, al gobierno de Estados Unidos (EE. UU.) y a toda la comunidad democrática internacional, al dictar una reforma electoral que liquida la posibilidad de que las elecciones sean verdaderas y creíbles.

El secretario general de la OEA, Luis Almagro, dijo en un comunicado emitido después de que el régimen de Ortega nombró al nuevo Consejo Supremo Electoral, que en Nicaragua se deben respetar los derechos humanos y hacer elecciones libres y limpias, no porque la comunidad internacional lo recomienda, sino “porque es lo menos que el pueblo nicaragüense se merece: un CSE con credibilidad que no se supedite al Régimen y la realización de elecciones limpias, transparentes y con la pluralidad de partidos que garanticen elecciones libres”.

Ciertamente, las elecciones libres y limpias son un derecho de los nicaragüenses que está consagrado en la Constitución Política de Nicaragua. También es un derecho fundamental establecido en todas las declaraciones y los convenios internacionales sobre derechos humanos y civiles. Además, Ortega, igual que todos los gobernantes de los países que son parte del sistema interamericano, está obligado a realizar elecciones libres y justas porque así lo determinan la Carta de la OEA aprobada en 1948 y la Carta Democrática Interamericana adoptada en 2001.

Ortega se ampara en las disposiciones de la Carta de la OEA que hablan de que cada Estado miembro tiene derecho de elegir su sistema político y “organizarse como mejor lo entendiera”. Eso pretende usarlo como licencia para imponer una dictadura. Pero la Carta Democrática Interamericana de la misma OEA establece el derecho de los pueblos a la democracia e indica que esta no puede existir sin “la celebración de elecciones periódicas, justas y basadas en el sufragio universal”.

Además, la Carta Democrática Interamericana señala que cuando en un Estado miembro se altere el orden constitucional y por tanto el orden democrático, como lo ha alterado Daniel Ortega en Nicaragua, podrá ser sancionado con la suspensión que durará hasta que se restablezca la normalidad democrática.

Sin embargo, eso no es automático, tiene que ser aprobado por dos tercios de los Estados miembros, o sea 24 votos, que no se han logrado antes y no es seguro que se puedan conseguir ahora. Aunque tal vez sí, por el extremo menosprecio y la arrogancia con que Ortega ha visto y tratado a la OEA. De todos modos esto se sabrá el 12 de mayo, cuando se reúna el Consejo Permanente de la OEA.

 

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