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El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo está siendo fuertemente atacado por la comunidad internacional tras las detenciones los últimos días. LA PRENSA/Captura de pantalla.

Claves para entender por qué Ortega miente en el caso de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro y el lavado de dinero

LA PRENSA te explica por qué el régimen de Daniel Ortega miente sobre el señalamiento de lavado de dinero contra la Fundación Violeta Barrios de Chamorro y cómo sus mismas leyes y las regulaciones internacionales demuestran que está fabricando un delito inexistente.

A casi cuatro meses desde que la Fundación Violeta Barrios de Chamorro anunciara su cierre, tras negarse a inscribirse como agente extranjero para continuar recibiendo fondos de la cooperación internacional, el régimen de Daniel Ortega sorprendió el pasado 20 de mayo al anunciar una investigación sobre indicios de lavado de dinero en dicha fundación, pese a que en Nicaragua las operaciones de las organizaciones sin fines de lucro están bajo estricta supervisión.

El máximo control de las autoridades orteguistas recae principalmente en verificar el origen de los fondos externos que reciben estas organizaciones y que deben informar al Ministerio de Gobernación con nombre y apellido, según establece la Ley 977, Ley contra el lavado de activos, el financiamiento al terrorismo y el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva.

Los señalamientos del régimen

Hasta ahora el régimen de Ortega no ha dado detalles en qué basa sus indicios de posible lavado de dinero en la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, pero sus seguidores se han encargado en la última semana de filtrar documentos donde se muestran programas de apoyo al periodismo nicaragüense que dicha ONG desarrolló durante sus 20 años de existencia, con la finalidad de profesionalizar al gremio, una práctica que a nivel internacional es común y legal; entidades de otros países apoyan con subvenciones financieras y capacitaciones al periodismo en naciones subdesarrolladas, como es el caso de Nicaragua.

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Entre las fuentes de financiamiento, que dichos documentos muestran y que son filtrados por los orteguistas como parte de la campaña de querer atribuir lavado de dinero en la Fundación Violeta Barrios, mencionan a la Agencia estadounidense para el Desarrollo Internacional (Usaid, por sus siglas en inglés), lo que echaría por tierra la intención del régimen de Ortega de involucrar en dicha práctica ilícita a la oenegé, según los estándares internacionales establecidos por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) para combatir este delito en la región. Nicaragua pertenece a este grupo de 33 países.

Lo que dice el Gafilat

Según el Gafilat, el lavado de dinero o de activos comienza por el origen de estos flujos: son ilícitos. Por ejemplo, provienen del “narcotráfico o estupefacientes, contrabando de armas, corrupción, desfalco, crímenes de guante blanco, extorsión, secuestro, piratería”, y “consiste en hacer que los fondos o activos obtenidos a través de actividades ilícitas aparezcan como el fruto de actividades legítimas y circulen sin problema en el sistema financiero”.

Por lo tanto, al identificar que los recursos provienen de un organismo de cooperación reconocido a nivel mundial y que en Nicaragua brinda asistencia desde 1962, como es el caso de Usaid, el argumento del orteguismo no tiene fundamento, porque la agencia de cooperación de Estados Unidos funciona con impuestos aportados por los estadounidenses, es decir, son recursos que no provienen de actividades ilícitas, como lo establece como primer requisito Gafilat para identificar el lavado de activos.

Es cierto, que el Gafilat identifica a las ONG como uno de los canales que usa el crimen organizado para lavar activos y por esa razón ha orientado a los gobiernos de la región que aumenten los controles y la supervisión sobre estas para evitar que sean utilizadas con el objetivo de legalizar el dinero sucio, así como ocurre en otros segmentos económicos como el comercio, la construcción, compra y venta de metales preciosos, sistema bancario, corredurías de seguros, entre otros.

Estricta supervisión a las ONG

Es por esa razón que en Nicaragua estas organizaciones están bajo estricta supervisión no solo por parte del Ministerio de Gobernación, que es su ente regulador, sino también hasta por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la Unidad de Análisis Financiero, entre otros, los que también se encargan de evitar evasiones de impuestos.

Al respecto, el artículo 37 de la Ley 977,  Ley contra el lavado de activos, el financiamiento al terrorismo y el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva, en el capítulo referido a organizaciones sin fines de lucro (OSFL), establece mecanismos de control sobre las fuentes de financiamiento de estas entidades, sus estados financieros, supervisión permanente y la información que deben reportar a las autoridades de Gobierno. Así como las actividades que estas desarrollan con esos recursos.

El artículo 38 de dicha ley establece, en el numeral 1, que estas deben utilizar los canales financieros regulados para sus operaciones financieras. Estos canales suelen estar bajo supervisión constante de la UAF, así como de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras. Esto como obligación para que a las ONG se les permita operar.

Gobernación sabía de origen de fondos

Sobre el origen de los fondos, el mismo artículo, numeral 2, inciso b, establece que estas organizaciones deben “documentar la identidad de sus proveedores de fondos y respetar la confidencialidad”. Pero además se menciona que estas organizaciones sin fines de lucro deben “cumplir con los requisitos establecidos para la recepción de donaciones orientadas por la entidad de regulación, supervisión y sanción”.

Cabe mencionar al respecto, que la Fundación Violeta Barrios de Chamorro no fue cerrada por el Ministerio de Gobernación por incumplir las obligaciones de ley, sino que fue una decisión voluntaria  y en protesta por la imposición de la dictadura de Ortega de ordenar que entidades de este tipo se inscribieran como agentes extranjeros, para , entre otras razones, impedir el financiamiento externo a organizaciones que desarrollen actividades políticas.

La fundación no tenía fines políticos, pero trabajaba en la promoción de la democracia, el acceso a la información pública, la defensa de los derechos humanos y la promoción de iniciativas ciudadanas, lo que el régimen de Ortega considera una amenaza para la sobrevivencia de su dictadura en Nicaragua. Precisamente, eso fue lo que llevó al Gobierno a cerrar varias organizaciones de este tipo, que trabajan en la promoción de los derechos humanos en el 2018 y 2019.

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Información es verificada constantemente

Otro candado que establece la Ley 977, que bota el argumento del régimen de Ortega de lavado de dinero, es el numeral cinco del artículo 38. Este dice que estas organizaciones deben conservar durante al menos 10 años “estados financieros anuales con desglose  detallados de ingresos, egresos y donaciones desde la fecha de aprobación de la misma”.

Asimismo, guardar “los registros de las transacciones locales e internacionales, contados desde la fecha de efectuada la transacción”.

De hecho, el reglamento de la Ley 977 menciona entre las obligaciones de los reguladores de estas organizaciones, en este caso Gobernación, establecer  “procedimientos internos para verificar la documentación legal y financiera de las OSFL (organizaciones sin fines de lucro) e identidad verdadera de sus miembros y donantes, sean estos nacionales o extranjeros con el fin de asegurar que la información sea veraz y sin inconsistencias”.

Es decir, que Gobernación durante el periodo de funcionamiento de la fundación, verificó la legalidad de la información que esta reportaba a las autoridades, precisamente para evitar prácticas ilícitas en la misma. Y para ello, en el mismo reglamento se ordena a que estas organizaciones deben, entre otras obligaciones, informar a las autoridades la “identidad y origen de todos sus miembros donantes (nombres y apellidos, cédula de identificación y/o pasaporte, dirección exacta, domicilio y teléfonos)”.

También se les obliga a estas organizaciones, para seguir operando, enviar los “estados financieros anuales con desgloses detallados de estados de resultados (ingreso /egreso), balance general, balanza de comprobación, detalle de donaciones y el origen y aplicación de fondos”, según el artículo 14 del reglamento de la Ley 977.

Todas esas obligaciones antes mencionadas son supervisadas por las entidades públicas, que según el reglamento de la Ley 977, en su artículo 13, dice que “las entidades públicas encargadas de la regulación y supervisión de las Organizaciones sin Fines de Lucro (OSFL) nacionales y extranjeras, deberán asegurar normas y mecanismos de supervisión del funcionamiento de dichos organismos de conformidad a los fines y objetivos por los cuales se constituyeron y se les otorgó personalidad jurídica, estableciendo medidas para promover la transparencia e integridad de las OSFL”.

El motivo es político

Entonces, ¿qué hay detrás de la persecución contra la Fundación Violeta Barrios de Chamorro si no cabe el delito de lavado de dinero? Especialistas, consultados por LA PRENSA, señalan que realmente hay una persecución política contra la exdirectora de la fundación y precandidata presidencial Cristiana Chamorro, al querer señalarla de cometer este delito durante el periodo 2015-2019, en medio de la vigencia de la Ley 977, aprobada desde el 2018.  Pero además estas organizaciones ya estaban siendo reguladas a través de la Ley General de Sobre Personas Jurídicas Sin Fines de Lucro, aprobada en 1992, donde también se establecen controles.

El exdiputado liberal Eliseo Núñez explica que desde que Daniel Ortega entró al poder, en el 2007, se hizo un reglamento que sujeta a todas las organizaciones no gubernamentales que reciben cooperación internacional a un estricto control.

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“El organismo como AID  (o Usaid) o cualquier otro donante tiene que confirmar un convenio  con Cancillería y dentro de este convenio están contenidos los alcances de lo que pueden y no pueden hacer. Es decir, nada de lo que hizo la Fundación Violeta Barrios de Chamorro está fuera de los alcances del convenio mediante el cual se acordó este financiamiento”, enfatizó Núñez, en respuesta a la propaganda orteguista.

Núñez enfatiza que el lavado de dinero se refiere a “convertir dinero producto de actos ilícitos en dinero limpio proveniente de simulaciones de actos lícitos y, en este caso, el dinero que ellos están presentando proviene de un gobierno legalmente constituido y lo que están diciendo de manera tácita, es que Estados Unidos es considerado una fuente ilícita de dinero, es decir, están desconociendo la calidad de país soberano de este país”.

El exdiputado considera que la razón por la que hasta este momento se esté denunciando a la fundación es por las futuras elecciones presidenciales, previstas para noviembre de este año. “Cuando Cristiana (Chamorro) surgió como candidata en enero, la orden fue ‘busquen cualquier cosa y si no lo encuentran invéntenla, pero ella no puede correr’”.

Siguiendo esta línea, Róger Arteaga, exgerente del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), afirma que el lavado de dinero es un delito, pero la asistencia y la ayuda no lo son, y que precisamente no se puede criminalizar a una organización sin fines de lucro por brindar asistencia técnica o profesional a terceros.

Tal es la contracción que, según Arteaga, “aquí están queriendo confundir, la Fundación Violeta Barrios de Chamorro se creó desde los 90, ya estamos en el 2021 y hasta ahora están acusando de lavado de dinero a una ayuda que se viene recibiendo desde los años 90”.

Arteaga asegura que lo que está pasando en el país “es una campaña política, lo que quieren es denigrar, descalificar y eliminar candidaturas. Por eso es que están haciendo una cosa que es absurda, ilegal e inconstitucional. Hasta ahora lo están haciendo por un motivo político, esto no tiene que ver con la cooperación internacional y la ayuda que se recibe en Nicaragua”, mencionó al respecto.

El régimen de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo está usando al Ministerio de Gobernación (Migob) y al Ministerio Público para atacar a la opositora y precandidata presidencial. LA PRENSA/Óscar Navarrete.

Régimen también ha recibido ayuda externa

Lo paradójico, para los analistas, es que el régimen de Ortega pretenda criminalizar una cooperación internacional, pese a que su administración es muy dependiente de la cooperación externa e incluso recibió fondos de Usaid, que hoy pretende involucrar en un esquema perseguido a nivel internacional.

“Por ejemplo, se ha recibido ayuda de la Unión Europea, AID, Estados Unidos. El Ejército de Nicaragua ha recibido cooperación y asistencia técnica del Ejército de Estados Unidos, eso no es ningún delito y no se llama lavado de dinero, se llama asistencia humanitaria, técnica y financiera”, afirma Arteaga.

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“Taiwán a cada rato está haciendo donaciones a Nicaragua, acaba de darle una al Ministerio de Agricultura y Ganadería, le dan a la Policía Nacional, a los ministerios, o sea que eso no es ningún delito”, agregó.

Así funcionaba la fundación

La extinta Fundación Violeta Barrios de Chamorro para la Reconciliación y la democracia en Nicaragua nació en 1998, tras finalizar el período de gobierno de la presidenta Violeta B. de Chamorro (1990-1997). Desde entonces estaba legalmente autorizada por el Ministerio de Gobernación de Nicaragua (Migob), como una organización no gubernamental con personería jurídica, al servicio de iniciativas ciudadanas por la democracia, la paz y el desarrollo social.

Entre sus iniciativas, la fundación tenía un programa de medios para incentivar el periodismo de investigación. La fundación abría una convocatoria dirigida a los periodistas de todos los medios de comunicación, para presentar propuestas de reportajes o trabajos de investigación, sobre temáticas de transparencia pública, gestión municipal, derechos humanos, género, medioambiente, sistema de salud y sistema educativo.

Este programa era financiado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), a través de un fondo de apoyo al periodismo, lo que era del total conocimiento del Gobierno, a través del Ministerio de Gobernación, porque la fundación debía tener al día los reportes sobre esa gestión.

Tras la convocatoria, los periodistas presentaban sus propuestas de investigación a través de un formato diseñado para explicar todos los elementos técnicos y económicos para desarrollar el trabajo periodístico.

(Con la colaboración de Leonor Álvarez)

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