Han pasado más de 14 años desde que Daniel Ortega regresó a la Presidencia de Nicaragua, la cual no ha querido soltar. En este periodo, Ortega ha tomado una serie de decisiones que han hecho retroceder al país, en el ámbito económico, social y político. Ha clausurado organismos no gubernamentales, ha cancelado la personería jurídica a partidos políticos, ha cerrado su círculo cercano de funcionarios, ha dividido a sus opositores, entre otras. Pero al periodismo independiente no lo ha podido doblegar.
Su discurso en contra de la prensa que lo incomoda y sus acciones para silenciarla se remontan a mucho antes de 2018, cuando su gobierno se desnudó internacionalmente y demostró niveles de represión de cualquier dictadura. Desde que tomó posesión de la Presidencia del país, en enero de 2007, sus discursos contra el periodismo independiente comenzaron a ser más virulentos. Pero fue el sábado 1 de septiembre de 2007 cuando Ortega, en el acto del 28 aniversario del Ejército de Nicaragua, llamó a los periodistas “hijos de Goebbels” en lo que fue, hasta ese momento, su discurso más agresivo contra los medios.
Joseph Goebbels era ministro de Propaganda de Adolfo Hitler y del partido nazi. Elaboró una serie de “principios” propagandísticos para monopolizar el aparato mediático y censurar a los medios de comunicación que no estaban bajo el control de los nazis. Uno de los principios más conocidos es ese que dice: “Si una mentira se repite suficientemente, acaba por convertirse en verdad”.
Pues bien, ese sábado de septiembre de 2007, Ortega se lanzó en contra de los periodistas que no estaban bajo su poder y que no respondían a sus intereses y respaldó el documento que Rosario Murillo, encargada de la comunicación de su gobierno y primera dama (ahora también vicepresidenta), envió a sus ministros sobre las políticas a seguir. El documento, filtrado a la prensa poco después de ser enviado por Murillo, planteaba que toda información oficial sería difundida a través de sus medios para evitar que el mensaje saliera “contaminado”.
En ese momento, los Ortega Murillo no tenían tanto poder mediático como el que tienen ahora, cuando controlan casi la totalidad de los canales de televisión abierta y una gran cantidad de radioemisoras, así como diversos sitios web.
Desde entonces, siguiendo al pie de la letra las indicaciones, el cerco a los medios se hizo cada año más grande: secretismo, falta de transparencia, nulo acceso a las instituciones estatales y ataques a la prensa. Incluso, el mismo Ortega no ha brindado una entrevista a un medio de comunicación nacional en años y, si no hubiera sido por la presión mediática internacional en 2018, tampoco lo hubiera hecho con la prensa extranjera, a la que intentó engañar para que la comunidad internacional creyera el discurso oficial de un “golpe de Estado”.
Entre 2018 y 2019 brindó más de cinco entrevistas a medios internacionales.
La escalada represiva
Previo a 2018, periodistas y medios enfrentaron procesos judiciales, exilio, ahogamiento económico, ataques verbales, difamación, entre otros. Y, mientras los medios independientes buscaban apenas sobrevivir, el aparato de propaganda gubernamental se fue ensanchando: más medios, más comunicadores alineados a su política, más dinero para equipos y preparación y más acceso a sus funcionarios.
Mientras los años pasaban, la censura iba creciendo. Después de 2018 cerraron diversos medios de comunicación por el ahogamiento económico y la retención de la materia prima para impresión provocada por el régimen, como fue el caso de El Nuevo Diario —uno de los dos periódicos de circulación nacional del país—, Metro y Q’hubo. Además, encarcelaron durante seis meses a Miguel Mora y Lucía Pineda Ubau, propietario y jefa de prensa del canal 100% Noticias, respectivamente, y después confiscaron ilegalmente el medio. De igual forma, han confiscado en dos ocasiones a los medios dirigidos por el periodista Carlos Fernando Chamorro: Confidencial y Esta Semana. Mientras tanto, la investigación por el asesinato del periodista de Bluefields, Ángel Gahona, cuando daba cobertura a una protesta en abril de 2018, sigue impune.
El más reciente ataque frontal contra la prensa es la implicación de casi una veintena —hasta ahora— de periodistas y propietarios de medios de comunicación con una investigación por supuesto lavado de dinero por parte la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH) que el Ministerio Público realiza.
La investigación ha llevado a los periodistas a comparecer ante la Fiscalía en calidad de “testigos” por el caso abierto contra Cristiana Chamorro, exdirectora de la FVBCH y actual precandidata presidencial, y dos extrabajadores de la organización, Walter Gómez y Marco Antonio Fletes.
Los periodistas han sido interrogados sobre los vínculos que han tenido con Chamorro y la fundación, en un caso señalado, por diversos organismos nacionales e internacionales, como doblemente represivo: político, para tratar de quitar a Cristiana Chamorro del camino electoral, y de censura, porque trata de callar a los medios y periodistas independientes en un año de elecciones presidenciales y legislativas.