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Abogados denuncian que exfuncionarios de la FVBCH siguen desaparecidos

A través de una conferencia de prensa, Cristiana Chamorro, familiares de Walter Gómez y sus abogados denunciaron las violaciones a los derechos que ambos extrabajadores están sufriendo por parte de la dictadura

Después de tres días de la detención de Walter Gómez y Marcos Fletes, exadministrador y excontador general, respectivamente, de la extinta Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH), sus abogadas Orieta Benavidez y Eilyn Cruz, denunciaron que ambos exfuncionarios continúan «desaparecidos» debido a que desconocen el paradero de ellos y las autoridades se niegan a brindarles información.

«Hemos señalado que se han violentado derechos y garantías constitucionales, y ya se señaló que este es un proceso que escapa de la legalidad y por lo tanto la condición de ellos hasta el momento es de ‘desaparecidos’, porque no tenemos constancia de su condición, status, estado de salud, de toda su condición física tenemos desconocimiento total», dijo la abogada Benavidez.

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En una conferencia de prensa, la precandidata presidencial independiente y exdirectora de la FCBCH, Cristiana Chamorro Barrios, en compañía de los familiares de Walter Gómez, denunciaron las innumerables violaciones a sus derechos que están sufriendo por parte de la dictadura orteguista.

«Hemos venido a denunciar el rosario de violaciones de derechos humanos y atropellos que están sufriendo Walter y Marcos, ellos fueron apresados al caer la noche del viernes y fueron secuestrados sin ninguna orden de detención judicial. Walter y Marcos son inocentes, ellos han sido funcionarios intachables de la Fundación, es imposible que aquí se les acusen de lavado de dinero, los que lavan son los que están acusados por organismos internacionales y que tienen cargo y están sancionados», dijo la precandidata presidencial.

Enseguida enumeró que a ambos excolaboradores se les han violado el derecho a la defensa, a su presunción de inocencia, a su derecho hacer informado de los cargos en su contra, a su derecho de comunicarse con un familiar o con su abogado defensor de su elección dentro de las primeras tres horas, su derecho a la dignidad y a ser presentados por sus defensores en audiencia.

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Añadió que «hasta ahora no existe información clara ni veraz de los hechos que constituyen el delito de lavado de dinero del que se le acusa a la Fundación Violeta Barrios cuyos reportes están todos en el Ministerio de Gobernación». Chamorro Barrios una vez aclaró que ni ella ni ningún exfuncionario de la Fundación es «culpable» de ningún delito debido a que «nosotros hemos sido transparentes, hemos presentado nuestras auditorías ellos la tienen».

Por su parte, la abogada Benavides comentó que el siguiente paso en el caso de Walter y Marcos, el equipo jurídico está «analizando» todas las estrategias posibles aplicables a la defensa de sus derechos los cuales se estarán haciendo efectiva en las próximas horas ante los Tribunales de Justicia.

Familiares no han visto a los detenidos 

La esposa de Walter dijo que se presentó el sábado a la Dirección de Auxilio Judicial a dejarle comida, debido a que la noche de la detención de él le dijeron que lo fueran buscar allí. «Si eso le dijeron aquí debe estar. Le he llevado los tres tiempos en estos tres días y si los han recibido pues espero que estén ahí. Pero no los hemos visto, mañana hay visita y el jueves, estoy confiando en mi Dios de que mañana lo pueda ver, yo necesito ver si no me lo golpearon y que me le están haciendo

Este domingo los familiares de ambos se presentaron por la mañana a la Dirección de Auxilio Judicial (conocido como el nuevo Chipote) para indagar sobre sus familiares, sin embargo, se encontraron con los portones del nuevo Chipote cerrados.

90 días en prisión 

El régimen orteguista confirmó el sábado, 29 de mayo que tiene en su poder a los dos extrabajadores de la FVBCH a quienes la jueza Décimo de Distrito Penal de Audiencias de Managua, Gloria Saavedra, les dictó prisión preventiva de 90 días. Convirtiéndolos en los primeros perseguidos políticos por el régimen orteguista en recibir el periodo máximo de detención de 90 días, tras una reforma al Código Procesal Penal en febrero de este año, que contemplaba antes un lapso máximo de 48 horas.

«Los procesados Gómez Silva y Fletes Casco fueron conducidos la mañana del 29 de mayo a los Juzgados de Managua, donde fueron puestos a la orden del Juzgado Décimo Penal de Audiencias, para la realización de la audiencia especial de tutela de garantías constitucionales», informó el Poder Judicial, mediante un comunicado, después de más de 24 horas de detención arbitraria de ambos extrabajadores de la fundación.

De acuerdo, al comunicado de la Corte Suprema de Justicia, «durante la audiencia, el fiscal del Ministerio Público, licenciado Jean Dylan Rivas Falcón, indicó a la judicial que por la gravedad de los delitos denunciados, por ser el delito de Lavado de Dinero, Bienes y Activos un delito de crimen organizado, existe la probabilidad de que los imputados puedan evadir la justicia y obstaculizar la investigación, por lo cual solicitaba la ampliación a 90 días del plazo de investigación y detención judicial, de conformidad con el artículo 253 bis de la Ley 1060, Reforma y Adición al Código Procesal Penal». La judicial admitió la solicitud de la Fiscalía, ampliando el plazo para la investigación y detención de los imputados, hasta el 26 de agosto de 2021.

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