El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo dio marcha atrás y decidió no ejecutar la orden de la juez orteguista Karen Chavarría Morales, titular del Juzgado Noveno de Distrito Penal de Audiencia de Managua, quien instruyó a la Policía de la dictadura capturar a la opositora y aspirante presidencial independiente, Cristiana Chamorro Barrios, y la mantiene bajo la medida cautelar de arresto domiciliar.
La judicial orteguista ordenó este miércoles 2 de junio allanar la vivienda de Chamorro Barrios, mientras el poder judicial emitió un comunicado en el que asegura que el Juzgado Quinto de Distrito de lo Penal de Audiencias da lugar a las medidas precautelares, solicitadas por la Fiscalía y además la inhabilita para ejercer cargos públicos.
“Se inhabilita a la ciudadana Cristiana María Chamorro Barrios para ejercer cargos institucionales y públicos, por no estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos, por encontrarse en un Proceso Penal Investigativo”, dice el comunicado.
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“Cristiana se encuentra con casa por cárcel, se llevaron lo que pudieron, no las golpearon, no sabemos por qué tardaron más de cinco horas, registraron todo, ganas de molestar, pero ella, su hija y el personal están bien, no hubo golpes”, dijo a LA PRENSA una fuente cercana a la familia que solicitó el anonimato.
El director del medio de comunicación Confidencial y hermano de Cristiana, Carlos Fernando Chamorro, a través de la red social Twitter confirmó el arresto domiciliar. “Después de más de cinco horas de allanamiento policial en la vivienda de mi hermana Cristiana Chamorro, precandidata presidencial, a las 5:15 p.m. los policías antimotines la dejan bajo ‘arresto domiciliar’, bajo aislamiento. Su casa sigue ocupada por la Policía”, informó.
También, una integrante del equipo de prensa de Chamorro, Arelia Barba, aseguró que “una fuente dijo que sí le dieron arresto domiciliar y que Cristiana estaba acompañada con su hija. A ellas les quitaron los celulares, les quitaron el internet de su casa, se les llevaron las computadoras y las dejaron incomunicadas”.
Agresiones policiales
La orden de detención fue solicitada por el Ministerio Público del régimen en el escrito de acusación presentado este 1 de junio en los juzgados capitalinos, donde además, según comunicado de la Fiscalía, se solicitó “la tramitación compleja de la causa y la medida cautelar de prisión preventiva para la acusada”. Además, la Policía allanó durante al menos cinco horas la vivienda de Chamorro. Los oficiales entraron violentamente a la casa de la opositora a eso del mediodía y se dispusieron a agredir a familiares de la precandidata presidencial que estaban afuera de la casa, también a familiares de presos políticos, a miembros de la Organización Víctimas de Abril, y periodistas de medios de comunicación que dieron cobertura al hecho.
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Incluso, los uniformados lanzaron piedras contra reporteros y simpatizantes de Cristiana Chamorro.
“Son unos cobardes, eso es lo que son, pero pronto va a haber justicia porque este país es de los nicaragüenses”, gritó Rodrigo Navarrete, tío del preso político Jaime Navarrete. Rodrigo fue golpeado a patadas y empujones por los oficiales del régimen.
También, un antimotín intentó arrebatarle la cámara al reportero gráfico de LA PRENSA, Jader Flores, quien tuvo que correr para no ser alcanzado por los uniformados.
Custodiada por policías del régimen
Dentro de la vivienda además quedaron agentes de la Policía con armas largas y afuera quedó rodeado de policías y parapolicías, hasta el momento que el equipo de LA PRENSA brindó cobertura.
Familiares de Chamorro llegaron afuera de la vivienda, pero los policías no les dejaron entrar. La cuñada de Chamorro, Verónica Lacayo, afuera de la vivienda, aseguró que la opositora estaba adentro de la casa con su hija.
LA PRENSA llamó al equipo de abogados de la opositora para conocer detalles de la defensa a favor de Chamorro, pero no contestaron las llamadas, mientras la Fiscalía del régimen también solicitó medidas precautelares de retención migratoria, prohibición de concurrir a determinadas reuniones y lugares, y prohibición de comunicarse con personas vinculadas a los hechos investigados, para la periodista María Lilly Delgado Talavera y los extrabajadores de la Fundación, María Lourdes Arróliga Vanegas y Guillermo José Medrano. “Estas mismas medidas se solicitaron en contra de la señora Cristiana María Chamorro Barrios, más la inhabilitación para cargos públicos”, informó la Fiscalía.
Para el mediodía de ayer, la precandidata presidencial tenía programada una conferencia de prensa donde hablaría de la acusación en su contra, pero por el allanamiento de la Policía Orteguista tuvo que cancelarla. El régimen Ortega Murillo ordenó congelar las cuentas bancarias de Chamorro, Arróliga y Medrano. Estos dos últimos, junto a Delgado, fueron entrevistados en dos ocasiones por la Fiscalía.
No está inhibida, según la ley
La abogada penalista María Oviedo, de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), explicó que las medidas precautelares en contra de un imputado están establecidas en el artículo 167 del Código Procesal Penal (CPP). Con relación al delito de lavado de dinero, también están detalladas en el artículo 35 de la Ley 735, Ley de Prevención, Investigación y Persecución del Crimen Organizado y de la Administración de los Bienes Incautados, Decomisados y Abandonados, pero ninguna de estas permite que la persona sea inhibida de participar en elecciones de cargos públicos.
“No se puede hablar en este momento que hay medidas cautelares contra Cristiana porque estas se imponen únicamente en un proceso judicial y este no ha iniciado, hasta este momento ella mantiene intactos sus derechos civiles y políticos”, explicó Oviedo.