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EE. UU. prepara sanciones para el régimen de Ortega por detención a Cristiana Chamorro

El Departamento de Estado dijo este viernes que la "detención por cargos falsos es un abuso de sus derechos y representa un asalto a los valores democráticos, así como un claro intento de frustrar unas elecciones libres y justas"

Estados Unidos (EE. UU.) prepara sanciones contra Nicaragua como represalia por el arresto de la opositora al régimen de Daniel Ortega, Cristiana Chamorro Barrios, quien permanece bajo prisión domiciliaria, resguardada por oficiales de la Policía orteguista.

El gobierno del presidente Joe Biden “definitivamente” planea usar una ley aprobada por el Congreso en el 2018 —conocida como Nica Act— que permite imponer sanciones a funcionarios o exfuncionarios nicaragüenses, dijo Juan González, director de Asuntos Hemisféricos del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, al medio de comunicación la Voz de América.

Horas antes de este viernes, EE. UU. le pidió al gobierno de Daniel Ortega que libere de inmediato a la líder opositora Cristiana Chamorro, quien se encuentra bajo arresto domiciliar, y a los dos extrabajadores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, Walter Gómez y Marcos Fletes, quienes están en prisión.

En un comunicado publicado por el Departamento de Estado, la administración de Joe Biden afirma que la “detención por cargos falsos es un abuso de sus derechos y representa un asalto a los valores democráticos, así como un claro intento de frustrar unas elecciones libres y justas”.

Chamorro Barrios, precandidata presidencial independiente, quien lideraba los sondeos de preferencia de cara a las elecciones generales previstas para el 7 de noviembre, tiene arresto domiciliar y está incomunicada por decisión del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que ha utilizado instituciones estatales y del poder judicial para manipular leyes y normas, con el fin de perjudicarla e inhibirla políticamente, según abogados expertos en derecho penal.

EE. UU. seguirá apoyando a ONG y periodistas

El gobierno del presidente de EE. UU., Joe Biden, continuará financiando a las organizaciones no gubernamentales (ONG) y a periodistas de investigación como parte central de su política exterior para denunciar y combatir la corrupción internacional, destacó la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), a través de Twitter, la publicación este viernes del diario Vanguardia de México.

En teleconferencia de prensa, dos funcionarios del Consejo Nacional de Seguridad de la Casa Blanca dieron detalles de la directriz y memorando del gobierno de Biden en la lucha contra la corrupción a nivel global.

“La lucha contra la corrupción es una parte central de la política exterior del presidente Biden… debemos alentar la exposición de la corrupción, por eso seguirá financiando a las ONG y a periodistas de investigación para que lo hagan”, explicó uno de los funcionarios de la Casa Blanca.

Incomunicada

Este miércoles 2 de junio, la juez orteguista Karen Chavarría Morales, titular del Juzgado Noveno de Distrito Penal de Audiencia de Managua, giró orden de captura para la opositora y aspirante presidencial, lo que implicó el allanamiento de su domicilio durante cinco horas y al final se convirtió en arresto domiciliar. Hasta el momento Chamorro se encuentra incomunicada y no le han permitido comunicarse con su abogada Orieta Benavides.

El pasado 20 de mayo, el Ministerio de Gobernación (Migob) citó a Chamorro a una entrevista para darle a conocer que «descubrieron» unas supuestas irregularidades en los reportes financieros de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH), de la cual fue directora. Ella se presentó, y los funcionarios quisieron evitar a toda costa que no tuviera el acompañamiento de un abogado. Lo mismo ocurrió cuando Cristiana se presentó un día después al MP del régimen, pues los fiscales querían obligarla a ser interrogada sin la asistencia legal y violar sus derechos civiles.

Además, el poder judicial oficializó la inhabilitación de Chamorro para ejercer cargos públicos, pero lo hizo ilegalmente a través de la juez orteguista Nalía Úbeda, titular del Juzgado Quinto de Distrito de lo Penal de Audiencias, quien dio ha lugar a las medidas precautelares solicitadas por el Ministerio Público y además la inhabilitó arbitrariamente para ejercer cargos públicos, y no con el Juzgado Noveno de Distrito Penal de Audiencia, que es la instancia a cargo de la acusación.

Mientras, Walter Gómez y Marcos Fletes, extrabajadores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH), que este viernes cumplen una semana de detenidos en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), siguen siendo víctimas de las arbitrariedades e ilegalidades del régimen, ya que no les han permitido ver a sus familiares. La Policía orteguista les informó que solo podrán verlos con una orden judicial.

Ellos fueron capturados en diferentes lugares de forma violenta por policías vestidos de civil y llevados a la DAJ, conocida como el nuevo Chipote, y aunque aún no sido acusados formalmente en los juzgados de Managua, la jueza Gloria Saavedra, titular del Juzgado Décimo Distrito Penal de Audiencia, es la encargada de permitir o no dichas visitas.

La oposición  al régimen en Nicaragua ha solicitado al Gobierno de EE. UU. que aplique nuevas sanciones a los dictadores, su familia y operadores políticos. Además ha instado a los países en la Organización de Estados Americanos a desconocer a Ortega como mandatario y las elecciones generales del próximo 7 de noviembre.

Política Cristiana Chamorro archivo

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