La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo continúa violando los derechos civiles y humanos de la precandidata presidencial independiente, Cristiana Chamorro Barrios. Este domingo se cumplen cuatro días desde que permanece secuestrada en su casa de habitación sin poder ser asistida por un abogado, denunció su defensora legal Orieta Benavides.
El capítulo II, de los delitos contra los derechos y garantías constitucionales del Código Procesal Penal, el artículo 430, relacionado con el “Obstáculo a la asistencia del abogado o los derechos de imputado, acusado o sentenciado” indica que “la autoridad, funcionario o empleado público que impida u obstaculice el derecho a la asistencia de abogado al imputado, acusado, sentenciado, procure o favorezca la renuncia del mismo a dicha asistencia o no le informe de forma inmediata o comprensible, sus derechos y las razones de su detención, será sancionado con pena de cien a trescientos días multa e inhabilitación especial a uno o tres años para ejercer profesión, empleo o cargo público”.
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“Aún no me han permitido ver a Cristiana”, afirmó Benavides, quien consideró que “el arresto domiciliar, a como se establece en la legislación, no es lo que en la práctica está ocurriendo con Cristiana, no debería de estar incomunicada, no debería de ser privada de comunicarse con sus familiares y defensa, no debería de tener totalmente (cortadas) todas las vías de comunicación y acceso, es una situación que escapa de lo legal y que lo convierte prácticamente en un secuestro”.
También a Walter Gómez Silva y Marcos Fletes Casco, extrabajadores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH), que este domingo cumplen 10 días de estar ilegalmente detenidos en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocidas como el nuevo Chipote, no les han permitido ser asistidos por sus abogados ni ver a sus familiares, quienes han denunciado que oficiales de la Policía orteguista les informaron que solo podrán verlos con una orden judicial.
Violación de derechos constitucionales
“Los países (incluyendo Nicaragua) se han comprometido a proteger esos derechos humanos, constitucionales e internacionales, entonces el derecho a la defensa es uno de los máximos derechos humanos que se protege a nivel internacional en primer orden porque estás hablando de la libertad de la persona. Y todo lo que se obtenga o todo lo que suceda a raíz de una detención ilegal está tachado de ilegalidad, entonces en el proceso judicial toda esa prueba obtenida puede ser tachada de ilegal”, explicó la abogada penalista María Oviedo.
El régimen Ortega Murillo mantiene incomunicada a Chamorro Barrios y bajo resguardo policial. Desobedeció la orden judicial de la jueza Karen Chavarría, titular del Juzgado Noveno Distrito Penal de Audiencia de Managua y decidió dejar a la precandidata presidencial con casa por cárcel, no obstante ha permitido que los hijos puedan visitarla.
“Estas autorizaciones (para ver a Cristiana) son un tanto discrecionales, no hay oficio judicial. Este caso no se ajusta a ninguna regla (legal)”, aseguró Benavides, quien denunció que no ha podido tener acceso al expediente judicial en los Juzgados de Managua y que las autoridad judicial se ha negado a realizar una audiencia para formalizar las medidas cautelares contra su cliente.
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Chamorro fue acusada por el Ministerio Público del régimen por los delitos de: gestión abusiva y falsedad ideológica en concurso real con el delito de lavado de dinero, bienes y activos, luego que el Ministerio de Gobernación señalara supuestas irregularidades en los informes financieros de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro en el periodo 2015 al 2019.
Los magistrados del Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM) rechazaron un recurso de amparo promovido por la defensa de Chamorro y una vez más se suman a las ilegalidades cometidas por el régimen Ortega Murillo contra detenidos políticos.