El régimen de Daniel Ortega está en la mira de las mayores organizaciones empresariales de Centroamérica. Desde Costa Rica, pasando por Honduras y El Salvador, así como en Nicaragua, el sector privado reclama al régimen liberar de inmediato a los cuatro aspirantes presidenciales que permanecen encarcelados, así como a José Adán Aguerri, quien también es presidente del Comité Consultivo de la Integración Económica (CCIE).
El CCIE es la organización empresarial más grande de Centroamérica. Está integrada por 20 federaciones, más de 95 cámaras y alrededor de 50 mil empresarios, que trabajan muy estrechamente con los gobiernos del istmo, así como con organismos como el Sistema de Integración Económica Centroamericana (Sieca). De hecho, el CCIE demandó “la urgente intervención de la Secretaría General del SICA, Vinicio Cerezo” para liberar a Aguerri, así como al resto de prisioneros políticos.
En sendos comunicados el sector empresarial e industrial de Centroamérica condena la persecución política y detención arbitraria de líderes empresariales, periodistas independientes y opositores al Gobierno de Nicaragua, de cara a las elecciones presidenciales previstas a realizarse el 7 de noviembre próximo, y advierten que dichas acciones representan obstáculos para superar la crisis sociopolítica que afronta el país desde abril de 2018.
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El CCIE demandó al Gobierno el “obligatorio cumplimiento” de los principios y normas contenidas en las Cartas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de la Organización de Estados Americanos (OEA), así como las declaraciones emitidas en las reuniones presidenciales centroamericanas desde mayo de 1986.
El comité asegura que la detención de Aguerri “atenta contra la institucionalidad, respeto a los Derechos Humanos fundamentales, libertad, seguridad jurídica y democracia de Centroamérica”.
Además, la entidad pide que se respeten los derechos humanos que constituyen la base fundamental del Sistema de Integración Centroamericana (SICA). Según el CCIE, se requiere la “urgente intervención de la Secretaría General del SICA como entidad facultada para velar por el cumplimiento de los objetivos regionales y evitar cualquier situación que pueda afectar los principios del Sistema de Integración Centroamericana o amenazar el ordenamiento institucional”.
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Fecaica advierte de consecuencias para la región
Por su parte, la Federación de Cámaras y Asociaciones Industriales de Centroamérica y República Dominicana (Fecaica) manifestó que los procesos de inhabilitación política y detención de los precandidatos presidenciales representan un claro bloqueo a unas elecciones libres y justas en el país.
“Rechazamos la forma en la cual el Gobierno utiliza el sistema de justicia para reprimir y desmontar el régimen democrático que establece la Constitución y la Carta Democrática Interamericana de la OEA”, señaló.
La organización empresarial demandó al gobierno de Ortega la pronta puesta en libertad de Aguerri, puesto que este hecho “atenta contra la institucionalidad, respeto a los derechos humanos fundamentales, libertad, seguridad jurídica y democracia de Centroamérica”.
El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, con el fin de continuar en el poder, ha emprendido una cacería de personalidades opositoras a su Administración. El pasado miércoles 2 de junio se ordenó la captura de la aspirante presidencial Cristiana Chamorro, días antes, el viernes 28 de mayo, arrestaron sin orden judicial a los extrabajadores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, Walter Gómez y Marcos Fletes. También, el sábado 5 de junio se efectuó la detención del precandidato presidencial Arturo Cruz.
El pasado martes 8 de mayo la Policía Nacional llevó a cabo la detención de los precandidatos Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro, también capturaron al expresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri y horas más tarde a la opositora y miembro de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), Violeta Granera.
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Pero esto no fue suficiente para el régimen, al día siguiente se informó de la aprehensión del analista político e integrante de la Coalición Nacional (CN), José Pallais. Además, se ordenó la vigilancia policial contra Mario Arana, miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD).
Fecaica, que representa al sector industrial regional, pide la liberación de todos los presos políticos y exige al Gobierno que se comprometa a asegurar la realización de un proceso electoral libre, transparente y observado. Además, asegura que los recientes sucesos atentan contra el pleno desarrollo de Nicaragua.
La entidad advierte que poner en riesgo “la certeza jurídica del país traerá graves consecuencias, afectando directamente el empleo y la inversión, elementos indispensables para la recuperación económica del país y el intercambio comercial de la región”.
“Expresamos nuestro total respaldo al sector privado y a toda la población nicaragüense. Continuaremos vigilantes de las acciones que ocurran en el país ya que el futuro de Nicaragua está siendo amenazado y la región puede sufrir consecuencias”, enfatizó la organización.
CICR rechaza acciones del régimen de Ortega
La Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR) también se pronunció y rechazó las “recientes acciones del régimen de Daniel Ortega contra la libertad de expresión, la democracia y los derechos humanos del pueblo nicaragüense”. Asimismo, hizo un llamado para que se libere inmediatamente a todos los presos políticos y se “garantice un proceso electoral libre, justo y transparente”.
Enrique Egloff, presidente de la CICR, considera que dichas acciones realizadas por el Gobierno, a través del Ministerio Público, la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional, tienen el propósito de coartar los derechos de precandidatos, periodistas independientes, líderes empresariales y la ciudadanía en general y “representan una amenaza a la democracia, la seguridad jurídica, la inversión, el desarrollo productivo y la generación de empleo”, aseguró a través de un comunicado emitido el 9 de junio.
“La Cámara de Industrias de Costa Rica rechaza estas acciones y hace un llamado al régimen de este país hermano para que libere a los presos políticos y garantice un proceso electoral abierto, libre y transparente, con la debida observación internacional que le brinde la credibilidad no solo de su pueblo sino de la comunidad internacional”, añadió al respecto.
ANEP preocupado por persecución a opositores
Por su parte, la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) de El Salvador se une al llamado de las demás entidades que exigen la liberación inmediata de los líderes empresariales nicaragüenses que fueron detenidos arbitrariamente, “bajo procesos ilegales y leyes inconstitucionales producto de represión y persecución política”.
Asimismo, comparten que Aguerri no es responsable de los delitos que se le acusan actualmente, “exigimos el absoluto respeto a su vida y dignidad”.
El Cohep (Consejo Hondureño de la Empresa Privada), al igual que las otras entidades, advierten que las recientes acciones ejecutadas por orden del régimen de Ortega están agravando la actual crisis sociopolítica e instan a su gobierno que libere inmediatamente a Aguerri, a los demás presos políticos y que asegure unas elecciones presidenciales justas y transparentes este próximo 7 de noviembre.
“Patentizamos nuestra solidaridad al Cosep, al pueblo de Nicaragua y los detenidos de forma injusta, esperando que se les restituyan inmediatamente sus derechos civiles y políticos”, agregó.
La asociación condenó los “graves retrocesos democráticos que se están vislumbrando”, mismos que ponen en peligro la estabilidad política y social del país y aumentan la desconfianza por parte de los inversionistas.
“Nos preocupa el uso del aparataje estatal y judicial para desmontar el proceso electoral y perseguir opositores, el ataque sistemático contra la libertad de prensa, las violaciones a derechos fundamentales y la violación al Estado de derecho, que vulnera los derechos de los pueblos trayendo zozobra, miseria y dolor”, dijo.
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Finalmente, solicitaron que se respete la vida, integridad física y los derechos constitucionales de los líderes gremiales y actores políticos opositores al Gobierno de turno, mismos que participan en la contienda electoral. Además, mencionaron que todos los nicaragüenses tienen el derecho de contar con opciones auténticas y legítimas en los próximos comicios de noviembre.
Cohep expresa su solidaridad ante el pueblo nicaragüense
También el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) expresó su preocupación por la detención de los candidatos presidenciales que participarán en las próximas elecciones presidenciales, lo cual, según la entidad, pone en peligro la legalidad y legitimidad de dichos comicios. La organización hondureña condenó enérgicamente la detención de Aguerri.
Uccaep pide que la democracia prevalezca en Nicaragua
Por su parte, la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) se unió a las voces que exigen la liberación de José Adán Aguerri y de los demás presos políticos, que han expresado sus opiniones contrarias a las del actual Gobierno.
“Para la Uccaep, el privar la libertad del empresario es un indicador de que los procesos de diálogo y participación ciudadana están cerrados, por lo que se insta a las autoridades de ese país y la sociedad a que se abran las vías democráticas. Para lograrlo, en criterio de la Unión de Cámaras, se debe dar un proceso de diálogo respetuoso y transparente”, afirmó.
La cúpula empresarial reitera su convicción de que el diálogo es la mejor fórmula para resolver las diferentes situaciones que enfrentan los países de la región centroamericana. La entidad espera que “las diferencias en el hermano país se resuelvan cuanto antes y que las vías democráticas, en respeto absoluto a los derechos humanos, sean las que dicten los procesos que seguirá Nicaragua para el bien de su población”, concluyeron.
Cosep: “Esta represión tiene que cesar”
En Nicaragua, el Cosep manifestó que las recientes detenciones e investigaciones penales en contra de Aguerri y el resto de detenidos, al igual que la cancelación de la personalidad jurídica del Partido Restauración Democrática (PRD) y del Partido Conservador (PC), “cuestionan la viabilidad democrática de la realización de un proceso electoral libre, justo, competitivo y transparente”.
El Cosep considera que las acciones efectuadas por el gobierno de Ortega están sumiendo a Nicaragua en una crisis política más profunda, cuyas consecuencias afectarán la paz y estabilidad social y económica de todos los nicaragüenses.
“La aplicación inconstitucional de leyes y procedimientos ilegales violando derechos y libertades ciudadanas, son los nuevos mecanismos para erradicar cualquier alternancia a futuros gobernantes”, dijo Michael Healy, presidente del Cosep.
También, el Cosep demandó “una vez más el cese a la represión, asedio, allanamientos ilegales, detenciones arbitrarias y que se permita la celebración de elecciones libres y transparentes como lo establece la Carta Democrática Interamericana a la cual estamos obligados”.
El Cosep reafirma su respaldo a toda la ciudadanía y enfatiza que en el país es necesario que se pueda escoger libremente a los respectivos líderes, “como ciudadanos tenemos la prerrogativa de exigir, demandar y auditar para que los comicios electorales se celebren con la debida transparencia”, dijeron al respecto.
El organismo, conformado por 26 cámaras empresariales, asegura que “estamos en el derecho de denunciar los abusos y arbitrariedades contra los nicaragüenses que pensamos diferente al Gobierno, esta represión tiene que cesar porque se deben garantizar nuestros derechos constitucionales”.
Siguiendo esta línea, afirman que el respeto a estos derechos inicia por la liberación de todos los presos políticos y el restablecimiento de las garantías ciudadanas. Además, la entidad reiteró su respaldo a los opositores detenidos y a los medios de comunicación independientes.
“El Cosep apoya las demandas de las Madres de Abril y de los presos políticos, así como el retorno seguro de más de 100 mil exiliados; asumiendo su compromiso para la restauración de la paz e institucionalidad democrática del país”, concluyeron.
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