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Foto referencial. Sesión de la OEA. LA PRENSA/Archivo

Nicaragua otra vez a un paso de la suspensión en la OEA. Estas serían las posibles consecuencias económicas para Ortega

La OEA ha suspendido solamente a dos naciones. Cuba fue suspendida en 1962 y Honduras en 2009 tras un golpe de estado militar contra el presidente Manuel Zelaya en 2009. Estas han sido las consecuencias económicas y las que los analistas ven para Nicaragua

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En medio de una creciente presión en el continente y en el mundo para que el régimen de Daniel Ortega libere al grupo de opositores, incluido a cuatro aspirantes presidenciales, a los que ya les decretó prisión por más de 90 días para investigarlos, la Organización de Estados Americanos (OEA) planea reunirse con carácter de urgencia para analizar la aplicación del artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana, que de concretarse, implicaría la suspensión inmediata de Nicaragua, que traería consecuencias económicas, principalmente en materia de acceso a las multilaterales.

Eso sí la mayoría de los analistas consultados por LA PRENSA si bien coinciden en que es remota la posibilidad de que en el seno de la OEA  hayan los votos requeridos para suspender a Nicaragua, en lo que no se ponen de acuerdo es en cuanto al alcance que tendría  dicha  suspensión en el acceso del Gobierno a la ventanilla del  Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), de donde proviene gran parte de los más de 900 millones de dólares, que el régimen ha conseguido desde finales del 2020 tras los huracanes Iota y Eta, así como fondos para reactivar la economía afectada por la pandemia y tres años seguidos de recesión.

El excanciller Francisco Aguirre Sacasa explica que de darse “la remota posibilidad” que Nicaragua sea suspendida de la OEA, el país perdería  también a uno de sus principales donantes y prestamista como es el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que si bien actualmente el Gobierno tiene dificultades para acceder por completo a mayores recursos, este no ha dejado de entregar fondos para hacerle frente, por ejemplo, a la pandemia y los huracanes.

“En todos los intentos desde el 2018 hasta el presente, que ha habido para reunirse con los cancilleres para abordar el tema de Nicaragua nunca se ha logrado las dos terceras parte de los votos requeridos para suspender a Nicaragua del sistema interamericano, o sea que Luis Almagro puede decir misa, pero nunca se han logrado los votos requeridos. Pero quiero afirmar categóricamente que de aplicarse el artículo 21, afecta solo aquellas instituciones que son parte del sistema interamericano y la única de todo los principales donantes de Nicaragua que están en el sistema interamericano es el Banco Interamericano de Desarrollo, no es Banco Mundial, no el Fondo Monetario, ni tampoco el BCIE”, dijo Aguirre.

Además el BID ha anunciado multimillonarios fondos para ayudar a los países afectados por los huracanes, a los cuales el gobierno de Ortega puede acceder.

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Para Aguirre,  una eventual suspensión no puede afectar los préstamos ya otorgados porque la mayoría ya fueron desembolsados, “porque estas operaciones ya fueron aprobadas hace tiempo y en gran medida ya han sido desembolsadas”.

El exembajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos (OEA),  Mauricio Díaz, discrepa de lo planteado por el excanciller y  señala que si se aplica el artículo 21, el Estado pierde todos sus derechos, incluida su caja chica, como es el BCIE.

“La carta democrática dice con toda claridad que el Estado suspendido pierde todos sus derechos no así sus obligaciones, particularmente aquellas en materia de respeto a los derechos humanos, aunque aquí en Nicaragua es tardío porque aquí se han irrespetado permanente, claro una afectación de esta naturaleza pone en riesgo por ejemplo la caja chiquita de este gobierno que es el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), que veo que continúa dando recursos independientemente de lo que aquí haya pasado, el BCIE se ha convertido en el tesorero de este régimen dando recursos constantemente y además otorgando recursos que ni siquiera sabemos los nicaragüenses su manejo, si hay transparencia y si cumplen con los requisitos financieros”, dijo Díaz.

En el sitio web del BCIE se explica que este es el brazo financiero del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), pero que mantiene relaciones institucionales en la región, incluida la Organización de Naciones Unidas. En el caso de la OEA, precisa: «El BCIE forma parte del Grupo de Revisión de Implementación de las Cumbres y del Grupo de Trabajo Conjunto de Cumbres (GTCC) de la Organización de los Estados Americanos (OEA). En septiembre 2018 se firmó memorándums de entendimiento entre la Secretaría General de la OEA y las instancias del GTCC para el trabajo coordinado en cumplimiento con el Compromiso de Lima».

Al respecto, una de las cláusulas del Compromiso de Lima indica que los gobiernos trabajarán para «fortalecer las instituciones democráticas para la prevención y combate de la corrupción en el Hemisferio, otorgando a las autoridades competentes las garantías necesarias para el buen desempeño de sus funciones». Son más de 50 compromisos en todas las áreas, incluido el tema democrático.

Hasta ahora el régimen de Daniel Ortega no había tenido dificultades para recibir recursos del  BCIE, en el marco de la Nica Act —la regulación de Estados Unidos— porque este forma parte del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) y EE. UU.  no tiene incidencia directa en la aprobación de préstamos del banco centroamericano.

Otros escenarios

El economista Eduardo Solórzano Cuadra, especialista en Políticas Públicas, manifestó que Nicaragua corre el mismo camino de Cuba y Venezuela, si no se da un cambio pronto. “La aplicación de la Carta Democrática para Nicaragua hay que verla desde diferentes puntos de vista, primero hay que ver si se puede conseguir los más de 21 votos, para que los países estén de acuerdo en apoyar esa decisión, la historia dice que no se ha podido conseguir la cantidad necesaria. Ahora, si se logra eso no le quita que tenga que cumplir sus deberes en materia de derechos humanos, pero si no hay capacidad de influir en Nicaragua, viene una repetición de lo que es el modelo cubano o venezolano, aunque yo creo más bien que es un modelo híbrido porque Nicaragua tiene sus propias características, aquí todavía existe un sector empresarial”, dijo Solórzano.

Para el economista evidentemente este proceso tendría implicancias económicas negativas, “por ejemplo el cierre al acceso a la banca regional,  no solo el BID,  se le cerraría la llave de recursos del BCIE, que ha sido una especie de caja chiquita donde ha recorrido el régimen y una vez suspendido también se cerraría esa posibilidad”, dijo Solórzano, coincidiendo con lo antes expuesto por el exembajador Díaz.

De hecho Díaz remarca que Nicaragua estaría a punto de perder una serie de privilegios y beneficios con la suspensión. “En el caso de la suspensión el Estado de Nicaragua corre riesgo de perder una serie de privilegios y beneficios particularmente con órganos como el BID, que es parte del sistema hemisférico y Nicaragua constantemente busca empréstito con el BID, entonces por donde la veamos el país quedaría muy mal parado, porque es un Estado que incumple sus compromisos jurídicos en materia política de derechos humanos y cada vez es más claro, lo acaban de decir los europeos que eso implica también responsabilidades en materia de respeto, no solo se trata de recibir fondos sino que se debe de cumplir con ciertas condicionalidades y estas tienen que ver con respeto a los derechos”, dijo Díaz.

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¿Afectaciones comerciales?

Para Díaz esta medida podría tener un impacto en las relaciones económicas que tiene Nicaragua con el resto de países miembros de la OEA. “Si la OEA toma la decisión de la suspensión estaría actuando en su conjunto, pero probablemente eso implique que algunos Estados de manera bilateral puedan tomar decisiones unilaterales, por ejemplos las sanciones que aprueba Estados Unidos son unilaterales para con el régimen de Nicaragua, por ejemplo Costa Rica que ha sido el receptor de nuestra crisis, que constantemente está recibiendo oleadas de migrantes nicaragüenses por la situación política interna podría tomar eventualmente decisiones que afecten el intercambio comercial”, sostuvo Díaz.

Por su parte Aguirre Sacasa no cree que pueda haber una mayor afectación entre Nicaragua y los países miembros de la OEA. “De cara a una eventual y para mí muy remota posibilidad de que se suspenda a Nicaragua  en algún momento (…) podría ocurrir la suspensión de nuevos préstamos del BID. Ahora ¿cómo podría afectar esto a Nicaragua y su relación con los demás países? Creo que en nada, porque el principal socio es Estados Unidos y solo nos puede afectar solo si nos llegan a sacar del DR-Cafta y aunque hay algunos quieren eso, ni la Ley Renacer involucra esa posibilidad, el segundo socio más importante, es Centroamérica y cree usted que nuestra relación con Centroamérica puede verse afectada, realmente no creo que se vea afectada, está difícil que cambie eso”, dijo Aguirre.

Sobre la Carta Democrática

El Artículo 21 de la Carta Democrática dice específicamente que “cuando la Asamblea General, convocada a un período extraordinario de sesiones, constate que se ha producido la ruptura del orden democrático en un Estado Miembro y que las gestiones diplomáticas han sido infructuosas, conforme a la Carta de la OEA tomará la decisión de suspender a dicho Estado Miembro del ejercicio de su derecho de participación en la OEA con el voto afirmativo de los dos tercios de los Estados Miembros. La suspensión entrará en vigor de inmediato”.

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Asimismo indica que “el Estado Miembro que hubiera sido objeto de suspensión deberá continuar observando el cumplimiento de sus obligaciones como miembro de la Organización, en particular en materia de derechos humanos. Adoptada la decisión de suspender a un gobierno, la Organización mantendrá sus gestiones diplomáticas para el restablecimiento de la democracia en el Estado Miembro afectado”, añade el documento que fue aprobado por los estados miembros de la OEA el 11 de septiembre de 2001.

La Carta Democrática define los elementos esenciales de la democracia representativa, entre ellos: el respeto a los derechos humanos, el estado de derecho, elecciones libres y periódicas a través del voto universal, pluralidad de partidos políticos y la separación de los poderes públicos, algo que desde hace mucho tiempo perdió Nicaragua con el régimen de Daniel Ortega.

En el 2004 a petición de varios países centroamericanos, la OEA intervino en la crisis institucional que se vivió en Nicaragua al final del período de Gobierno del presidente Enrique Bolaños, pero el país no fue suspendido.

Otra explicación

La OEA ha suspendido solamente a dos naciones. Cuba fue suspendida en 1962 y Honduras en 2009 tras un golpe de estado militar contra el presidente Manuel Zelaya en 2009. Honduras pudo reintegrarse en 2011 una vez superada la crisis política que llevó al BID y al Banco Mundial a congelar temporalmente sus desembolsos en esa nación centroamericana, según explica en un artículo titulado ¿Qué pasaría con Nicaragua si OEA la suspende?, la agencia de prensa AP el 11 de enero de 2019.

Agrega que la suspensión de la OEA convierte al país en un paria regional y le impide participar en los diferentes organismos del sistema interamericano, lo que supondría un obstáculo formidable para perseguir sus prioridades en política exterior. Cada estado miembro estaría en libertad de manejar su relación bilateral (si mantiene o no relaciones diplomáticas y a qué nivel) con el país suspendido.

Sobre las afectaciones económicas, la misma agencia de prensa indica que pese a que el Banco Interamericano de Desarrollo se fundó oficialmente en 1959 cuando la OEA redactó su Convenio Constitutivo, un cambio en el estatus de la membresía en la OEA no tiene un efecto automático en la membresía del BID.

«Tampoco hay estipulaciones contractuales de préstamo o políticas que aceleren el repago de préstamos, suspendan elegibilidad para otros préstamos, o que requieran que un país miembro mantenga una relación específica con la OEA. Sin embargo, los 48 países miembros representados en el Directorio Ejecutivo del BID tienen la autoridad final para suspender los desembolsos a un país prestatario, como ocurrió con Honduras en 2009. Hasta diciembre de 2018, la cartera activa de préstamos de inversión del BID en Nicaragua tenía un saldo por desembolsar de 602 millones de dólares», precisó.

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