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CONTENIDO EXCLUSIVO.Como “contundente e histórica” ha sido catalogada la votación de los 26 representantes permanentes —de un total de 34— de los Estados Miembros del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), quienes este martes 15 de junio aprobaron la resolución sobre la situación de Nicaragua en la que condenan las recientes acciones represivas ejecutadas por el régimen de Daniel Ortega contra los opositores, de cara a las elecciones presidenciales en noviembre próximo.
Especialistas en Derecho Internacional consultados por LA PRENSA coinciden en remarcar que la cantidad de votos indica que existe una evidente preocupación en los gobiernos de América Latina por la crisis sociopolítica que vive Nicaragua y que en los últimos meses se ha recrudecido.
Los representantes que votaron a favor son de: El Salvador, Estados Unidos, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Jamaica, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay, Venezuela, Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica y Ecuador. Se dieron cinco abstenciones: Honduras, México, Argentina, Belice y Dominica. Y tres en contra: Nicaragua, Bolivia y San Vicente y las Granadinas.
Votación contundente e histórica
El máster en Relaciones Internacionales y catedrático, Ricardo De León, reiteró que la votación obtenida para la aprobación de la resolución sobre la crisis en Nicaragua es “contundente” debido a que por primera vez en la historia el país recibe tantos votos. “Recuerdo que lo máximo que habíamos recibido son 21 en dos ocasiones, pero esta vez se logró llegar a un umbral nunca antes visto”, afirmó.
De León considera que la masividad en la votación es una “buena señal”, en referencia a la relación de las fuerzas que existe entre los países latinoamericanos que indica que se está cambiando de manera positiva para fortalecer los esfuerzos de la democracia. “Con esta correlación de fuerzas, con este cambio, vimos que la gran mayoría de países caribeños de las islas votaron a favor por primera vez, y por eso llegamos a 26, por los votos nuevos”.
En esa misma línea, el abogado y académico Harold Rocha, experto en Derecho Internacional, indica que es una forma de expresar la valoración que hacen los Estados Miembros sobre la gravedad de la situación y del deterioro de la democracia. “Con la votación queda claro que la propuesta de aplicar el artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana está más cercana, por cuanto a que si estos votos se mantienen excederían el requisito de los 24, eso hace ver la premura que hay”, refirió.
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También añade que la votación de hoy es “histórica” porque acerca a un escenario de la suspensión de Nicaragua de la OEA, y recuerda que en 1979 la resolución adoptada contra el gobierno Somoza se convirtió en la “más contundente y enérgica que se había adoptado contra un Estado Miembro en toda la historia de la OEA”.
No obstante, indicó que “en este caso hayan sido más de dos tercios que hayan aprobado la resolución de hoy y que los dos que se abstuvieron son los que probablemente están haciendo una propuesta para resolver el impasse de forma paralela y si ellos declaran que sus esfuerzos no son fructíferos, se puede predecir que esos dos se sumen a los 26, sería casi por unanimidad”.
Resolución “sumamente fuerte”
De acuerdo con el lenguaje diplomático, los especialistas refieren que pese a que pareciera ser una resolución “leve”, en realidad es “sumamente fuerte”, con la que los Estados Miembros de la OEA le mandan un mensaje claro al régimen orteguista en Nicaragua. Estos son los cuatro puntos de la resolución:
- 1. Expresar su grave preocupación por el hecho de que el Gobierno de Nicaragua no haya implementado, a partir de mayo de 2021, reformas electorales acordes con las normas internacionales aplicables, a fin de garantizar que las elecciones previstas para noviembre de 2021 sean libres y justas.
- 2. Condenar inequívocamente el arresto, acoso y restricciones arbitrarias impuestos a los precandidatos presidenciales, a los partidos políticos y a los medios de comunicación independientes, y pedir la inmediata liberación de los precandidatos presidenciales y de todos los presos políticos.
- 3. Instar enérgicamente al Gobierno de Nicaragua a que, sin demora, implemente medidas legislativas y de otro tipo que sean acordes con las normas internacionales aplicables, a fin de promover unas elecciones transparentes, libres y justas en noviembre, incluido el buen recibimiento de observadores electorales de la OEA y de otros países.
- 4. Continuar monitoreando el proceso electoral en Nicaragua, para su consideración y posible presentación ante la Asamblea General.
De hecho el analista internacional Carlos Murillo Zamora explica que los tres primeros puntos de la resolución evidencian primero que “hay un grave interés por atender la situación de Nicaragua”, con el segundo, que “no hay duda de la condena, los Estados que votaron a favor no tienen duda de las violaciones” y con el tercero “utilizaron un concepto más fuerte para que sin demora el régimen de Ortega revierta sus acciones”.
Además insiste en remarcar que el cuarto punto sumado a los anteriores deja una constancia de que se puede utilizar para considerar la convocatoria de la Asamblea General. “El Consejo Permanente dice que en caso del proceso electoral nicaragüense no retorne a los canales de las normas internacionales en materia de democracia y elecciones libres y justas elevará el caso a la Asamblea General. Es una resolución muy evidente sobre la preocupación por la situación de Nicaragua”, puntualizó.
Lo dicho por Murillo es reforzado por Rocha, quien añade que “a pesar de que se presta a una interpretación como leve, diplomáticamente es sumamente fuerte, por su brevedad, y por el hecho de su cuarto punto resolutivo. Es una advertencia al Estado de Nicaragua que de no revertirse la situación actual procederá con la aplicación del artículo 21 de la Carta, es decir la suspensión”.
De León agrega que el cambio del cuarto punto de la resolución es “un volcón en cuanto al proyecto y a las resoluciones del Consejo Permanente, y creo que es porque se está tomando de base la resolución de la Asamblea General de cancilleres de octubre pasado, que decían que daban hasta mayo para los cambios, ya pasó ese mes y no hubo esos cambios, pero también advierten que si no los hay se estaría considerando llamar a la Asamblea General para aplicar el artículo 21 de la Carta”.
Abstención de México y Argentina
Los representantes de México y Argentina fueron dos de los cinco Estados que se abstuvieron a votar. Carlos Raimundi, representante de Argentina, durante la sesión extraordinaria leyó un pronunciamiento conjunto en el que en primera instancia manifestaron su preocupación por los recientes acontecimientos ocurridos en Nicaragua, en especial la detención de “figuras políticas de la oposición” que a consideración de ambos Estados conllevaría a la revisión y contribuiría para que el proceso electoral nicaragüense reciba el reconocimiento y acompañamiento internacional apropiados.
“Hemos sido testigos en varios países de la región en casos inadmisibles de persecución política y rechazamos esa conducta”, afirmaron, pero enseguida dejaron por sentado que no están de acuerdo con la intervención de los países en asuntos internos de otras naciones.
“No estamos de acuerdo con los países que lejos de apoyar el normal desarrollo de las instituciones democráticas dejan de lado el principio de no intervención en asuntos internos, tan caro a nuestra historia, tampoco con la pretensión de imponer pautas desde afuera o prejuzgar indebidamente el proceso de procesos electorales, en este contexto no nos es posible acompañar el proyecto de resolución. Es perentorio que la OEA retome el espíritu constructivo de su Carta, le hacemos un nuevo llamado a restablecer el diálogo interamericano, y estamos convencidos de que esta situación será superada por los y las nicaragüenses resguardando la convivencia pacífica, división de poderes, y garantías constitucionales”, refirió.
La postura de ambas naciones a lectura de los especialistas consultados por este Diario refleja que hay un cambio significativo debido a que todo indicaba que podrían votar en contra y no fue así. “Que se abstengan diplomáticamente significa que hay un cambio y que hay una preocupación, que no votan a favor porque hay términos en la resolución que no les gusta. En ambos países hay una historia prolongada de una doctrina de política exterior que es ‘no nos manifestamos contra la situación interna de un país'”, dijo el analista internacional Murillo.
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De León, por su parte, asegura que le llama la atención la postura tomada tanto por Argentina como por México y a su criterio lo que observa es que hay dos escenarios posibles, que ambos países deseen hacer negociaciones bilaterales directas con Nicaragua o que cambien de parecer. “La postura tomada definitivamente porque México hace poco expresó su preocupación que nunca lo había hecho, Argentina más fuerte que hasta se comunicó con el secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, y se supone que iban a explorar posibilidades”, asestó.
Por su parte Alberto Cortés Ramos, politólogo e investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica (UCR), consideró que hay un matiz importante en el caso del voto de Argentina y México, que tienen gran peso en América Latina, “primero, haciendo referencia al respeto a los derechos humanos, manifiestan su preocupación con respecto a los hechos que están sucediendo en Nicaragua, en particular por las detenciones de líderes políticos. Además, destacan el impacto negativo que ello tendría en la legitimidad del proceso electoral nicaragüense, demandando su liberación para garantizar la legitimidad internacional. Este es un cambio importante”.
Sobre el resultado de la votación a la Resolución en el Consejo Permanente, estimó que “es un fuerte revés para la dictadura Ortega-Murillo, no solo por el contenido de lo aprobado, sino por la cantidad de votos que se sumaron, eso evidencia que la ola represiva que está desarrollando en este momento el régimen autoritario está generando un rechazo y una censura de la comunidad internacional continental y queda con más claridad que se hace urgente exigir el respeto a los derechos humanos, la liberación de los presos políticos y el desarrollo de condiciones para que pueda haber un proceso electoral libre y democrático”.