Magistrados orteguistas del Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM) rechazaron los recursos de exhibición personal interpuestos por los abogados de los miembros del Partido Unión Democrática Renovadora (Unamos): Dora María Téllez, Ana Margarita Vigil, Tamara Dávila Rivas y Suyén Barahona Cuan, mientras familiares de los recientes 14 presos políticos del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo manifestaron su temor por la vida de sus parientes, ya que la mayoría no han podido verlos.
“No sabemos nada de Dora, de Ana Margarita, de Tamara y de Suyén; todas están desaparecidas, no nos han permitido verlas y tampoco a los abogados. Los magistrados del Tribunal de Apelaciones dieron no ha lugar a los recursos de exhibición personal que se introdujeron a favor de ellas, pero seguimos exigiendo al régimen que las muestre para poder saber cuál es su condición de salud”, exigió Ana Lucía Álvarez, sobrina de Téllez y hermana de Dávila.
En las últimas semanas, el régimen Ortega Murillo ha detenido a cuatro precandidatos presidenciales y a nueve líderes opositores. Las últimas detenciones ocurrieron este domingo 13 de junio y esta vez su blanco fueron los dirigentes del partido Unamos, antes conocido como Movimiento Renovador Sandinista (MRS). Los detenidos son: los exguerrilleros Hugo Torres Jiménez y Dora María Téllez, ambos fueron arrestados en sus casas. También fueron capturadas Suyén Barahona, presidenta de Unamos; Víctor Hugo Tinoco y Ana Margarita Vijil, ambos miembros de este partido y Tamara Dávila Rivas, apresada en la víspera, la noche del sábado 12 de junio.
Las detenciones se han basado, según el régimen, en la Ley 1055, Ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz. Según la jurista María Asunción Moreno, esta ley es administrativa constitucional, no es penal, por lo tanto ni la Fiscalía ni la Policía pueden actuar basándose sobre la misma, explicó en declaraciones brindadas este martes.
Los magistrados que rechazaron los recursos a favor de las detenidas ilegalmente son: Noel Pereira, Ingrid Jamileth Lazo y Ángela Dávila. Álvarez dijo que conocieron que las causas judiciales en contra de las presas políticas están radicadas en los juzgados Quinto y Sexto de Distrito Penal de Audiencias. Las procesadas tuvieron que enfrentar una audiencia sin que sus familiares y abogados fueran notificados, además en el tribunal orteguista les impusieron a un defensor público, por lo que este miércoles 16 de junio sus abogados introdujeron un recurso solicitando ser admitidos como los representantes legales oficiales.
Drama de las familias afectadas
El analista político y opositor José Pallais, este miércoles cumple ocho días de ilegal detención, y su familia y abogado no han podido verlo, por lo que está en la condición de desaparecido. Su esposa Gilma Herdocia, a través de un video enviado a los medios de comunicación independientes, manifestó su temor por la vida de su esposo y pidió a sus amistades oraciones por Pallais.
“Tengo temor de que su salud esté desquebrajada, los problemas de salud de José requieren de una atención y una alimentación especial que no creo que esté recibiendo. Sus problemas de salud hacen una combinación bien grave que pueden generar una crisis de no ser atendido debidamente”, alertó Herdocia.
La tarde de este miércoles, Cristian Tinoco, hija del preso político y miembro de Unamos, Víctor Hugo Tinoco, a través de un video enviado a medios de comunicación independientes, desesperada e impotente pidió ayuda ya que oficiales de la Policía orteguista llegaron a allanar su vivienda. Relató que en el inmueble solo estaban mujeres, entre ellas su abuela de 90 años de edad y su mamá, de 75. Cabe señalar que la denunciante padece de cáncer.
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Por su parte, Pablo Fletes, hermano de Marcos Fletes, extrabajador de la extinta Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH), denunció que su familia tiene 20 días sin poder verlo y tampoco han permitido el acceso a la abogada Orieta Benavides a las instalaciones de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocidas como el nuevo Chipote, a pesar de contar con una orden judicial.
Unamos considera que se trata de un secuestro
Héctor Mairena, miembro de Unamos, denunció que en las detenciones ejecutadas por los oficiales de la Policía del régimen en contra de los integrantes de esta organización política hubo violencia, sobre todo contra Dora María Téllez y Ana Margarita Vijil. Consideró que sus compañeros de partido están secuestrados.
“Queremos decirles al pueblo nicaragüense y a la comunidad internacional que mientras nuestras compañeras y nuestros compañeros no sean presentados, mientras no sean exhibidos personalmente ante los familiares, ante los medios de comunicación, su condición seguirá siendo calificada como de secuestradas y secuestrados”, señaló Mairena.