Este lunes 14 de junio, el destacado y reconocido cronista deportivo Edgar Tijerino en su programa Doble Play hizo un importante anuncio: por motivos de su seguridad, no mencionará en su programa nada relacionado a la situación sociopolítica que vive el país. Su postura es una muestra del temor a la brutalidad de las leyes represivas con las que está actuando el régimen de Daniel Ortega contra toda voz crítica a su administración y abusos.
El anuncio del cronista se dio tras la jornada de secuestros de varios miembros de Unamos, antes llamado Movimiento Renovador Sandinista (MRS), como los exguerrilleros Dora María Téllez, Hugo Torres y Víctor Hugo Tinoco, además de otras activistas y voces críticas a la dictadura orteguista como Tamara Dávila, Ana Margarita Vigil y Suyén Barahona.
«En un país que tiene el sistema nervioso alterado, yo he decidido, en compromiso con la familia, apartarme de opinar, que es lo que molesta en el sentido que altera, preocupa a la familia y además evito crearle complicaciones al sitio donde trabajo, donde me han acogido», dijo Tijerino.
La postura de Tijerino la comparten otras personalidades políticas, incluso fuentes periodísticas, debido a la preocupación por la cacería que ha desatado la dictadura: desde precandidatos presidenciales, activistas, analistas políticos y ahora hasta banqueros.
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«Es mejor retroceder, apagarse en un momento donde no se está respetando nada ni nadie y se está yendo con una ofensiva brutal, que agarró a toda la gente del MRS el fin de semana, fue directamente contra gente sandinista de mucho prestigio (…) cuando uno ve eso, dice; ‘púchica, estamos ante una situación extremadamente anómala en la cual todos estamos bajo amenazas’», reflexionó el cronista.
Ortega, a través de sus órganos estatales, justifica estas detenciones arbitrarias basándose en el artículo 1 de la Ley 1055, denominada «Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo, a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz», que en medios oficialistas y orteguistas han justificado las detenciones a los «vendepatrias».
Apagón de voces
La decisión de Tijerino es el resultado de la estrategia que ha ejecutado la dictadura de Daniel Ortega para callar las voces incómodas, considera la socióloga Elvira Cuadra, quien aseguró que estas acciones represivas tienen sus efectos directos y no descartó que incluso haya un «apagón de pensamientos y voces» críticas debido a estas leyes.
«Efectivamente, es parte de una estrategia para callar las voces que resultan incómodas y la aplicación de la ley está acompañada de estigmatización y criminalización, entonces lo que vamos a ver en Nicaragua muy pronto, probablemente, es un apagón de pensamientos y voces. Ya vimos cómo están señalando a periodistas y les dicen mentirosos por emitir una opinión, o bien, a esas fuentes que se saben son calificadas», expresó la socióloga.
En las últimas semanas la dictadura ha citado ante la Fiscalía a varios periodistas, directores de medios, editores y analistas para entrevistas aparentemente relacionadas al caso contra la extinta Fundación Violeta Barrios de Chamorro, por supuesto lavado de dinero, pero al final son cuestionados por sus artículos periodísticos y amenazados porque estarían faltando a la Ley de Ciberdelitos, conocida como “Ley Mordaza”, aprobada recientemente por la Asamblea Nacional.
El 11 de junio, los fiscales que interrogaron al exdiplomático y analista político Edgar Parrales, se enfocaron en señalar las opiniones que él da a los medios de comunicación sobre la irregular gestión del gobierno de Daniel Ortega. «Parece que no les gusta las opiniones que yo manifiesto en mis entrevistas a los medios de comunicación», dijo Parrales al salir de su citatorio.
Bajan perfil
A Tijerino se le han sumado diversas fuentes de opinión —como de salud y política—, quienes también decidieron no dar más declaraciones a los medios de comunicación, o bien, bajar el perfil crítico para evitar represalias del régimen.
«No voy a dar declaraciones por el riesgo actual del país. Lo siento», contestó escuetamente una fuente médica recientemente consultada por LA PRENSA sobre un tema relacionado a la situación del Covid-19 y las vacunas.
Otro médico también dejó de brindar declaraciones y conferencias de prensa después que simpatizantes orteguistas lo amenazaran a través de redes sociales por revelar estudios científicos sobre el manejo de la pandemia por parte del régimen. La familia del médico pidió a los medios no seguir abordando al especialista por motivos de seguridad.
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Un experto en temas políticos y de seguridad solicitó no ser citado con su nombre en una entrevista concedida a este medio. Asimismo, LA PRENSA ha conocido que otras fuentes por motivos de seguridad han decidido cancelar entrevistas públicas por el contexto político hostil.
Opinar no es un delito
Vilma Núñez de Escorcia, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), afirmó que la dictadura asume esta estrategia con el objetivo de amedrentar y sembrar el terror, «para callar a todo el mundo», pero afirmó que si bien algunas personas han decidido no opinar en un espacio público, no quiere decir que abandonan la lucha, «pese a que la imagen que se proyecta es de abandono».
«Podemos ver hasta dónde ha llegado el avance arrollador de este régimen, no van a dejar —como nos amenazaron una vez— piedra sobre piedra».
Núñez agregó que la criminalización al derecho de opinar es un delito que ha sido fabricado por los instrumentos represivos del régimen, «quienes se han encargado de tipificar como delito una acción legítima como es luchar por una democracia, derechos humanos y libertad de expresión en un país».
«No podemos afirmar abiertamente que se ha convertido en un delito opinar, son los jueces quienes lo han convertido en un delito, porque opinar es un derecho. Marchar, denunciar y reclamar siguen siendo derechos y están consagrados en la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos. Es el poder judicial corrupto y represivo quien lo ha convertido en delito», refutó Núñez.
Abogados toman distancia
Abogados que han defendido a presos políticos en los procesos judiciales arbitrarios impulsados por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, han decidido exiliarse, autocensurarse e incluso recluirse en los últimos días, luego que fanáticos del orteguismo iniciaran una campaña de amenazas en su contra.
«No tengo ni idea por qué delito podrían apresarnos y procesarnos judicialmente, pero igual que los demás (presos políticos) serían delitos inexistentes los que nos achacarían. Puede ser por cualquier motivo», consideró un abogado que decidió exiliarse para evitar ser detenido y procesado bajo ilegalidades procesales.
Fanáticos orteguistas aseguran en las redes sociales que algunos abogados reciben dinero proveniente del extranjero como pago para defender a los presos políticos. Julio Montenegro, abogado que representa actualmente a 41 presos políticos, dijo conocer sobre este señalamiento, por lo que se especula que el régimen podría detener y procesar a sus colegas.
«Considero que recibir dinero por un trabajo no es delito. Mi trabajo ha estado en el marco de la legalidad; en los recursos por inconstitucionalidad, los recursos de amparo, los procesos que hemos defendido, casi siempre hemos evitado hacer señalamientos más allá del área de la competencia legal y eso ha de ser estimado. Desde ese punto de vista, nosotros estamos tranquilos y estamos realizando nuestra labor normal… Me decía mi colega que algunos (abogados) están escondidos, no me consta, pero sí hay rumores de eso», aseguró Montenegro.
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Una abogada defensora de recientes presos políticos fue clara al ser consultada por LA PRENSA: «No quiero hablar del tema, porque este régimen es capaz de todo y puede meternos presos sin ningún asidero legal».
La abogada de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), María Oviedo, ya estuvo retenida por el régimen solo por querer hacer prevalecer sus derechos constitucionales y humanos como defensora de presos políticos ante la Policía orteguista.
Ahora Oviedo considera que «el régimen no te va a andar notificando si te va a capturar, porque hace las detenciones de manera ilegal. Si en algún momento se despierta el interés de encarcelarnos, pues no vamos a tener noticias de eso previo y lo hacen porque pueden hacerlo. Si la decisión es ir contra todos los sectores que denuncian violación de derechos humanos, entonces no estamos exentos de eso».