Preocupada y angustiada dijo que se presentó doña Norma Vega, de 48 años, a las instalaciones de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocidas como el nuevo “Chipote”, donde presuntamente oficiales de la Policía orteguista llevaron a su esposo Pedro Salvador Vásquez Cortedano, de 59, quién es conductor de la precandidata presidencial independiente, Cristiana Chamorro Barrios.
Según Vega, el Ministerio Público citó este lunes 14 de junio a su esposo para ser interrogado por las investigaciones en el caso de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH). “Mi esposo fue a esa cita a las 8:30 de la mañana y les dijo que él solo es un chofer y que nada tiene que ver con la Fundación, pero la tarde del martes (15 de junio) lo detuvieron en el sector del (residencial) Las Palmas”, relató.
La Fiscalía del régimen, a través de un comunicado emitido este martes, dio a conocer que entrevistó a Vásquez por las investigaciones en el caso contra la FVBCH, pero no informó que éste había sido detenido por la Policía del régimen.
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Cristiana Chamorro, exdirectora de la extinta FVBCH, fue acusada por la Fiscalía “por los delitos de gestión abusiva y falsedad ideológica, ambos en concurso real con lavado de dinero, bienes y activos”. Esta acusación busca inhibirla de facto de la contienda electoral en la que Daniel Ortega buscará su cuarto período presidencial consecutivo. La investigación está siendo realizada a solicitud del Ministerio de Gobernación orteguista que presume irregularidades en los reportes financieros de la organización en el periodo 2015 al 2019.
Incomunicado y sin abogado
En este mismo caso, la Policía mantiene detenidos al exfinanciero de la FVBCH, Walter Gómez, y al excontador Marcos Fletes, quienes fueron capturados el viernes 28 de mayo y hasta la fecha solo a Gómez le han permitido entrevistarse con su abogada.
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A pesar de que Chamorro, Gómez y Fletes se mantienen detenidos por el mismo caso, ninguno de los tres ha sido presentado, la primera se mantiene bajo arresto domiciliar, mientras los otros están tras las rejas del “Chipote”.
“En el Chipote no nos permiten ingresarle comida, solo están permitiendo llevarle agua, está incomunicado y no tiene abogado”, dijo Vega, quién este viernes interpondrá la denuncia en una organización defensora de derechos humanos.