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desde que nuestras instalaciones fueron tomadas y nuestro gerente general Juan Lorenzo Holmann fue detenido.

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Diputados oficialistas que controlan el Parlamento de Nicaragua votan a favor de una ley enviada por el Ejecutivo. [Foto: Houston Castillo Vado]

¿En virtud de qué leyes y reformas Daniel Ortega argumenta el arresto de opositores en un año electoral en Nicaragua?

Hasta este sábado 19 de junio se contabilizan al menos 17 personas arrestadas por causas políticas. Entre estas están tres precandidatos presidenciales, nueve líderes opositores y un directivo de una entidad financiera en el país.

El sábado 5 de junio el exembajador de Managua en Estados Unidos, Arturo Cruz, tenía planeado regresar a Nicaragua para reintegrarse con normalidad a sus ocupaciones políticas, tras haberse inscrito como precandidato presidencial en el partido opositor Ciudadanos por la Libertad (CxL).

Cruz había viajado a Washington para hacer unas diligencias personales, según informó su equipo de prensa. Pero a su llegada al Aeropuerto Augusto César Sandino, en Managua, tardó más de lo usual antes de poder informar a sus allegados sobre su viaje.

Dos horas después de que debía estar ya en el país se desconocía su paradero. La Policía nicaragüense emitió un comunicado donde informaba que Cruz había sido arrestado y acusado por “atentar contra la sociedad nicaragüense y los derechos del pueblo”, según lo establecido en la llamada Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz.

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Aunque tres días antes a la también precandidata presidencial Cristiana Chamorro se le había ordenado “prisión domiciliar” ordenada por una jueza de Managua que la investiga por supuesto lavado de dinero, Cruz se convirtió en el primer opositor al que se le acusaba directamente en virtud de una legislación aprobada el 11 de diciembre de 2020.

La nueva norma aprobada por el gobernante partido sandinista causó enormes preocupaciones a los críticos del presidente Daniel Ortega. Al momento de su aprobación muchos opositores, gobiernos de la región y el mundo y expertos políticos consideraron que esta ley tenía un fin político en un año electoral, donde el mandatario cuenta con el menor apoyo popular en los últimos años, tras la crisis de 2018.

La ley establece que “los nicaragüenses que encabecen o financien un golpe de Estado, que alteren el orden constitucional, que fomenten o insten a actos terroristas que menoscaben la independencia, soberanía, autodeterminación o que inciten a la injerencia extranjera en los asuntos internos, no podrán optar a cargos de elección popular”. Se aplicó seis meses después.

El sector privado de Nicaragua, del que buena parte es hoy crítico del mandato de Ortega, se pronunció en ese momento a través de un comunicado en que advirtió que con esa ley se restringían derechos políticos constitucionales de la ciudadanía, a ser elegidos en elecciones periódicas y optar a cargos públicos.

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“Son acciones ilegales del Gobierno para mantenerse en el poder e impedir una competencia electoral libre y democrática”, dijo la patronal en ese entonces.

Mientras que el diplomático estadounidense Michael Kozak advirtió entonces que la Ley “en vez de brindar igualdad de condiciones, niega a la oposición la oportunidad de postularse a un cargo y al pueblo el derecho a elegir a sus líderes”.

Después del arresto a Cruz, el Gobierno comenzó una jornada de detenciones contra los principales líderes de oposición de Nicaragua, así como al resto de precandidatos presidenciales en el país, en lo que fue catalogado por sus opositores como «terrorismo de Estado». Ortega lleva más de 14 años en el poder.

Hasta este sábado 19 de junio se contabilizan al menos 17 personas arrestadas por causas políticas. Trece de ellas se les acusa de la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo”. Dentro de ellas tres precandidatos presidenciales, nueve líderes opositores y un directivo de una entidad financiera en el país.

¿Cómo ha sido el estreno de la reforma al Código Procesal Penal?

Las reformas al Código Procesal Penal aprobadas a inicios de este 2021 por el parlamento de mayoría sandinista y que consistían en ampliar de 48 horas a tres meses la prisión preventiva para los sospechosos antes de enfrentar juicios, fueron estrenadas en las últimas semanas por el gobierno de Ortega con todos los opositores que hasta el momento han sido arrestados.

Anteriormente, diversos analistas consultados por la VOA advirtieron que las reformas en la Asamblea Nacional de Nicaragua, controlada por Ortega, tenían un fin “perverso” contra los opositores, sobre todo en un año electoral.

El jurista José Pallais, quien ahora se encuentra detenido y procesado, comentó en su momento que la ampliación del período de detención fue una copia de “países violadores de derechos humanos”, como Cuba y Venezuela.

“La lógica de países democráticos es que primero se investigue y detenga, pero cada vez nos estamos acercando a Cuba, Venezuela y Corea del Norte”, señaló Pallais entonces.

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Todos los opositores detenidos por orden de un juez permanecerán hasta por 90 días en prisión, según ha dicho la Fiscalía General, a través de un comunicado oficial.

El oficialismo por su parte ha dicho que las reformas al Código Procesal Penal, lejos de violar los derechos humanos supuestamente logra que “el imputado tenga el derecho a que se le investigue y que realmente se le juzgue de conformidad a una investigación justa, a una investigación transparente, con todas las pruebas necesarias para poder juzgar y brindar una sentencia ajustada a derecho”.

¿Cuál es el rol y quiénes están seguidos por la Ley de Ciberdelitos?

Actualmente en Nicaragua se investiga a líderes opositores por supuestamente “pedir intervención extranjera”, pero también a dos organizaciones, una de ellas por lavado de dinero como la Fundación Violeta Barrios de Chamorro que era dirigida por Cristiana Chamorro.

En el caso de Chamorro han sido citados más de 20 reporteros por haber tenido algún tipo de vínculo por la Fundación que promovía la libertad de prensa, pero que suspendió operaciones por la Ley de Agentes Extranjeros.

Según declaraciones de algunos periodistas que fueron citados al Ministerio Público, los fiscales se “extralimitaron” sobre el caso de la Fundación Chamorro y les cuestionaron su papel como periodistas y en algunos casos les advirtieron que les aplicarían la Ley de Ciberdelitos que impone cárcel a quienes “divulguen noticias falsas o que causen zozobra”.

“Al hacer un receso (en medio de los interrogatorios, la fiscal) regresó con su celular a leer todos mis artículos y comenzó a incriminarme a decir que yo mentía, que yo estaba faltando a la Ley de Ciberdelitos”, resaltó el periodista Wilfredo Miranda después de comparecer ante la Fiscalía por el caso contra la Fundación Chamorro.

“Después comenzó a leer la mayoría de los titulares de mi corresponsalía en el diario El País (de España), y básicamente me estuvo gritándome todo el tiempo y diciendo que yo mentía”, expuso.

La Ley de Ciberdelitos fue aprobada por el congreso de Nicaragua el 27 de octubre de 2020 y fue catalogada por los periodistas como “la ley mordaza” por criminalizar el periodismo.

«Se les acabó el negocio a los mentirosos, a los que son parte de la industria de las mentiras en la redes sociales, a los que crean y difundan falsas noticias creando alarma, temor y zozobra, afectando la estabilidad económica, el orden público», advirtió en el debate previo a la aprobación de la Ley el diputado oficialista Carlos Emilio López.

Pero al igual que las otras leyes fue cuestionada por los pocos opositores en el parlamento como el diputado Maximino Rodríguez, del Partido Liberal Constitucionalista.

«Esta iniciativa tiene nombre y apellido: es para reprimir a quienes consideren que el Gobierno está yendo por el camino equivocado», dijo Rodríguez.

¿Cuál ha sido la reacción de Estados Unidos?

El gobierno de Joe Biden emitió el miércoles 10 de junio sus primeras sanciones a cuatro allegados del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, tras la persecución desatada recientemente contra opositores y precandidatos presidenciales.

Los sancionados fueron Camila Ortega Murillo, hija de Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo; al jefe de bancada del gobernante Frente Sandinista, Edwin Castro; al presidente del Banco Central, Ovidio Reyes, y al general de brigada del ejército Julio Rodríguez Balladares, director del Instituto de Previsión Social Militar.

Previamente, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, había instado a Ortega a liberar a los candidatos presidenciales detenidos, así como a otros líderes de la oposición arrestados durante la última semana en lo que llamó una «ola de represión».

«Estas sanciones demuestran que hay costos para los que apoyan o ejecutan la represión del régimen de Ortega», dijo Blinken en un comunicado. «Estados Unidos seguirá utilizando todos los medios diplomáticos y las herramientas económicas a nuestra disposición para apoyar los reclamos de los nicaragüenses por mayor libertad», añadió.

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