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CONTENIDO EXCLUSIVO.Mientras el régimen de Daniel Ortega ha convertido en un delito que las organizaciones sin fines de lucro reciban recursos externos y por esa razón mantiene una férrea persecución contra la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH) y la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), durante 14 años este Gobierno ha logrado recibir del exterior en cooperación 8,493.8 millones de dólares, de los cuales 2,908.5 millones son donaciones y el resto son préstamos baratos, según muestran los registros estadísticos del Banco Central de Nicaragua.
Parte de esta cooperación no reembolsable ha sido aportada en el periodo de referencia por las mismas organizaciones que financiaron a Funides y la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, especialmente la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid, por sus siglas en inglés). También hay cooperación europea (suiza y española).
Solo en los últimos cinco años, en donaciones al Gobierno le han ingresado 683 millones de dólares, los que vienen atados a proyectos de apoyo a la población y que han sido fundamentales para reducir la miseria.
En el comunicado 015-2021 emitido por el Ministerio Público el 16 de junio se especifica en letras en negrilla que Funides y la FVBCH están siendo investigadas “por haber recibido recursos económicos financiados por fuentes extranjeras”, lo que a criterio de la dictadura atenta contra la sociedad nicaragüense y los derechos del pueblo, en el marco de su Ley 1055, llamada Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo, que la dictadura se aprobó el 21 de diciembre del año pasado.
Y si bien del monto total, 5,585.2 millones de dólares ingresaron al Gobierno en forma de préstamos, estos llegaron en condiciones muy accesibles, políticas que son establecidas por los gobiernos y fondeadores internacionales que canalizan recursos a través de las multilaterales, por ejemplo, para que países empobrecidos, como Nicaragua, puedan tener recursos para desarrollar obras de inversión y de atención a la población.
En paralelo, estos gobiernos cooperantes también destinan recursos para apoyar a la sociedad civil y organizaciones sin fines de lucro, que suelen llegar a zonas donde las políticas públicas no logran cubrir. Todo esto con el aval y supervisión de cada país receptor y utilizando los canales legalmente establecidos en los países beneficiarios.
Durante década y media, el régimen de Ortega llegó a recibir su máximo de cooperación externa en 2009 (769.6 millones de dólares), cuando estaba iniciando la cooperación venezolana en el país, y en 2017 (710.3 millones de dólares), pero nunca había superado los 900 millones como lo hizo en 2020.
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Solo el año pasado, el informe de cooperación oficial publicado por el Banco Central (BCN) revela que el sector público consiguió en desembolso de préstamos y donaciones previamente aprobados, un total de 937.8 millones de dólares, 50.3 por ciento más que en igual periodo de 2019. Es decir, que el año pasado ingresaron a este sector 314.1 millones de dólares adicionales, un gran alivio para un país que lleva experimentando tres años de recesión económica.
Específicamente al sector público, “por modalidad de recursos, 829.2 millones de dólares (88.4 por ciento) correspondieron a préstamos y 108.6 millones a donaciones (11.6 por ciento). Los desembolsos de préstamos aumentaron en 305.3 millones de dólares (58.3 por ciento), con respecto al año 2019 y los desembolsos por donaciones aumentaron en 8.9 millones de dólares (8.9 por ciento)”, indica el BCN.
Otro año que obtuvo cifras positivas en cuanto a ayuda recibida por fuentes externas fue el 2018, el monto total percibido para el sector público fue de 656.1 millones de dólares. En términos de donaciones, la cifra se sitúa en 107.6 millones de dólares, y en relación a préstamos se contabilizaron 548.5 millones.
En 2017, previo a la crisis sociopolítica, se registró el mayor monto de recursos externos después de los reflejados el año pasado. En concreto, se recibieron un total de 710.3 millones de dólares, distribuyéndose en donaciones (173 millones de dólares) y en préstamos (537.3 millones de dólares).
A diferencia del sector público, desde el 2016, los recursos que recibe del exterior el sector privado no superan los 400 millones de dólares. Es más, el año pasado este sector solo logró captar 297.7 millones de dólares. Esto muestra que el mayor beneficiario de la cooperación internacional ha sido el régimen de Daniel Ortega.
Impacto de recursos es cuestionable
El economista y sociólogo Óscar René Vargas explica que históricamente la cooperación internacional ha sido uno de los seis pilares fundamentales del crecimiento económico de Nicaragua. Siendo los otros “el dinero venezolano, las remesas familiares, la Inversión Extranjera Directa (IED), las exportaciones y el dinero ilícito”.
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Además, Vargas señala que “todos esos pilares, salvo uno, son externos; lo que demuestra lo frágil de la economía nicaragüense, dependiente del exterior sin motores propios para sostener su crecimiento”.
Y pese a los elevados flujos de recursos que han llegado desde el exterior a manos del Gobierno, Vargas recuerda, por ejemplo, que esta no produjo ningún cambio positivo en la capacidad productiva del país. “Tampoco se construyó ninguna fábrica que mejorará el valor agregado de los principales productos de exportación”, agregó.
“La cooperación ha servido para construcción de carreteras y conectar a red nacional a muchos municipios, pero con una lógica de clientelismo político, ya que iba acompañada con introducir mejoras en la productividad. Es decir, la principal estrategia de la construcción de carreteras ha sido mejorar las vías de comunicación de las grandes empresas agrícolas y el clientelismo político”, mencionó al respecto.
Siguiendo esta línea, explica que es por esa razón que el nivel de la calidad de vida de los nicaragüenses no ha mejorado, lo que muestra que el manejo de esta por parte del Gobierno ha sido eficiente.
“La pobreza, desempleo y la desnutrición de amplios sectores de la población se mantienen en niveles superiores a los años anteriores a 2007. Por otro lado, la cooperación ha servido para enriquecer a los empresarios ligados al régimen, ya que ellos son los que reciben las oportunidades de ejecutar los proyectos establecidos en los convenios”, enfatizó.
¿Por qué criminaliza la cooperación?
En promedio, el país ha recibido 606.7 millones de dólares cada año. A pesar de que ningún Gobierno se ha beneficiado tanto de la cooperación internacional como Ortega, este ha emprendido una cacería contra ONG opositoras a su Administración. Estas acciones represivas se han llevado a cabo de cara a las elecciones presidenciales previstas a realizarse el 7 de noviembre próximo.
Y pese a que el Gobierno ha sido uno de los grandes beneficiados de la cooperación internacional, busca castigar a las ONG por recibir fondos externos y para ello les está aplicando su polémica Ley 1055, compuesta por solo dos artículos, establece en el primero que los nicaragüenses serán calificados como “traidores a la patria” si encabezan o financian un golpe de estado, si alteran el orden constitucional o fomenten actos terroristas, lo que provocará que no puedan optar a cargos de elección popular, algo que hasta la fecha no ha demostrado en el caso de las ONG investigadas.
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También, los que “inciten a la injerencia extranjera en los asuntos internos, pidan intervenciones militares, se organicen con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización”, se lee en el sitio web de la Asamblea.
Asimismo, se le concederá el calificativo antes mencionado a los ciudadanos que “propongan y gestionen bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras en contra del país y sus instituciones; aquellos que demanden, exalten y aplaudan la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos”.
Aplicación de dicha ley es inconstitucional
La aplicación de dicha ley en esta situación, según abogados consultados anteriormente por LA PRENSA, es inconstitucional puesto que las leyes no son retroactivas, así como lo establece la Constitución Política de Nicaragua en su artículo 38: “La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal cuando favorezca al reo”.
El Ministerio Público alega que los exdirectivos de Funides están siendo investigados por recibir financiamiento extranjero en el pasado. De hecho, entre 2015 y 2019, que es el período investigado por el régimen, no había ningún problema en recibirlo si se cumplía con los requerimientos del Ministerio de Gobernación, además no existía la Ley 1055.
Agustín Jarquín, excontralor general de la República, considera que la Administración debería corregir su enfoque sobre la penalización que está haciendo en relación con la cooperación externa que reciben las ONG en Nicaragua.
Jarquín asegura que estas organizaciones cumplen “con rigurosidad las normativas y las exigencias de las leyes de la República” y lo que le han hecho a Funides, FVBCH y otras ONG, que han sido clausuradas y confiscadas, ha sido sin ninguna fundamentación de ley. “Ha sido abusivo y genera una situación de tensión” en el país.
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“Hacemos votos para que el gobierno de Ortega cambie ese enfoque, por cuanto esa cooperación también les ha beneficiado y les continúa beneficiando. Hay una cantidad de proyectos que son con fondos de la cooperación internacional, entre ellos el BCIE, Corea, Banco Mundial, Taiwán, el BID”, añadió.
El especialista recomienda que la ley debería de corregir ese enfoque y “crear un ambiente de convivencia en el país y no tensar la situación que augura un futuro de no bienestar para nadie, ni para el Gobierno mismo”, concluyó.
Por su parte, Funides manifestó a través de un comunicado emitido el 18 de junio, que los fondos que recibe de sus donantes “son lícitos y han sido utilizados para fines también lícitos, todo dentro del marco de la ley nacional y el derecho internacional, y cumpliendo siempre con la información debida al Ministerio de Gobernación”.
Además, dio a conocer que entre sus donantes extranjeros se encuentran organismos de cooperación externa y gobiernos de países con los que el Estado de Nicaragua mantiene relaciones diplomáticas y comerciales.
Los cooperantes de 2020
Fue tras el 2018, tras el estallido de la crisis sociopolítica, con la entrada en vigencia de la Nica Act en Estados Unidos, que el camino de Ortega para conseguir nuevas aprobaciones de financiamiento reembolsable y no reembolsable se le ha hecho más difícil, pero pese a ello los recursos externos no han dejado de fluir.
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La presión internacional y el impacto de la Nica Act provocó que organismos financieros multilaterales como el Banco Mundial (BM) o el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) disminuyeran sus préstamos hacia el gobierno de Ortega, pero el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), que no está sujeto a dicha ley, aún mantiene a flote sus financiamientos hacia Nicaragua.
De hecho solo en 2020, el BCIE ocupa el primer puesto con 321.6 millones de dólares; seguido por el Fondo Monetario Internacional (FMI) con 186.8 millones de dólares y en la tercera posición se ubicó el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con 154.1 millones de dólares.
Otras entidades que aportaron fueron el Banco Mundial (BM), con 72.5 millones de dólares; Unión Europea (UE), 36 millones de dólares; Banco Europeo de Inversiones (BEI), con 34.3 millones; China Taiwán, con 27.9 millones de dólares y el Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional (OFID), con 21.0 millones de dólares.