El Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, dirigido por el senador demócrata Bob Menéndez, aprobó el proyecto de la Ley de Reforzamiento de la Adherencia de Nicaragua a las Condiciones para la Reforma Electoral o “Ley Renacer”, que propone nuevas acciones para sancionar y presionar al gobierno autoritario de Daniel Ortega para que garantice elecciones libres y transparentes en Nicaragua. Además la misma exige revisar la participación de Nicaragua en el DR-Cafta.
“Mientras continúa atacando descaradamente a los líderes de la oposición, el sector empresarial de Nicaragua y sus líderes de la sociedad civil, la desesperación de Daniel Ortega por permanecer en el poder le ha costado los restos de legitimidad que tenía ante la comunidad internacional”, dijo Menéndez, quien estuvo acompañado por los senadores Marco Rubio, Miembro de Alto Nivel del Subcomité del Hemisferio Occidental, y los senadores Dick Durbin, Ben Cardin y Chris Murphy.
Este martes 22 de junio, el proyecto Ley Renacer fue el punto número dos que se discutió en la agenda del Comité.
🚨🚨SFRC just approved my RENACER Act. Ortega’s desperation to stay in power has cost him whatever remnants of legitimacy he had. There WILL be consequences for those trying to rob the Nicaraguan people of their fundamental right to free & fair elections. https://t.co/dqEYgB7pZg pic.twitter.com/L895RQjI3k
— Senate Foreign Relations Committee (@SFRCdems) June 22, 2021
Menéndez agradeció al Comité por haber aprobado su proyecto de Ley Renacer para enviar un mensaje alto y claro hoy al régimen de Daniel Ortega en Nicaragua.
“Habrá consecuencias para quienes intenten robarle al pueblo nicaragüense la oportunidad de ejercer su derecho democrático más fundamental a elecciones libres y justas. La Ley Renacer proporcionará a la Administración Biden las herramientas diplomáticas necesarias para ayudar a estabilizar la crisis electoral fuera de control de Nicaragua, y con suerte permitirá a los nicaragüenses hacer que su país vuelva a la democracia y el Estado de derecho”, precisó el presidente del Comité.
La Ley Renacer propone nuevas iniciativas para controlar, informar y luchar contra la corrupción del Gobierno y de la familia del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, así como las violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad de Nicaragua y requiere que el Gobierno de Estados Unidos aumente las sanciones a actores clave del régimen de Ortega y amplíe la coordinación con Canadá y la Unión Europea.
“El proyecto de ley exige que el poder ejecutivo revise la participación de Nicaragua en el Tratado de Libre Comercio de Centroamérica (DR-Cafta)”, refiere el comunicado de prensa oficial con lo que evidencia la enmienda señalada que había sido confirmada por fuentes estadounidenses.
¿Qué sigue después?
Luego de la aprobación del Comité de hoy, la legislación ahora se dirige al Senado para ser considerada por el Senado en pleno, y en paralelo, el proyecto tiene que recorrer otra vía en la Cámara de Representantes del Congreso de EE. UU. Según han explicado especialistas, dentro del Congreso, la Ley Renacer está en el subcomité del Hemisferio Occidental que debe aprobarla y enviarla al Comité de Asuntos Exteriores, que igualmente tendrá que aprobarla y remitirla al pleno de la Cámara de Representantes del Congreso de EE. UU.
Posteriormente, si las dos votaciones de las cámaras (Congreso y Senado) son “idénticas” en relación al contenido de la propuesta, se manda directamente a la oficina del presidente Joe Biden para que la firme y entre en vigencia. En el caso de que no sean idénticas las votaciones, según Rocha, se manda a una especie de comité entre los representantes del Senado (ambos partidos) y los de la Cámara.
Senadores trabajarán para que sea aprobada en el Senado
Tras la aprobación de la iniciativa de la Ley Renacer, el senador Rubio manifestó que el proyecto de Ley bipartidista “requiere sanciones contra funcionarios del régimen de Ortega y una investigación completa sobre el dinero que las Fuerzas Armadas de Nicaragua han invertido en Estados Unidos. Ahora que el Comité de Relaciones Exteriores del Senado aprobó mi proyecto de ley, trabajaremos para que sea aprobado en el pleno del Senado lo antes posible”.
En esa misma línea, el senador Durbin dijo sentirse alegre por el paso que dio el Comité al condenar las acciones de Ortega y los graves abusos contra los derechos humanos perpetrados por funcionarios del Gobierno. “Debemos recaudar recursos estadounidenses, incluidas sanciones, para ver la liberación de todos los presos políticos, incluidos los candidatos de la oposición, y ayudar a resolver la crisis política de Nicaragua con unas elecciones democráticas creíbles”, afirmó.
Por su parte, el senador Cardin precisó que “debemos seguir presionando por el retorno a la democracia y apoyar elecciones libres, justas y transparentes en Nicaragua. Me enorgullece apoyar este proyecto de ley que tomaría medidas adicionales para responsabilizar al gobierno de Ortega por sus numerosos actos de represión y corrupción que continúan perjudicando al pueblo de Nicaragua. Estados Unidos siempre debe defender la democracia y los derechos humanos en todo el hemisferio occidental”.
Finalmente el senador Murphy insistió en que la protección de la democracia debe ser fundamental para la política exterior de Estados Unidos. “La Ley Renacer nos ayuda a apoyar al pueblo nicaragüense y apuntar a los funcionarios nicaragüenses que buscan socavar el proceso electoral en el país. Me alegra ver que este proyecto de ley bipartidista avanza hacia el Senado”, precisó.
Un mensaje fuerte a Ortega
Para Eddy Acevedo, exasesor personal en política exterior de la excongresista Ileana Ross-Lehtinen y actual asesor senior del presidente del Woodrow Wilson Center (o Centro Nacional para Académicos Woodrow Wilson), con la aprobación de la Renacer, por parte del Comité de Relaciones Exteriores, una vez más el Congreso de EE. UU. de manera bipartidista le está enviando a Ortega un mensaje muy fuerte: “Habrá consecuencias por sus acciones (autoritarias y represivas)”, dijo Acevedo.
“Ahora la Ley Renacer pasa al pleno del Senado para su aprobación final que ojalá sea pronto. El Congreso de los EE. UU. quiere lo mismo del pueblo nicaragüense: liberación de todos los presos políticos y un retorno a la democracia y la libertad en Nicaragua. Washington también está enviando un mensaje claro al pueblo nicaragüense que escucha sus gritos de ayuda y que las atrocidades no serán ignoradas”, expresó el experto en política exterior.
Acevedo también agregó que Estados Unidos no está solo en su condena contra los abusos de Ortega, tras la presentación de una series de informes este martes 21 de junio, por organismos internacionales de derechos humanos, a través de los cuales expusieron y condenaron las innumerables violaciones a los derechos humanos cometidos por el régimen. “Es importante señalar que debe haber un sentido de urgencia y se necesitan acciones rápidas porque esta situación empeora cada día más”, alertó.
Lo mencionado por Acevedo lo comparte el abogado nicaragüense Harold Rocha, experto en Derecho Internacional, quien considera que la aprobación del proyecto de Ley Renacer por el Comité es un “paso muy importante en el proceso de implementación legislativa de esta iniciativa. Estados Unidos le manda un mensaje a Ortega, que como miembro de la comunidad internacional, desea que la salida pacífica y democrática al conflicto sea posible y viable, sin duda EE. UU. reitera su compromiso de apoyo al pueblo nicaragüense en la defensa de su democracia, de sus libertades fundamentales y de sus derechos humanos”, refirió Rocha.
Sobre el anexo de dos puntos claves en los alcances de la iniciativa legislativa, Rocha precisó que “la inclusión de revisión del DR-Cafta se basa en una apreciación de amenaza a la seguridad nacional de EE. UU.” y a su criterio considera que es “algo sumamente serio”.
Añade además que la solicitud de sanciones bajo la sección 231 de CAATSA “muestran también indicios de programas de defensa de la Federación Rusa en Nicaragua, lo que añade un componente geopolítico importante, que dice que el Congreso de los Estados Unidos está atento a la presencia rusa en Nicaragua por sus implicaciones geopolíticas en la estabilidad regional”, concluyó.
¿Qué es la Ley Renacer?
La Ley Renacer se basa en el texto de H.R. 1918, la Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción en Nicaragua de 2018 al exigir sanciones específicas para lograr avances en las elecciones previstas para noviembre de 2021; coordinar sanciones con Canadá y la Unión Europea.
Además reforzar las excepciones humanitarias y de derechos humanos para los préstamos de instituciones financieras internacionales; y ampliar los mecanismos de supervisión sobre los préstamos de las instituciones financieras internacionales.
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Inicialmente este proyecto fue introducido por el senador Menéndez el pasado 25 de marzo, en el Senado estadounidense. Posteriormente, el 30 de abril, el Congreso de Estados Unidos recibió el proyecto presentado por el congresista Albio Sires, presidente del Subcomité sobre el Hemisferio Occidental, Seguridad Civil, Migración y Política Económica Internacional de Estados Unidos, junto a la congresista María Elvira Salazar.
Los alcances de la Ley
Como uno de los principales alcance de la iniciativa de la Ley Renacer está la implementación y extensión de sanciones económicas al círculo familiar de Ortega y Murillo, funcionarios de la Policía, Ejército de Nicaragua, Consejo Supremo Electoral, miembros y funcionarios del FSLN —incluyendo sus familias—, personas o entidades financieras aliadas, y personas señaladas de corrupción en Nicaragua. Además ampliar las restricciones y fiscalizaciones a préstamos de instituciones multilaterales hacia el país.
La iniciativa solicita coordinar sanciones internacionales con sus aliados diplomáticos como Canadá, la Unión Europea, gobiernos de América Latina y el Caribe, para incrementar las sanciones financieras a personas involucradas en violaciones de derechos humanos y la obstrucción de elecciones libres, justas y transparentes en Nicaragua.
Además con la nueva enmienda el proyecto de Ley Renacer pide al poder ejecutivo que revise la participación continua de Nicaragua en el Tratado de Libre Comercio de Centroamérica (DR-Cafta). Y también, la aplicación de sanciones bajo la sección 231 de la Ley estadounidense para contrarrestar a adversarios a través de sanciones (CAATSA por sus siglas en inglés), de tal manera, que el presidente Biden “impondrá 5 o más de las sanciones descritas en la sección 235 de esa Ley con respecto a cada transacción identificada de conformidad con la revisión”.
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A la vez propone “mayor control de recursos para el régimen”, a través de restricciones financieras internacionales al expandir la supervisión de los préstamos de instituciones multilaterales internacionales a Nicaragua, y reafirma las excepciones humanitarias.
Además promueve que Nicaragua sea agregada a la lista de países centroamericanos sujetos a restricciones de visas relacionadas con la corrupción. De la misma manera, requiere informes clasificados sobre la participación de familiares de Ortega y funcionarios del Gobierno de Nicaragua en la corrupción, así como sobre las actividades del gobierno ruso en Nicaragua.
También requiere informes sobre abusos a los derechos humanos y la persecución del régimen de Ortega a medios independientes en Nicaragua, cometidos por las fuerzas de seguridad nicaragüenses en el interior del país, desde que Ortega desató su represión.