El senador demócrata y presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, Bob Menéndez, afirmó que tras la aprobación en esta instancia del proyecto de Ley de Reforzamiento de la Adherencia de Nicaragua a las Condiciones para la Reforma Electoral, o Ley Renacer, confía que el pleno del Senado en un período de dos semanas avale la iniciativa que propone nuevas acciones para sancionar y presionar al régimen de Daniel Ortega.
“Por eso quiero instar al Senado de que tenga un voto, pronto, terminamos esta semana, en dos semanas regresamos, yo quiero ver que adoptamos en dos semanas las medidas, estamos hablando de la Cámara —de Representantes del Congreso de EE. UU— también”, afirmó Menéndez en una entrevista con CNN en Español este miércoles.
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Añadió que están haciendo todo lo posible para pasarlo en el pleno del Senado lo más pronto posible, debido a que reconocen que los elementos de la ley para ser realizados y tener un impacto en Nicaragua “tiene que pasar lo más pronto posible, y como es una ley bipartidaria, creo que vamos a tener éxito en lograrlo (…) el régimen de Ortega se ha ensañado en perder toda la legitimidad de un país, que no podemos decir que es democrático”.
De acuerdo con la explicación de especialistas consultados por LA PRENSA, si las dos votaciones de las cámaras (Cámara de Representantes y Senado) son “idénticas” con relación al contenido de la propuesta, se manda directamente a la oficina del presidente Joe Biden para que la firme y entre en vigencia. En el caso de que no sean idénticas las votaciones, se manda a una especie de comité entre los representantes del Senado (ambos partidos) y los de la Cámara.
Sanciones bajo la Ley Magnitsky: “Estoy formulando la lista”
Además, el senador demócrata adelantó que en paralelo a la iniciativa de Ley Renacer los senadores están sosteniendo diversas conversaciones con el Gobierno de Estados Unidos para adoptar otras medidas en contra del régimen orteguista.
“A parte de las leyes, estamos hablando con la administración del presidente Biden porque hay ciertas acciones ejecutivas que la administración del presidente Biden pudiera llevar, y también bajo la Ley Magnitsky, que tiene sanciones por violaciones de derechos humanos, yo tengo el derecho, como el presidente del comité de mandar nombres para la consideración de la administración de ser sancionados bajo la Ley Magnitsky, estoy formulando esa lista”, aseveró el presidente del comité del Senado.
Al ser consultado si Daniel Ortega junto a Rosario Murillo no le tienen miedo a Estados Unidos, Menéndez dijo que “sí tiene respeto o no van a haber las consecuencias, creo que en breve tiempo puede faltarle el respeto a EE. UU. (…) Murillo es una gran parte del enfoque de la Ley Renacer, ella también es cómplice de lo que está pasando en Nicaragua”, sentenció.
Podría entrar en vigencia a mediados de julio
Partiendo de las declaraciones del senador Menéndez quien explica que después del receso de dos semanas del Congreso sus distritos y estados volverán a trabajar directamente con sus votantes para que el proyecto de Ley Renacer sea programado a votación lo más pronto, especialistas en Derecho Internacional consultados por LA PRENSA sugieren que de ser aprobado por el Senado, la legislación podría entrar en vigencia a mediados de julio.
El abogado y académico Harold Rocha, experto en Derecho Internacional, valora las declaraciones del presidente del Comité y señala que “el senador tiene toda la razón en la urgencia que se desprende del agravamiento de la situación en Nicaragua. Efectivamente, el pleno del Senado puede programar debate y votación en cuestión de días, si así lo decide”.
Enseguida, recordó que lo que estaría pendiente son los pasos de tramitación parlamentaria en la Cámara de Representantes, pero dado a los múltiples comunicados del congresista Albio Sires y varios de sus colegas, “es probable que veamos allí también una aceleración del trámite. Se entiende que los plazos para recuperar la ruta electoral se agotan”, afirma Rocha.
De ser aprobada por el Senado y la Cámara, Rocha, indica que “en cuanto la aprueben los plenos de ambas cámaras, se transmite al despacho del Presidente Biden, para su firma, y eso oficialmente la promulga como ley. Podría ser el mismo día. Si vemos avances en la Cámara de Representantes, así es, puede ser en el mes de julio. No tendremos que esperar mucho tiempo para saber si eso será así”.
Lo mencionado por Rocha, es respaldado por el analista internacional Carlos Murillo Zamora quien explica que el tiempo depende de dos factores: “el grado de consenso que exista entre las dos bancadas y relacionado con esto el interés para impulsar la aprobación y el otro factor es la presión que pueda haber desde el Departamento de Estado de Estados Unidos”.
A su criterio, cree que en este momento “hay bastante interés, por eso es probable que se apruebe rápido. Si, bien podría entrar a mediados de julio. Pero depende de si Biden la firma rápido”, precisó.
Los alcances que podría llegar a tener la ley
Uno de los principales alcance de la iniciativa de la Ley Renacer es la implementación y extensión de sanciones económicas al círculo familiar de Ortega y Murillo, funcionarios de la Policía, Ejército de Nicaragua, Consejo Supremo Electoral, miembros y funcionarios del FSLN —incluyendo sus familias—, personas o entidades financieras aliadas, y personas señaladas de corrupción en Nicaragua. Además ampliar las restricciones y fiscalizaciones a préstamos de instituciones multilaterales hacia el país.
La iniciativa solicita coordinar sanciones internacionales con sus aliados diplomáticos como Canadá, la Unión Europea, gobiernos de América Latina y el Caribe, para incrementar las sanciones financieras a personas involucradas en violaciones de derechos humanos y la obstrucción de elecciones libres, justas y transparentes en Nicaragua.
Además con la nueva enmienda el proyecto de Ley Renacer pide al poder ejecutivo estadounidense que revise la participación continua de Nicaragua en el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, Estados Unidos y República Dominicana (DR-Cafta). Asimismo, la aplicación de sanciones bajo la sección 231 de la Ley estadounidense para contrarrestar a adversarios a través de sanciones (Caatsa, por sus siglas en inglés), de tal manera, que el presidente Biden «impondrá 5 o más de las sanciones descritas en la sección 235 de esa ley con respecto a cada transacción identificada de conformidad con la revisión».
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A la vez, propone «mayor control de recursos para el régimen», a través de restricciones financieras internacionales al expandir la supervisión de los préstamos de instituciones multilaterales internacionales a Nicaragua, y reafirma las excepciones humanitarias.
Además promueve que Nicaragua sea agregada a la lista de países centroamericanos sujetos a restricciones de visas relacionadas con la corrupción. De la misma manera, requiere informes clasificados sobre la participación de familiares de Ortega y funcionarios del gobierno nicaragüense en la corrupción, así como sobre las actividades del gobierno ruso en Nicaragua.
También requiere informes sobre abusos a los derechos humanos y la persecución del régimen de Ortega a medios independientes en Nicaragua, cometidos por las fuerzas de seguridad nicaragüenses en el interior del país, desde que Ortega desató su represión.