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CONTENIDO EXCLUSIVO.La semana pasada, la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Antonia Urrejola, brindó un informe sobre la situación de Nicaragua ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA). El organismo se mantiene monitoreando de manera permanente al país. En entrevista con LA PRENSA, alertó sobre el aumento de la represión e hizo un llamado al presidente Daniel Ortega para la liberación de los detenidos.
¿Qué valoración ha hecho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la situación de Nicaragua?
Desde el inicio de la crisis en 2018, la CIDH viene realizando un seguimiento cercano a la situación en Nicaragua. Este año, en un contexto de impunidad generalizada, así como de cierre completo de espacios democráticos, la CIDH advierte un nuevo escalamiento de la represión en el país, particularmente en contra de personas y organizaciones opositoras, defensoras de derechos humanos y de la prensa independiente. Asimismo, hemos condenado la detención y criminalización de Cristiana Chamorro Barrios, Arturo Cruz Sequeira, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro García y Miguel Mora, quienes habían hecho públicas sus precandidaturas presidenciales.
Estas acciones, en definitiva, marcan la profundización de una nueva etapa represiva. Nos preocupa mucho que las recientes detenciones tengan por efecto disuadir e intimidar aún más a la población nicaragüense y condicionar las acciones de la oposición, en el contexto de las elecciones generales previstas para noviembre. En el 2020, cuando presentamos el Informe temático sobre las personas privadas de la libertad en Nicaragua, nos pronunciamos al respecto y formulamos varias recomendaciones al respecto. De acuerdo con el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, la CIDH conoce que más de 124 personas permanecen privadas de libertad de manera arbitraria.
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Todos estos eventos, sumados a la cancelación de la personería jurídica de dos partidos de oposición y el persistente hostigamiento y criminalización en contra de personas defensoras de derechos humanos, líderes y lideresas sociales y políticos, periodistas y medios de información independientes, continúan socavando la posibilidad de realizar elecciones libres, justas y transparentes, erosionando la confianza en las instituciones, profundizando el deterioro de las instituciones democráticas en Nicaragua.
¿Qué principios está violentando el gobierno de Daniel Ortega con el encarcelamiento de precandidatos presidenciales y opositores?
Para la CIDH, la persecución penal en contra de la precandidata, los precandidatos y personas opositoras presenta varios elementos que violan el derecho a la libertad personal, el principio de legalidad, la presunción de inocencia, el derecho a ser juzgado por un tribunal o juez imparcial, así como otras garantías del debido proceso.
A partir de nuestro trabajo de monitoreo, sabemos que el Estado no estaría garantizando a las personas procesadas el derecho a una defensa legal adecuada, debido a que no cuentan con acceso a sus abogados y representantes legales, y la mayoría se encuentra incomunicada. La CIDH también recibió información sobre la realización de audiencias “secretas”, sin representación legal, realizadas en instalaciones distintas a los juzgados y tribunales de Managua. De igual manera, nos preocupa la falta de efectividad de los recursos de habeas corpus o exhibición personal presentados, lo cual es gravísimo y deja a las personas y sus familias en completa incertidumbre sobre la situación de las personas detenidas.
Por otra parte, nuestro Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni) recibió información sobre obstáculos que enfrentan las familias y organizaciones de la sociedad civil a la hora de ingresar alimentos a las personas detenidas. En algunos casos, se presume que se encuentran en la Dirección de Auxilio Judicial, sin embargo, no existe claridad si todas las personas están en este centro; y que en ocasiones, solamente se permite el ingreso de alimentos líquidos o solo agua, y no hay certeza de su eventual entrega.
¿Qué establecen los tratados internacionales en materia de derechos humanos ante una situación como la de Nicaragua?
De manera general, quiero recordar que la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece la obligación para los Estados de respetar los derechos y las libertades reconocidos en ella, así como de garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción. Inclusive, los Estados al firmar y ratificar este instrumento se comprometen a tomar todas las medidas legislativas necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades. En el caso de Nicaragua, como hemos documentado ampliamente, desde el inicio de la crisis de derechos humanos en 2018, las acciones del Gobierno han impuesto un estado policial que mantiene suspendidos de facto los derechos y las libertades reconocidos en la Convención.
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Adicionalmente, en la coyuntura actual, me parece importante resaltar que, en materia de derechos políticos, el artículo 23 de la Convención Americana establece que todas las ciudadanas y los ciudadanos deben gozar del derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por representantes libremente elegidos; a votar y a ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de los electores; y a acceder a las funciones públicas de su país. Como hemos señalado reiteradamente, las normas aprobadas en materia electoral, la criminalización de opositores políticos y las demás acciones emprendidas en días recientes son contrarias a estas obligaciones.
En suma, el cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado nicaragüense inicia por restablecer urgentemente el Estado de Derecho, las instituciones democráticas y, con ello, el goce y la garantía de los derechos humanos de su población.
¿Cuáles son las recomendaciones de la CIDH ante un proceso electoral, en general, y cuáles serían para el caso de Nicaragua?
La Comisión Interamericana tiene un mandato muy específico de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región. Somos el órgano consultivo de la OEA en la materia. Desde esta perspectiva, la de los derechos humanos, la jurisprudencia de los órganos del sistema interamericano es muy clara: la democracia representativa es determinante en todo sistema del que la Convención Americana forme parte. A su vez, el respeto a los derechos políticos protegidos en la Convención Americana, así como en diversos instrumentos internacionales, propician el fortalecimiento de la democracia y el pluralismo político.
En este sentido, en varias ocasiones, la Comisión ha llamado al Estado de Nicaragua a dejar sin efecto toda normativa que limite arbitrariamente el ejercicio de los derechos políticos y las libertades públicas, así como a restablecer un ambiente de libertades y respeto a los derechos políticos, con el fin de asegurar la realización de elecciones libres y justas. Esto, según las recomendaciones realizadas por la comunidad internacional, incluida la Misión de Observación Electoral de la OEA en 2017, y las resoluciones del Consejo Permanente y de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos.
¿Se pueden valorar los niveles de represión y de violaciones a los derechos humanos en Nicaragua con base en los informes realizados por la CIDH? ¿En qué niveles estamos?
Como mencioné, la Comisión ha documentado ampliamente las diferentes etapas de la represión en el país. Todas ellas con características e intensidades distintas. Lo que ocurre en el presente año es un escalamiento muy intenso de esta represión, mismo que ocurre en un clima de profundo deterioro de las libertades públicas en el país. Un dato que puede ser representativo sobre la gravedad de la situación de derechos humanos en Nicaragua, es el incremento del número de solicitudes de medidas de protección recibidas por este organismo internacional. En lo que va del 2021, la CIDH ha recibido 27 solicitudes de medidas de protección de personas nicaragüenses, la mayor parte presentadas el mes de junio, en comparación con las 26 solicitudes recibidas en todo el año 2020. Desde 2018, la CIDH ha adoptado más de 100 resoluciones solicitando a Nicaragua la adopción de medidas cautelares para proteger la vida e integridad personal de cientos de personas y sus núcleos familiares en varios asuntos.
¿La CIDH ha continuado gestiones para regresar oficialmente a Nicaragua? ¿Cuál ha sido la respuesta del Gobierno?
La Comisión Interamericana, a través de su Meseni se mantiene a disposición para regresar al país a monitorear en el terreno la situación de los derechos humanos y cooperar técnicamente en todo lo que pueda contribuir con la restitución de las garantías democráticas y de derechos humanos. Esto lo hemos manifestado en diferentes foros y comunicados de prensa, así como en nuestros informes.
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¿Qué mensaje le enviaría Antonia Urrejola al presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo?
Concretamente, exhortaría al Estado de Nicaragua a que libere inmediatamente a las personas detenidas de manera arbitraria, así como a cumplir con las recomendaciones formuladas por la CIDH orientadas al respeto de los derechos humanos y las instituciones democráticas, a garantizar las elecciones libres y transparentes, y superar la impunidad en que permanecen las graves violaciones a los derechos humanos registradas desde 2018, ello con el fin de alcanzar una auténtica reconciliación nacional.
Abogada chilena
Antonia Urrejola, de 52 años, es abogada por la Universidad de Chile con postítulo en Derechos Humanos y Justicia Transicional. Fue elegida comisionada de la CIDH en 2017 para un período de cuatro años y elegida presidenta del organismo en marzo de 2021. Es relatora para Nicaragua y Colombia. Casada y madre de cuatro hijos, una mujer y tres hombres.
Fue asesora en derechos humanos de la Presidencia de Chile, especialmente en la elaboración y tramitación de proyectos de ley relacionados con institucionalidad de derechos humanos, infancia y diversidad sexual.
Con el retorno a la democracia en Chile, trabajó en la recién creada Comisión Especial de Pueblos Indígenas, y posteriormente en el Ministerio de Bienes Nacionales y el Ministerio de Planificación y Cooperación, especializándose en derechos de los pueblos indígenas. Fue asesora del Ministerio del Interior, relacionándose con el Programa de Derechos Humanos y los temas de Memoria, Verdad y Justicia; participando en la elaboración y tramitación de diversos proyectos de ley sobre instituciones nacionales de derechos humanos, prisión política y tortura, entre otros.
Ha sido también consultora de organismos internacionales. Fue asesora principal del exsecretario general de la OEA entre 2006 y 2011. Ha sido profesora invitada en diversas instituciones y universidades.