Los dirigentes del partido Unión Democrática Renovadora (Unamos), antes Movimiento Renovador Sandinista (MRS), Suyén Barahona, Ana Margarita Vijil, Dora María Téllez, Víctor Hugo Tinoco y Hugo Torres, los tres últimos exguerrilleros sandinistas cumplen este martes 13 de julio, un mes de estar encarcelados o “secuestrados” en la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocida como el nuevo Chipote, según denuncian sus familiares.
Los cinco dirigentes fueron arrestados entre la mañana, mediodía y la noche del domingo 13 de junio. Previo a las detenciones, oficiales de la Policía asediaron y allanaron violentamente sus viviendas e incluso en las viviendas de los exguerrilleros Téllez y Torres los oficiales introdujeron drones.
Los familiares de los detenidos dijeron a LA PRENSA que hasta la fecha ni ellos ni los abogados han logrado ver a sus parientes. Denunciaron también que ya son más de 15 días en que las autoridades de El Chipote, solo les reciben agua. “Seguimos a punta de agua”, insistieron.
Preocupa la salud de Barahona
Peltier Barahona, hermano de la presidente de Unamos, dijo a este Diario que como familiares están sumamente preocupados por desconocer la situación de salud de Barahona. “Sin decirnos nada, mandaron a comprar un medicamento que se llama ansiolítico, y nosotros tememos que ella esté pasando por una situación bien compleja de ansiedad, u otra derivación de eso, porque tiene un mes sin ver a su familia, a su hijo, a su esposo”, señaló.
Además, denunció que legalmente han introducido solicitudes al Poder Judicial para poder ver a Barahona, sin embargo, no han obtenido respuesta. “Ayer la mamá de Suyén estuvo en las oficinas de Las Palmas de la Policía solicitando una visita familiar que no quiso ser recibida por las autoridades judiciales. Estamos presionando para que nos permitan verla, porque estamos preocupado por su salud”, dijo el hermano de Barahona.
Vijil y Téllez bajo régimen de aislamiento
Ana Lucía Álvarez Vijil, sobrina de Ana Margarita Vijil y Dora María Téllez, manifestó que el régimen mantiene a sus familiares bajo un cerco de aislamiento debido a qué “no sabemos información de ellas, Ortega mantiene un cerco en la DAJ, el Poder Judicial y la Fiscalía, que son las instancias en que nos hemos abocado a como corresponden pero no hemos obtenido respuesta para poderlas ver, bajo una visita familiar”.
También dijo que hasta el 12 de julio, sus parientes legalmente no tienen “ninguna acusación formal contra ellas, solo están siendo investigadas, es decir, está prisión preventiva, de oficio que les han dictado es para investigarla mientras el régimen fabrican los casos”.
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Álvarez remarcó que todos los martes y jueves, días de visitas en El Chipote, los familiares se quedan en las afueras del local pidiendo la visita para ver a sus detenidos, sin embargo, se les ha negado ese derecho. “Siempre la respuesta es no hay orden, y cuándo preguntamos ¿quién da la orden?, nos dicen ‘órdenes supremas'”, denunció.
También reprochó que las autoridades de la DAJ ahora les han exigido no colocar mensajes de ánimo a sus parientes. “Antes escribíamos sus nombres con mensajes por ejemplo, ‘Ana Margarita te queremos, tu familia te extraña’, porque nos dicen solo el nombre en masking tape (cinta adhesiva). Entonces el único contacto que tenían con el exterior eran nuestras letras, pero ahora las mantienen bajo régimen de aislamiento, como parte de la tortura psicológica”, indicó.
Tinoco está “secuestrado”
Arlen Tinoco, hija del exvicecanciller de Nicaragua, Víctor Hugo Tinoco, afirmó que su papá mañana cumple “un mes de estar secuestrado” puesto que hasta el momento no tienen ninguna información sobre él.
“Todavía no hemos tenido noticia de él, hemos hecho varias solicitudes a Auxilio Judicial para poder verlo, para que el abogado pueda verlo, pero todo ha sido en vano, no ha sido aprobado. En las últimas semanas solo nos están recibiendo agua”, describió Tinoco.
Añadió que por lo anterior “desconocemos como está de salud, y de condición física. De vez en cuando dejan pasar medicinas y artículos de aseo personal”.
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Sin ver a Torres
Hugo Marcel Torres, hijo del exguerrillero y general en retiro del Ejército, Hugo Torres, indicó que la situación de su padre es el mismo que semanas anteriores, puesto que “en El Chipote, no dejan verlo, no la ha visto ningún familiar ni su abogado”.
Agregó que “no se tiene status de su estado de salud” y menos de “su integridad física”. Torres es el único guerrillero sandinista que estuvo en las dos más grandes operaciones militares del FSLN contra Somoza: la toma de la casa de Chema Castillo y la del Palacio Nacional. Incluso él fue uno de los guerrilleros que participó en la operación para sacar a Daniel Ortega de la cárcel en 1974.
Arrestados e investigados bajo la Ley 1055
En comunicados por separado la Policía dijo que los opositores están siendo investigados por haber realizado “actos que menoscaban la independencia, la soberanía, y la autodeterminación, incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos, pedir intervenciones militares, organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización, proponer y gestionar bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras en contra del país y sus instituciones, demandar, exaltar y aplaudir la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos, y lesionar los intereses supremos de la nación”.
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Desde el 28 de mayo, el régimen ha detenido a 26 personas, las cuales llevan hasta este 13 de julio entre 46 y ocho días «secuestrados» o en condición de casa por cárcel. Entre los secuestrados están precandidatos presidenciales, lideres opositores, extrabajadores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, un exdirectivo de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Social (Funides) y un cronista deportivo que mantenía activa crítica a la función pública. La comunidad internacional y particularmente Estados Unidos ante las detenciones continúa ejerciendo presión sobre el régimen, con la imposición de sanciones a funcionarios, como la restricción de visa a miembros de la Asamblea Nacional y Poder Judicial.
Diferentes organismos de derechos humanos y gobiernos democráticos han denunciado que estas personas no han contado con un debido proceso y no cuentan con garantías mínimas, como poder comunicarse con sus familiares. Estos 26 presos políticos se sumaron a los más de 130 prisionero político que están en las cárceles desde el 2018.