Por segundo día consecutivo la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Nicaragua ha admitido otro recurso por inconstitucionalidad, ahora contra la Ley 1060, Ley de Reforma y Adición a la Ley No. 406, del Código Procesal Penal de la República. De la misma manera el poder judicial solicita al presidente de la República, Daniel Ortega, y al presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, presentar informes en un plazo de 20 días.
Los recursos contra esta ley fueron interpuestos por el abogado de Defensores del Pueblo, José Antonio López; la presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez; Giorgina Ruiz, también del Cenidh, y “otros diversos recurrentes”, según se lee en la cédula judicial de notificación emitida por Zamir Damha. Al final de los escritos se refieren los nombres de nueve magistrados de la CSJ.
López, uno de los que interpuso los recursos, dijo a LA PRENSA que el recurso interpuesto fue referente a la “ampliación de la detención de 90 días, que antes era de 48 horas”. Añadió que las “cuatro leyes que han sido señaladas duramente la CSJ le está dando trámite”.
Marcos Antonio Fletes y Walter Antonio Gómez Silva, excontador y exadministrador de la extinta Fundación Violeta Barrios de Chamorro, respectivamente, el pasado 29 de mayo, se convirtieron en los primeros perseguidos políticos por el régimen orteguista en recibir el periodo máximo de detención de 90 días, tras una reforma al Código Procesal Penal en febrero de este año, que contemplaba antes un lapso máximo de 48 horas.
Ortega y Porras deben presentar informes
“Concédale al doctor Gustavo Eduardo Porras Cortés y al excelentísimo señor presidente de la República de Nicaragua, Comandante José Daniel Ortega Saavedra y a la Procuradora General de la República, licenciada Wendy Carolina Morales Urbina, el plazo de 20 días para que se apersone ante este supremo tribunal rinden informe”, dicta la notificación. En el caso de Ortega, será a través de Martha Ruiz, ministra asesora para Políticas y Asuntos Internacionales, y en el caso de Porras, mediante la diputada y secretaria de la Asamblea, Loria Raquel Dixon.
En dos días, la CSJ ha admitido cuatro recursos por inconstitucionalidad contra el combo de leyes represivas que aprobó el régimen en los últimos dos años, como la Ley de Agentes Extranjeros, Ley de Ciberdelitos y Ley de Soberanía.
Núñez: “Retardación de justicia”
La abogada y presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez, fue una de los ciudadanos que interpuso en su momento recursos por inconstitucionalidad, y dijo a este Diario que a su criterio los recursos debieron ser admitidos en brevedad.
“Debían haber admitido el trámite el 10 de abril máximo, esto significa que hay una evidente retardación de justicia como lo hay en todos los recursos que se han interpuesto ante la CSJ, está resolución que tardíamente está dictando no significa que ha resuelto la petición si no que inicia solamente el trámite que le pide a Ortega y Porras, que rindan un informe sobre todas las quejas que nosotros planteamos en el recurso. Eso que está haciendo hoy se debió haber hecho el 10 de abril, hay un retraso de tres meses”, denunció Núñez.
“Están trabajando sobre machotes”
Enseguida la defensora de derechos humanos describió que este jueves recibieron la cédula judicial a eso de las 11:40 minutos de la mañana y que dicha notificación tiene irregularidades. “Vemos que está mala porque aparentemente están trabajando sobre machote, entonces la cédula tiene dos páginas que la primera está bien pero la segunda no corresponde con la anterior, por eso yo pienso que están actuando con machote no se notifica a Vilma, Giorgina, sino que solo aparece ahí Julio Montenegro y Antonio López, o están cambiando cambiada las notificaciones o están haciendo un machote”, indicó Núñez.
Además añadió que para ella “la notificación no vale” y por ende, señala, que “nos van a obligar a ir a comparecer cuando la CSJ abra, con la copia de los papeles que les dejaron a señalar el error. Solo es el trámite”, insistió.
Aprobación de la reforma
El 3 de febrero de 2021, los diputados, de mayoría oficialista, en la Asamblea Nacional aprobaron la Ley 1060, Ley de Reforma y Adición a la Ley 406, o Código Procesal Penal de Nicaragua (CPP), que permite tener hasta por un periodo de 90 días detenida a una persona que esté siendo procesada. Dos días después la reforma entró en vigencia y luego los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) orientaron los detalles de su aplicación a jueces y magistrados de los tribunales de apelaciones.
Para decretar la prisión preventiva de 90 días, los jueces deben realizar una audiencia especial de tutela de garantías constitucionales que, según la CSJ, tiene como naturaleza tutelar los derechos y las garantías del imputado y tendrá como finalidad resolver la solicitud de Fiscalía de ampliar el plazo para investigar y sobre la detención judicial, así como garantizar la defensa del imputado. Abogados y familiares de los detenidos han denunciado que esta audiencia se ha realizado sin previo aviso y en ausencia de los defensores.
