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CONTENIDO EXCLUSIVO.El lunes reciente, en la conmemoración del 19 de julio, Daniel Ortega anunció que en agosto próximo se aplicará un ajuste del cinco por ciento en el salario de los trabajadores del Estado, después de tres años y siete meses de estar congelado. Sin embargo, ese aumento será insuficiente para recuperar el poder adquisitivo de los empleados del sector público, explicaron economistas consultados por este Diario.
“El deterioro observado en el poder de compra de los empleados gubernamentales entre abril de este año, que es el último dato publicado del salario del empleo formal, y marzo del 2018 es 10.98 por ciento. Este ajuste (del cinco por ciento) prácticamente es un poco menos de la mitad de lo requerido, estamos hablando de un 40 por ciento del ajuste requerido”, dijo el economista Néstor Avendaño.
“El ajuste requerido en su poder adquisitivo hubiese sido de 12.34 por ciento, para eliminar un deterioro acumulado de 10.98 por ciento, pero el anuncio presidencial fue de cinco por ciento”, añadió Avendaño.
Todos los trabajadores, tanto del sector privado como del público, desde el 2018 comenzaron a ver un deterioro de su poder adquisitivo. En el caso de los trabajadores del sector público se vieron afectados por el congelamiento del salario, esto debido al estallido social que provocó que los ingresos del régimen cayeran, pero este año a diferencia de otros, Ortega ha visto una recuperación en los ingresos tributarios, que hasta marzo de este año sumaron 25,647.4 millones de córdobas, 4,296 millones más que en el 2020, cuando captó 21,351 millones de córdobas.
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Además, este año Ortega ha recibido oxígeno de recursos externos, de préstamos que ha captado en concepto de asistencia humanitaria, lo que ha provocado que acumule un récord en sus depósitos en el Banco Central, los que hasta mayo alcanzaron los 31,000 millones de córdobas.
“Estamos hablando que este ajuste es solamente para 113,975 trabajadores del gobierno central, para ser más específico eso representa el 15 por ciento del total del empleo formal, el restante 85 por ciento está en las actividades privadas, ahí no hay ajustes salariales”, dijo Avendaño.
Ortega anunció este ajuste el pasado 19 de julio de manera confusa. Dijo que iba a incrementar el presupuesto un cinco por ciento, pero ayer, martes, Rosario Murillo, vicepresidenta designada de Nicaragua, dio a conocer durante su interlocución de mediodía que será un ajuste para todos los trabajadores del Estado, lo cual significaría para el presupuesto 675 millones de córdobas.
Por ejemplo, si un docente de secundaria gana 9,560 córdobas, con el ajuste del cinco por ciento, su salario incrementaría a 10,038 córdobas, es decir 478 córdobas adicionales que se aplicarán en agosto.
De igual forma, si un policía gana 6,700 córdobas al mes, con el alivio del cinco por ciento recibiría 7,035 córdobas, 335 córdobas más.
Para los trabajadores de la educación y salud, el deterioro fue aún más progresivo, puesto que hasta el 2017 estos trabajadores recibían un complemento salarial denominado “bono solidario”.
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Este aumento se da luego de que en marzo se le incrementó un tres por ciento al salario mínimo a 17, 500 funcionarios públicos, dio a conocer Rosario Murillo el pasado 23 de marzo, según el sitio web oficialista El 19 Digital.
Ajuste debió pasar por la Asamblea
Ortega dijo en su discurso que ese ajuste del cinco por ciento se dio precisamente porque ha habido un control en el gasto y la recaudación en el sector empresarial ha mejorado.
“Podemos anunciar con todo orgullo, que gracias a este pueblo a partir del mes de agosto se pone en práctica un ajuste del presupuesto de cinco por ciento; esto incluye lógicamente los salarios básicos, antigüedad, otros devengados, aguinaldos, aportes patronales, e Inatec. O sea, vamos a finalizar este año y arrancar el próximo año con ese incremento. ¿De dónde sale eso? De la disciplina en el control del gasto, en la recaudación”, anunció Ortega.
A criterio de los economistas consultados, para que se haga efectivo este ajuste se tuvo que haber enviado a la Asamblea Nacional una reforma al Presupuesto General de la República.
“Legalmente todo ajuste presupuestario tiene que ser aprobado por la Asamblea; de hecho, normalmente hacen dos reformas presupuestarias, no es inusual que hagan una este mes o en agosto y vuelvan a hacer otra tipo octubre”, refirió el economista Enrique Sáenz.
Sáenz explica que antes los salarios de los trabajadores del Estado se ajustaban conforme al deslizamiento de la moneda nacional, que en el 2018 aún se mantenía en el cinco por ciento.
“Como estaba en vigencia la política del deslizamiento del cinco por ciento, la devaluación del córdoba con respecto al dólar, entonces a partir de enero de cada año ajustaban, por así decirlo, se ponían al día con el deterioro del salario de los trabajadores del Estado, entonces eso iba incorporado en el presupuesto. No era un ajuste del presupuesto en general, sino que de la masa salarial contemplada en el presupuesto para los trabajadores del Estado, pero desde el 2018 no lo habían realizado, es decir, en el 2017 lo aprobaron para hacerlo efectivo en el 2018 y no lo cumplieron, de tal forma que los trabajadores del Estado se quedaron sin su ajuste en 2018, 2019, 2020 y 2021”, sostuvo.
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Aumento de la canasta básica
El economista y sociólogo Óscar René Vargas considera que esta medida solo es para ganar clientelismo político en un año electoral.
“Es una medida electoral para beneficiar a los más de 113,000 trabajadores formales del Estado, maestros, trabajadores de salud, etcétera. Es decir, no hay una verdadera recuperación del poder de compra de los trabajadores formales con relación a enero de 2018. Por lo tanto, es una medida electoral, no es una medida real que busque como recuperar el poder de compra perdido desde el 2018. Por lo tanto, si solamente recuperan el cinco por ciento, los trabajadores siempre van a seguir sin tener la capacidad de comprar la canasta básica, porque esta se ha incrementado a un ritmo mayor que el reajuste salarial”, sostuvo Vargas.
Entre enero y junio de este año la canasta básica ha aumentado un 5.3 por ciento, pero si se compara junio de 2020 con marzo de 2018, antes de la crisis sociopolítica, se observa un aumento del 15 por ciento que no compensaría el ajuste anunciado por el gobierno.
“Según el Banco Central de Nicaragua, el precio de la canasta básica a finales de diciembre de 2017 era de 13,331.96 córdobas mensuales. Luego en diciembre de 2018 llegó a 13,564 córdobas. Más tarde, el costo de la canasta básica pasó de 14,526.34 córdobas a finales de diciembre de 2020 y, finalmente, a 15,305.34 córdobas cerrando junio de 2021. Es decir, entre enero de 2018 y junio de 2021 la canasta básica incrementó su costo en 1,973.38 córdobas”, dijo Vargas.
A criterio de Avendaño, esto más que todo es un alivio, que al menos compensaría la inflación de un año.
“En conclusión, se puede decir que los empleados públicos han recibido (recibirán) un alivio en su poder de compra, y por lo menos yo diría que compensa la inflación subyacente que en este momento es de 4.5 por ciento interanual; cuando le digo inflación subyacente, estamos sacando del IPC (Índice de Precios al Consumidor), los precios de los combustibles y de los alimentos, que son muy volátiles. Así que el ajuste aprobado por la Presidencia de la República para los empleados públicos que tiene que ser informado a la Asamblea Nacional, yo diría que es levemente mayor que esta inflación subyacente que se observa en el mes de junio; está compensado por lo menos la inflación de un año de tres años”, agregó Avendaño.