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Daniel Ortega junto a Salvador Sánchez Cerén, en Managua en abril del 2014. LA PRENSA/Archivo

Expresidente salvadoreño Salvador Sánchez Cerén y su familia gestionan nacionalidad nicaragüense, denuncia diputado de ese país

La Fiscalía salvadoreña ordenó el arresto de Sánchez Cerén y nueve funcionarios más por el supuesto delito de lavado de dinero y corrupción

El diputado salvadoreño Caleb Navarro publicó la tarde de este lunes en su cuenta de Twitter que el expresidente salvadoreño Salvador Sánchez Cerén y su familia han solicitado la nacionalidad nicaragüense.

El mismo tuit fue compartido en su cuenta por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele.

La Fiscalía salvadoreña ordenó el arresto de Sánchez Cerén y nueve funcionarios más por el supuesto delito de lavado de dinero, peculado y corrupción, durante se desempeñó como vicepresidente del país en el gobierno de Mauricio Funes (2009-2014).

“Ortega le está dando cobertura a un camarada de viaje, son de la misma hechura, están cortados con la misma tijera, etcétera. Y ese es el problema que si sos de izquierda y te acusan de un delito, entonces es mentira porque sos de izquierda, eso no debe ser así, eso debe trascender. Lo mínimo que debería exigir es tener una investigación para ver de qué se le acusa y cómo, no proteger a una persona que la están persiguiendo en otro país. Las fidelidades ideológicas son muy peligrosas en cualquier lado y en cualquier área”, consideró el politólogo José Antonio Peraza.

El pasado 22 de julio, el Ministerio Público de El Salvador giró una orden de captura contra Sánchez Cerén, en su carácter de vicepresidente de la República durante el gobierno de Funes. En una operación conjunta, esta institución con las fuerzas de seguridad capturaron a cinco exfuncionarios del gobierno de Funes.

El fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, confirmó en conferencia de prensa la captura de Violeta Menjívar, exministra de Salud; Juan Ramón Carlos Enrique Cáceres Chávez, exministro de Hacienda; Calixto Mejía, exviceministro de Trabajo; Hugo Alexander Flores Hidalgo, exviceministro de Agricultura y Ganadería, y Erlinda Handal Vega, exviceministra de Tecnología.

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Ortega protegió a Funes

Menjívar, Mejía, Flores y Handal son prominentes dirigentes y militantes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), un partido político formado a partir de varios grupos guerrilleros que gobernó el país entre 2009 y 2019 con los presidentes Funes y Sánchez Cerén.

El 30 de julio de 2019, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo otorgó la nacionalidad nicaragüense al prófugo de la justicia salvadoreña y acusado por actos de corrupción, Mauricio Funes, y a su familia asilada en el país.

El anuncio de la nacionalidad se hizo efectivo mediante la resolución número 3119, publicada en La Gaceta, diario oficial, que entró en vigencia en la fecha antes mencionada; sin embargo, fue autorizada con fecha del 15 de julio por el comandante de brigada Juan Emilio Rivas Benítez, quien es director general de Migración y Extranjería de Nicaragua.

“Todo obedece a la opinión del mandamás, si este dice que se recibe (en el país), sin importar que haya cometido todos los crímenes del mundo, pues se recibe y ese es el problema de que no estamos en estado de derecho. Por eso urge volver a un estado de derecho y mejorarlo, porque nunca ha sido gran cosa tampoco… el problema no está en Funes ni en Sánchez Cerén, sino que está en cómo vemos los nicaragüenses, en este caso, la forma de hacer política de Ortega”, dijo Peraza.

En mayo de 2019 se conoció que Funes Cartagena y su hijo Diego Roberto Funes Cañas no solo están exiliados en Nicaragua, sino que también son empleados del Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua, con salarios por encima de la paga promedio que recibe un trabajador del Estado que, según datos del Banco Central de Nicaragua, hasta febrero de este año se situó en 11,761.2 córdobas.

Funes Cartagena recibe un salario superior a los 90 mil córdobas como empleado de la Cancillería nicaragüense, mientras que el de su hijo es de 47,250 córdobas, que corresponde a un funcionario administrativo.

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