A nivel de Centroamérica, los indicadores económicos de Nicaragua han sido los menos castigados por la pandemia, pero la crisis sociopolítica ha sido más devastadora que la crisis sanitaria, según concluyó el Sexto Informe Estado de la Región, el cual insiste que el potencial agropecuario nicaragüense solo se podrá aprovechar si se logran crear las condiciones para darle el impulso necesario y acelerar el crecimiento económico.
Alberto Mora Román, coordinador de investigación de dicho informe, explicó a LA PRENSA que es probable que la economía nacional no siga retrocediendo a niveles vistos en décadas anteriores. “La economía de Nicaragua ha sufrido durante los últimos años una contracción muy importante asociada a la crisis política que se originó a partir de abril de 2018, pero incluso en estas condiciones vimos que el año pasado, en la coyuntura de la pandemia, el sector agropecuario nicaragüense logró crecer en algunos meses. Entonces es un país con un enorme potencial productivo, lo que hace falta es generar las condiciones para que sea aprovechado de la mejor manera”, indicó.
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“Ciertamente, las condiciones político-institucionales son fundamentales en la generación de negocios para echar a andar proyectos productivos y para aprovechar ese potencial. Lamentablemente, la evolución reciente no nos da pronósticos muy optimistas, pero esperaríamos que haya un cambio de rumbo para favorecer una evolución positiva, no solo para generar crecimiento económico, sino para mejorar las condiciones de empleo y de ingresos de la población nicaragüense”, aseveró.
“Ya de por sí la economía nicaragüense tenía un serio estancamiento desde antes, entonces el hecho que no cayera (el Índice Mensual de la Actividad Económica) durante la coyuntura de la pandemia no quiere decir que estuviera bien, incluso estuvo peor”, puntualizó Mora.
La afectación de la pandemia fue general en todos los ámbitos, pero claramente mayor en el sector de hoteles y restaurantes y menor en el agropecuario, e incluso llegó a crecer en Nicaragua y Guatemala, durante algunos meses del año pasado.
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De hecho, los efectos de la pandemia en el mercado laboral y los ingresos de los hogares provocaron rápidos aumentos de la pobreza en todos los países, donde se revirtieron los logros alcanzados en años anteriores.
El documento indica que, de acuerdo con las estimaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), en el 2020, cuatro de los siete países de la región tuvieron niveles de pobreza superiores al 37 por ciento, el promedio de América Latina y el Caribe.
Por otro lado, también dio a conocer que durante 2020 “se destruyeron cerca de 10 millones de empleos en la región, una disminución del 13.8 por ciento respecto a la cantidad de empleos registrada en 2019 y que afectó severamente los ingresos de las familias centroamericanas y dominicanas”.
De esta forma, el año pasado, todos los países de la región experimentaron un incremento en los niveles de pobreza, siendo el principal afectado El Salvador, pasando de 33.7 por ciento en 2019 a 40.2 por ciento en 2020, esto a pesar que dicho Gobierno impulsó medidas masivas de protección y apoyo a la población.
De hecho, durante 2020 “la pobreza afectó a la mitad de la población de Honduras (59 por ciento), Guatemala (51.6 por ciento) y Nicaragua (52.7 por ciento), mientras que en El Salvador perjudicó a un 40 por ciento y en Costa Rica, Panamá y República Dominicana, a alrededor del 20 por ciento de los ciudadanos”, puntualizó.
En el caso de la pobreza extrema, con excepción de Costa Rica, Panamá y República Dominicana, en el resto de los países más del 10 por ciento de la población estaba viviendo bajo esta condición, la cual implica, específicamente, una insuficiencia de ingresos para adquirir los productos de la canasta básica.
El informe también señala que por primera vez en muchos años, en el 2020 el número de homicidios registró una disminución en todos los países, excepto en Costa Rica. “La tasa de homicidios se redujo a nivel regional de 30.7 por cada 100,000 habitantes en 2019, a 21 por cada 100,000 en 2020”, se lee en el documento.
¿Recuperación económica en el istmo es sostenible?
A criterio de Mora, la pandemia llegó a evidenciar y agudizar debilidades estructurales que la región ya poseía, “pero creo que también nos brinda la oportunidad de pensar ciertas cosas, dentro de ellas, por ejemplo, la configuración de nuestras economías”.
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“En general, estamos hablando de economías poco sofisticadas, con poca capacidad para generar valor agregado a la producción, y en la coyuntura en la que estamos sería importante para repensar las apuestas productivas que vamos a generar desde los países, pero también regionalmente, de cara a la recuperación económica debido a los efectos de esta pandemia”, señaló.
Añadió que el nivel de productividad que genera cada persona que está activa en el mercado laboral es muy bajo y que en algunos países de la región es necesario aumentar estos niveles, por lo que se requiere elevar el grado educativo de la gente que está en edad productiva. También añadió que es importante que la inversión privada de los sectores empresariales apueste por nuevas formas de generar empleo en actividades de mayor valor agregado.
“Esto es fundamental, sobre todo en el contexto global que tenemos, a las puertas de la cuarta revolución industrial, que ya es una realidad en el mundo y en Centroamérica. Aunque nos parezca muy lejano esto de la globalización de la producción de la inteligencia artificial, en todos nuestros países ya hay empresas que forman parte de esas cadenas globales de valor; entonces creamos o no, nos va a impactar y tenemos que prepararnos para lograr aprovechar las oportunidades que brinda esa transformación tecnológica”, recalcó.
Nicaragua es considerada como “régimen autoritario”
La pandemia de Covid-19, el deterioro institucional y la agudización de la insostenibilidad ambiental de los últimos años han provocado que Centroamérica y República Dominicana se encuentren en la peor crisis de las últimas tres décadas, refirió el informe.
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Los resultados indican que durante los últimos años fueron claros los retrocesos en materia institucional y democrática, especialmente en Nicaragua, Honduras y El Salvador. Específicamente mencionan que de acuerdo con el Índice de Democracia, que calcula The Economist, en el 2020 hubo un deterioro progresivo en toda la región, excepto en Costa Rica y Panamá.
Dichos retrocesos llevaron a una reclasificación de los sistemas políticos en la región. Por ejemplo, El Salvador pasó de la categoría de “democracia imperfecta” a “régimen híbrido”, calificación que también tiene Honduras. Por su parte, Nicaragua es considerada como “régimen autoritario”. Asimismo, Panamá y República Dominicana se conocen como “democracias imperfectas”.
Mora explicó a LA PRENSA que en el caso de Nicaragua, esta clasificación indica que el país posee “un sistema político donde no existe posibilidad de tener pluralismo, o sea, de pensar o asumir posiciones distintas a las oficiales”.
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Siguiendo esta línea, el investigador añadió que “es un sistema político donde se han visto limitados los procesos electorales. No son considerados como libres y justos, que es parte de los principios democráticos, además del respeto de la voluntad popular y, por supuesto, el pluralismo que se requiere para un proceso electoral, donde haya libre competencia de las distintas fuerzas políticas que tienen interés de participar”.
De hecho, el informe constató que el esfuerzo para democratizar los sistemas políticos existentes no produjo más demócratas en la región. Por el contrario, durante el presente siglo, en todos los países hubo una inclusión de personas más escépticas con relación a este tema, los llamados “ambivalentes”.
Estos constituyen el mayor grupo entre la ciudadanía de la región, pero Nicaragua fue el único caso atípico del istmo, porque no mostró variaciones significativas entre los perfiles de quienes apoyan o adversan a la democracia. “El porcentaje de personas ambivalentes se mantuvo en un 25 por ciento durante el periodo observado”, reveló el informe.
Al respecto, Mora comparte que el caso de Nicaragua es “muy particular”. Agregó que se aplicó una encuesta a inicios de este año para conocer cuál era el nivel de afectación que tenía la población como consecuencia de la pandemia.
“Una de las preguntas que planteamos fue si consideraban que la dirección o el rumbo del país era correcto o equivocado y, en el caso de Nicaragua, lo que encontramos es que más o menos la mitad de la población considera que el rumbo del país es correcto y la otra mitad, que el rumbo del país es equivocado”, indicó.
Esta situación es casi similar a la que se encontró en República Dominicana, pero muy distinta a la de la mayor parte del resto de países de Centroamérica. Por ejemplo, en El Salvador, la mayor parte de la población considera que el rumbo que lleva el país es equivocado.
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En el caso de Nicaragua, “esto refleja una polaridad importante, que es muy probable que se vaya a expresar en la coyuntura político-electoral, claro está con las diferencias y las condiciones muy particulares que van a estar vigentes en este proceso en el país, debido a las restricciones que se han planteado a la libre competencia electoral de varias de las fuerzas opositoras al Gobierno”, aseguró.
“Esta es una coyuntura sobre la cual no hacemos un análisis, porque es algo que sucedió después de cerrado el proceso de investigación del informe, pero lo que sí estamos señalando, tanto en Nicaragua como en Honduras y Guatemala, es el deterioro en el frente de la democracia electoral, a la luz de los señalamientos que han venido haciendo las misiones de observación internacional sobre este tema y además, debido a la evidencia de falta de independencia de los órganos supremos electorales”, enfatizó.
El periodo de análisis de esta sexta edición del informe son los años comprendidos entre el 2015 y el 2019. Sin embargo, también se incluyó información y análisis sobre el 2020 y en algunos casos específicos, los primeros meses de 2021, debido a la pandemia de Covid-19 y a la celebración del bicentenario de la independencia este año, aseveró Jorge Vargas Cullell, director del Estado de la Nación, durante la presentación de dicho documento.
Asimismo, compartió que actualmente se ha hecho “un gran esfuerzo por colocar en el centro del análisis del progreso económico y social, temas como la exclusión social, la productividad, el cambio climático, las fuentes de aguas, los procesos democráticos, la huella ecológica, entre otros”.
Flujos migratorios en la región
El informe asegura que Nicaragua es uno de los casos recientes más visibles donde la violencia política de grupos militares y paramilitares contra opositores a la administración de turno ha causado un éxodo de personas desde abril del 2018.
“Lo que vimos con la crisis de 2018 fue un éxodo importante de población, fundamentalmente jóvenes saliendo del país de cara a proteger su integridad física y esto implica la pérdida de recurso humano joven y calificado, porque la mayor parte de la población que salió en aquel momento y en los meses posteriores, tenían un alto nivel educativo”, recalcó.
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Continuó agregando que si se llegara a concretar una nueva salida de nicaragüenses, la situación “frenaría las capacidades del mercado laboral de Nicaragua porque reduciría el recurso humano disponible, sobre todo un recurso humano con alto nivel educativo”.
Solo entre 2019 y 2020, la cantidad de nicaragüenses solicitantes de refugio pasó de 32,000 a 67,000, de acuerdo con datos de Acnur, la Agencia de la ONU para los Refugiados.
El informe también revela que los Estados centroamericanos han sido parte del problema que agrava el fenómeno migratorio, pues no han atendido de manera coordinada los desplazamientos poblacionales originados en el istmo.
¿Cuáles son las acciones que deberían tomar para revertir esta situación?
“La mejor política migratoria es una buena política de desarrollo, que amplíe las oportunidades de bienestar, salud, empleo y buenas condiciones de vida, para que la gente no tenga que abandonar sus países, sus familias y su entorno en busca un mejor futuro”, dijo Mora.
“Creo que los países de la región podrían hacer mucho más de lo que están haciendo en este momento para generar condiciones adecuadas para proteger los derechos de las personas migrantes de sus países, en los principales lugares de destino de esa población, por ejemplo, facilitando servicios consulares que les permitan tener acceso a realización de trámites de documentos de identidad y, por supuesto, tratando de tener registros y contactos con esas personas, en aras de ayudarles a regularizar su situación”, recomendó.