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desde que nuestras instalaciones fueron tomadas y nuestro gerente general Juan Lorenzo Holmann fue detenido.

con las instalaciones tomadas y nuestro gerente general Juan Lorenzo Holmann detenido.

Asamblea Nacional. LA PRENSA/ARCHIVO.

Estas son las 34 organizaciones civiles a las que el régimen Ortega Murillo les ha arrebatado la personería jurídica

Para Vilma Núñez, presidenta del Cenidh, la reciente arremetida es el resultado de la amenaza que hizo Hernán Estrada, anterior procurador general de la República, a las oficinas del Cenidh: "Si Daniel Ortega quiere, no dejará piedras sobre piedras".

Desde diciembre del 2018, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, a través de la Asamblea Nacional, dominada por más de 70 diputados a fines al orteguismo, emprendió una «campaña de demolición jurídica» contra las organizaciones civiles en Nicaragua.

Según la defensora de derechos humanos y presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez, hasta la fecha son 34 las organizaciones que se han quedado sin personería jurídica: nueve en 2018; una, en 2020; y 24 este martes, 28 de julio.

El régimen también despojó de su personería jurídica, en diciembre de 2018, al Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. Núñez dijo a LA PRENSA que la arremetida del régimen en contra de las ONG es «el resultado de la amenaza que hizo Hernán Estrada, anterior procurador general de la República, a las oficinas del Cenidh: ‘Sí Daniel Ortega quiere, no dejará piedras sobre piedras‘».

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Por otro lado, la defensora de derechos humanos señaló que la acción del régimen a su criterio es «la gota que está rebasando el vaso, y es una acción perversa y grotesca», debido a que refleja «la descomposición mental, anímica de Ortega y Murillo».

Para Núñez, el impacto de la cancelación de las personerías jurídicas es directamente hacia los nicaragüenses, y toma de referencia el arrebato a 15 asociaciones médicas. «Es peor que matar a una persona, están prácticamente conscientemente exponiendo a las personas a la muerte, y esa es la consecuencia más grave de toda esta persecución y represión», subrayó.

15 organizaciones con fines médicos

Este miércoles, 28 de julio, la Asamblea Nacional, con el voto de 72 diputados afines al régimen, aprobó la suspensión de la personería jurídica de 24 organizaciones de la sociedad civil —15 de ellas con fines médicos— y también confiscó los bienes de las que en sus actas constitutivas no tenían previsto el destino de estos en caso de desaparecer.

Ese decreto de anulación de la personería jurídica a 24 organizaciones entrará en vigencia a partir de su publicación en el diario oficial La Gaceta y ordena al Ministerio de Gobernación que en un plazo no mayor de 72 horas, proceda a la «cancelación de la inscripción respectiva» de cada organización, «sin costo alguno». Las ONG afectadas son:

  • El Centro de Estudios y Promoción Social (CEPS), con personería jurídica desde el 30 de abril de 1990.
  • La Asociación de Padres de Familia y Educadores del Colegio Calasanz de Managua (APEC), con personería desde enero de 1968.
  • La Asociación Pro Ayuda a Enfermos con Insuficiencia Renal Crónica-Las Segovias (Acirc), con personería desde enero de 2011.
  • La Asociación Nicaragüense de Nefrología (Aninef), con personería desde julio del 2010.
  • La Asociación Internacional por la Salud Nicaragua (AIS Nicaragua), con personería desde agosto de 1999.
  • La Asociación Nicaragüense de Diabetología (Anidiab), con personería desde marzo del 2012.
  • La Asociación Nicaragüense de Neumología (Anine), con personería desde octubre del 2007.
  • La Asociación Nicaragüense de Climaterio y Menopausia, con personería desde marzo del 2003.
  • La Asociación Hogar de Esperanza, con personería desde febrero de 2004.
  • La Asociación Urológica de Nicaragua (Asunic), con personería desde agosto de 2008.
  • La Fundación Pier y Antonio Ferreiro, con personería desde julio de 1996.
  • La Club Social de Juigalpa, con personería desde mayo de 1948.
  • La Asociación de Pobladores del Residencial Lomas de Montevideo (Aprolom), con personería desde octubre de 2016.
  • La Asociación Liga Nacional Contra la Leucemia y el Cáncer en el Niño Julio Cortázar, con personería desde junio de 1990.
  • La Asociación Sociedad Nicaragüense de Medicina General (Sonimeg), con personería desde abril del 2007.
  • La Asociación Nicaragüense de Fomento Social.
  • La Asociación Médica Nicaragüense (AMN), con personería desde noviembre de 1996.
  • La Asociación Nicaragüense para el Estudio y Tratamiento del Dolor (Anetd), con personería desde octubre de 2014.
  • La Asociación Nicaragüense de Dermatología y Sifilología (Asonidefi), con personería desde abril de 1996.
  • La Asociación Nicaragüense de Anestesiología y Reanimación (Anare), con personería desde noviembre de 1996.
  • La Asociación Nicaragüense de Infectología (ANI), con personería desde octubre de 2008.
  • La Asociación Nicaragua para Todos, Todo para Nicaragua (Anictonic), con personería desde noviembre de 2000.
  • La Asociación Nicaragüense de Psicólogos (Anips), con personería desde septiembre de 1981.
  • La Fundación Siglo XXI, S-XXI, con personería desde julio de 1994.

La cancelación de las personalidades jurídicas de las organizaciones, muchas de ellas con más de medio siglo de existencia, se aprobó mediante la anulación de los decretos con los que se les había otorgado su estatus legal.

En 2020 le quitaron la personería a Asodhermu

La Asociación de Hermanamientos Municipales (Asodhermu), organización sin fines de lucro, que apoyaba proyectos sociales en Camoapa, Chontales, desde el 2009, fue despojada de su personería jurídica en el 2020. De acuerdo con los diputados sandinistas, en ese momento el Ministerio de Gobernación (Migob), quien regula los organismos sin fines de lucro, les informó que Asodhermu no cumplió supuestamente los requisitos de ley, al no presentar sus informes financieros y de esta forma obstaculizar la fiscalización de su trabajo.

Esos señalamientos fueron rechazados por Heberto Mejía Solórzano, presidente de Asodhermu, quien argumentó que la ONG había presentado en tiempo y forma todos sus informes financieros, incluso información extra que solicitó el Migob.

A nueve ONG les quitaron la personería jurídica en 2018

En diciembre de 2018, fueron nueve las ONG a las que los diputados orteguistas les cancelaron la personería jurídica. Las asociaciones se han dedicado a documentar y denunciar los crímenes cometidos por parte de la Policía y paramilitares, que obedecen las órdenes del dictador Daniel Ortega, desde el estallido de la rebelión en abril 2018. Al menos seis, de las nueve organizaciones no gubernamentales, nacieron en los años noventa y algunas cuentan con la participación o liderazgo de reconocidas figuras disidentes del FSLN.

El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) fue fundado en 1990. Su presidenta es Vilma Núñez. El 12 de diciembre los diputados sandinistas le cancelaron la personería jurídica y lo culparon de haber violado sus estatutos. Esta decisión de la Asamblea Nacional fue condenada por Núñez y dijo a LA PRENSA que era una «perversa ejecución».

El 14 de diciembre, Núñez denunció ante los medios de comunicación que la noche anterior la Policía orteguista entró por la fuerza a las oficinas del Cenidh a través del techo y dejó evidencias dentro de la institución. Desde ese día la Policía se tomó completamente las instalaciones del Cenidh y los alrededores, cerrando el acceso a sus funcionarios y a medios de comunicación. En la actualidad, en las oficinas confiscadas del Cenidh funciona una casa materna, para el distrito tres de Managua.

El Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (Ieepp), fundado en 2003, también fue despojado de su personería jurídica. Su director ejecutivo era Félix Maradiaga, quien en 2018 enfrentó una acusación por «terrorismo y crimen organizado». La Fiscalía del régimen lo señala como uno de los promotores de las protestas contra Ortega y en junio de este año se convirtió en uno de los aspirantes presidenciales arrestado por el régimen. Este jueves, 29 de julio, cumple 51 días de permanecer presuntamente en «El Chipote», pero no ha sido visto por sus familiares.

En 2018, el diputado de la bancada del FSLN, Edwin Castro, dijo que organizaciones, como el Ieepp, «se prestan para preparar, financiar asesinatos, muertes y torturas como las que tuvimos en el golpe fallido de abril». Mientras que el Ministerio de Gobernación acusa a ese instituto de supuestamente «gestionar, canalizar y facilitar fondos para la comisión de actos terroristas». La cancelación de la personería jurídica se realizó como un trámite de urgencia el pasado 11 de diciembre, posteriormente les otorgaron 15 días para desocupar las instalaciones y les congelaron sus cuentas bancarias. Sin embargo, la mañana del 15 de diciembre antimotines se tomaron las oficinas del instituto.

Hagamos Democracia fue creada en 1995 y le fue retirada la personería jurídica el 12 de diciembre de 2018. Se le acusó de utilizar su esquema para facilitar fondos para que grupos cometieran supuestos actos terroristas. Luciano García, presidente de Hagamos Democracia, abandonó el país en agosto de ese año, porque sufrió persecución política por parte del régimen. Ahora se encuentra exiliado en Costa Rica.

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El Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (Cisas) fue fundado en 1983. Su directora es Ana Quirós, una de las voces críticas del régimen, activista y defensora de los derechos de la mujer. Lo primero que hizo el régimen orteguista fue expulsar a Quirós (con nacionalidad nicaragüense, hace más de 20 años) a través de la Dirección General de Migración y Extranjería. El lunes 26 de noviembre fue entregada a las autoridades de su país de origen, Costa Rica.

Tres días después, el 29 de noviembre de 2018, los diputados orteguistas quitaron la personería jurídica a Cisas. El argumento fue haberse involucrado en el «fallido intento de golpe de Estado», como califican a las manifestaciones iniciadas en abril por la ciudadanía y que fueron brutalmente reprimidas por la policía del régimen Ortega Murillo. Además ordenaron la confiscación de los bienes de la ONG.

El Centro de Investigación de la Comunicación (Cinco) fue creado en 1990 y su directora era Sofía Montenegro. El 13 de diciembre de 2018 también se les aplicó la ley contra el terrorismo y lavado de dinero, señalándolo, sin presentar pruebas, de «promover campañas» y haber financiado a grupos que cometieron «actos para desestabilizar el país».

Después de la cancelación de la personería, se le dio 72 horas para cerrar operaciones, una vez se publicaran en La Gaceta, Diario Oficial, los decretos de cancelación de personerías de las ONG. En octubre de 2008, la Fiscalía de Nicaragua ya había mandado a allanar las instalaciones de Cinco, por supuestas actividades ilícitas con fondos de la cooperación internacional, pero después de varios meses de investigación no lograron comprobar nada.

El Instituto para el Desarrollo y la Democracia (Ipade), fundado en 1990, también fue despojado de su personería jurídica. Su director era Mauricio Zúñiga. Los diputados sandinistas les arrebataron la personería jurídica el 13 de diciembre y les dieron un plazo de 72 horas para cerrar operaciones. Horas después, la Policía irrumpió en las oficinas en Managua. Se llevaron el salario y celular de los vigilantes, que también fueron golpeados al igual que conductores. Sustrajeron computadoras, documentos y vehículos sin ninguna orden judicial.

En febrero de 2021, el Ministerio de Salud (Minsa) inauguró en las oficinas confiscadas de Ipade, el Centro Nacional de Diabetología Porfirio García.

La Fundación Popol Na fue fundada en 1990 y su presidenta era Mónica Baltodano. El mismo día de los operativos de allanamientos de las demás ONG llegaron a Popol Na.

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A la Fundación para la Conservación y el Desarrollo del Sureste de Nicaragua (Fundación del Río), fundada en 1990, también le arrebataron su personería jurídica. Liderada por Amaru Ruiz, esta fundación fue la que alertó sobre las dimensiones reales del incendio en la Reserva Indio Maíz, en abril de 2018, el cual calcinó unas 5,945 hectáreas de bosque virgen, hecho que antecedió a la crisis sociopolítica.

El 13 de diciembre, que se canceló la personería, a los miembros de la fundación los señalaron, sin pruebas, de haber pagado dinero a los líderes campesinos para mantener los tranques y hasta los responsabilizaron del asesinato de varios policías en el municipio de Morrito. En horas de la noche un fuerte contingente de policías se tomó las oficinas de la ONG en San Carlos, Río San Juan.

Al Instituto de Liderazgo de las Segovias, fundado en el 2010, y bajo la dirección de Haydée Castillo Flores, para quitarle la personería se le aplicó la ley contra el terrorismo y lavado de dinero, y se les señaló, sin presentar pruebas, de «promover campañas» y haber financiado a grupos que cometieron «actos para desestabilizar el país» en la sesión del 13 de diciembre de la Asamblea Nacional.

La noche del 14 de diciembre policías orteguistas y paramilitares encapuchados se tomaron sus oficinas. Uno de los promotores del Instituto denunció que «se llevaron todo» y dejaron vacío el edificio, sin saber hacia dónde trasladaron el mobiliario y equipo de trabajo con los que se capacitaba el liderazgo de jóvenes en comunidades de varios municipios del departamento de Nueva Segovia, además de velar por los derechos de las mujeres que sufren violencia en sus hogares.

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