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Los sancionados por la Unión Europea son Rosario Murillo, Juan Carlos Ortega Murillo, Gustavo Porras, Bayardo Arce, Alba Luz Ramos, Ana Julia Guido, Fidel Domínguez y Juan Valle Valle/LA PRENSA

Unión Europea sanciona a Rosario Murillo, Juan Carlos Ortega y a seis funcionarios más del régimen

Los otros sancionados son: el asesor económico de Ortega, Bayardo Arce Castaño; el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Eduardo Porras; la presidenta de la Corte Suprema, Alba Luz Ramos Vanegas; la fiscal general Ana Julia Guido Ochoa; el jefe departamental de León, Fidel Domínguez y jefe del Departamento de Vigilancia y Patrullaje de la Policía, Juan Valle Valle

El Consejo de la Unión Europea (UE) sancionó este lunes 2 de agosto a ocho funcionarios del régimen de Daniel Ortega, entre ellos la vicepresidenta designada, Rosario Murillo; el hijo de la pareja presidencial, Juan Carlos Ortega Murillo; y la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Alba Luz Ramos. Ellos son acusados de ser «responsables de graves violaciones de los derechos humanos o de acciones que socavan la democracia y el Estado de Derecho en Nicaragua».

Los demás sancionados son el asesor económico de Daniel Ortega, Bayardo Arce; la fiscal general de la República, Ana Julia Guido; el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras; el comisionado general de la Policía y jefe departamental de León, Fidel Domínguez, y el jefe del Departamento de Vigilancia y Patrullaje de la Policía, Juan Valle Valle.

El órgano del Ejecutivo y sus 27 Estados miembros, con la adopción de dichas medidas restrictivas, tras la aprobación de 629 de los 705 miembros— del Parlamento Europeo de la resolución sobre la crisis sociopolítica y de derechos humanos en Nicaragua, en la que demandan sanciones directas y a lo inmediato para Ortega, Rosario Murillo y su círculo íntimo, elevan la cantidad de funcionarios sancionados por la UE a 14.

Murillo junto a su hijo Juan Carlos, Gustavo Porras, Juan Valle Valle, Ana Julia Guido y Fidel Domínguez, ya habían sido sancionados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y de la misma manera por Canadá, excepto el hijo de la pareja dictatorial.

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Los alcances de las sanciones

Como alcances de las sanciones, a los funcionarios del régimen orteguista se les inmoviliza sus bienes y, además, los ciudadanos y las empresas de la UE están sujetos a la prohibición de poner fondos a su disposición. Asimismo, están sujetos a una prohibición de viajar, lo que les impide entrar al territorio de la UE o transitar por él.

La UE aclaró que las sanciones “van dirigidas contra personas y están concebidas de modo que no perjudiquen a la población ni la economía nicaragüenses”.

El porqué de las sanciones 

Uno de los principales motivos de las sanciones, según la UE, es porque la situación política en Nicaragua se ha deteriorado aún más en los últimos meses. «El uso político del sistema judicial, la exclusión de candidatos de las elecciones y la inhabilitación arbitraria de los partidos de la oposición son contrarios a los principios democráticos básicos y constituyen una grave violación de los derechos del pueblo nicaragüense», afirma la UE.

Añade que lo mencionado anteriormente socava «aún más la credibilidad del proceso electoral, ya obstaculizado por una reforma electoral que no cumplió con las recomendaciones de las misiones de observación electoral de la OEA y la UE».

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Asimismo, subraya que «lamentablemente» la detención de un séptimo posible candidato presidencial, en alusión a Noel Vidaurre, el antepasado fin de semana «ilustra la magnitud de la represión en Nicaragua y proyecta una imagen inquietante para las próximas elecciones».

Por ello, la UE condena firmemente la represión sistemática de las autoridades nicaragüenses. A la vez, les insta a que deroguen leyes restrictivas, entre ellas la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, y reclama la liberación inmediata e incondicional de los presos políticos, así como el pleno respeto de los derechos humanos y los derechos civiles y políticos de todos los ciudadanos nicaragüenses.

Reacciones 

Peter Stano, portavoz de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, compartió la decisión del Consejo de la UE y en su cuenta de Twitter aseguró que “reaccionando al deterioro de la situación política (la UE) impuso sanciones a ocho personas responsables de violaciones de derechos humanos y socavación de la democracia”.

Añadió que “los acontecimientos recientes van en contra de los principios democráticos básicos y violan los derechos del pueblo de Nicaragua”.

José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch (HRW), reaccionó ante la imposición de sanciones por la UE y en su cuenta de Twitter dijo: “celebro la decisión del Consejo de Europa de sancionar a 8 jerarcas nicaragüenses implicados en graves abusos, incluyendo a la vicepresidenta Murillo”.

Agregó que “a tres de los sancionados, incluyendo Murillo, los denunciamos en nuestro informe sobre la represión del régimen de Ortega de cara a las elecciones de noviembre”.

Seis funcionarios ya sancionados 

El 4 de mayo de 2020, la UE sancionó al subdirector de la Policía Ramón Avellán; la exministra de Salud y asesora presidencial, Sonia Castro; el director de la Policía, Francisco Díaz; el asesor presidencial, Néstor Moncada Lau; y los comisionados generales Luis Pérez Olivas y Justo Pastor Urbina. Los sancionados fueron acusados de cometer graves violaciones de derechos humanos en Nicaragua. Los seis funcionarios habían sido sancionados previamente por Estados Unidos.

La resolución del PE

El jueves 8 de julio, 629 eurodiputados —de los 705 miembros del PE— aprobaron y respaldaron una nueva resolución de cara a presionar al régimen de Daniel Ortega para que cambie el rumbo del país, que ya se encamina a su cuarto año consecutivo de crisis, y dé paso a elecciones libres, justas y transparentes bajo los estándares internacionales, como única salida cívica y pacífica.

Los eurodiputados piden al Consejo de la UE «ampliar rápidamente la lista de personas y entidades que deben ser objeto de sanciones, incluidos el presidente y la vicepresidenta de Nicaragua y su círculo de allegados».

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También reiteran su llamado para que «ante las circunstancias actuales se active la cláusula democrática del Acuerdo de Asociación (AdA) entre la Unión Europea y Centroamérica, hasta que la dictadura cese la represión y las detenciones arbitrarias de dirigentes opositores». Además, los principales grupos políticos del PE demandaron la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos, incluidos los siete precandidatos presidenciales.

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