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CONTENIDO EXCLUSIVO.Cerca de las siete de la noche del 26 de noviembre de 2018, Ana Quirós fue expulsada de Nicaragua hacia Costa Rica. Llevaba 40 años viviendo en el país y desde 1997 fue nacionalizada.
Desde hace años se dedicaba a la defensoría del derecho a la salud y la educación desde el Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (CISAS), y pertenecía al Movimiento Autónomo de Mujeres.
Cuando Zoilamérica Narváez Murillo denunció a su padrastro Daniel Ortega por abuso sexual en 1998, Quirós fue una de las que la acuerpó
La mañana de ese 26 de noviembre había sido citada a la Dirección General de Migración y Extranjería donde le notificaron que desde ese día dejaba de ser nicaragüense. Meses antes, en abril, Quirós había participado activamente en las protestas que exigían la renuncia de Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.
En Migración fue detenida y llevada a las celdas de Auxilio Judicial, donde horas más tarde una asesora legal llegó a leerle una resolución. “Me dijeron que quedaba expulsada por cinco años”, recuerda desde Costa Rica.
Así como Daniel Ortega despojó de su nacionalidad a Quirós, también la ha otorgado a otros personajes que son requeridos por las autoridades de sus países por distintos delitos. El caso del expresidente salvadoreño Salvador Sánchez Cerén es el más reciente.
Sánchez Cerén salió de su país vía terrestre el cinco de diciembre de 2020 rumbo a Nicaragua, según informaron medios de comunicación salvadoreños. No era su primera vez en este país. Desde la década de los ochenta, cuando era un comandante del Frente Farabundo Martí por la Liberación Nacional (FMLN), aliado del Frente Sandinista, frecuentaba Nicaragua y se reunía con los comandantes sandinistas.
Fue vicepresidente de su país de 2009 a 2014, y los siguientes cinco años fue presidente. En su país se le acusa de lavado de dinero, peculado y enriquecimiento ilícito. Se le señala directamente de haber recibido 530,000 dólares durante su periodo como vicepresidente.
A pesar de que tiene una orden de captura internacional, está blindado. Desde el 30 de julio del 2021 y sin cumplir con los requisitos establecidos en la ley, es nicaragüense, y por mandato constitucional no puede ser extraditado, aunque las autoridades salvadoreñas lo demanden.
Antes de convertirse en un preso político de Daniel Ortega, el opositor José Antonio Peraza dijo a LA PRENSA que “Ortega le está dando cobertura a un camarada de viaje. Lo mínimo que debería exigir es tener una investigación para ver de qué se le acusa y cómo no proteger a una persona que la están persiguiendo en otro país”
Lo mismo sucede con el otro expresidente salvadoreño, Mauricio Funes, también del FMLN. Sobre él pesan seis órdenes de captura por los mismos delitos que se le señalan a Sánchez Cerén. Los dos fueron la fórmula presidencial que gobernaron su país de 2009 a 2014, y las acusaciones están sentadas sobre ese mandato.
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Funes llegó a Nicaragua en septiembre de 2016, meses después de que se iniciara la investigación en su contra. Recibió asilo político en septiembre de 2018 y desde julio de 2019 es nicaragüense, al igual que su esposa Ada Mitchell Guzmán Sigüenza, y sus hijos Carlos Mauricio Funes Velasco y Diego Funes Cañas.
Él y su hijo Diego han trabajado en la cancillería nicaragüense y devengado salario. Según reveló el semanario Confidencial, Diego Funes recibe un salario de 47,250 córdobas, equivalente a 1,329 dólares, mientras que el salario del expresidente es de 90,080 córdobas, es decir, 2,533 dólares según el tipo de cambio actual.
El mismo Funes confirmó a través de twitter que su hijo trabajaba como “técnico” en la cancillería nicaragüense, mientras él desempeñaba una “consultoría”, aunque los detalles de la publicación de Confidencial demuestran que es un trabajador permanente.
No veo por qué tanto escándalo con lo de mi consultoría en Managua. Primero, fui Presidente y tengo la experticia necesaria para asesorar en temas de integración CA. Segundo, eso demuestra que me gano la vida honradamente y que no es cierto que el gobierno del FMLN me mantiene pic.twitter.com/SzP7WaLFMu
— Mauricio Funes (@FunesCartagena) May 13, 2019
Además de su trabajo en la cancillería, Funes ha sido visto con custodia policial en su casa en Las Colinas o en supermercados llevando una vida aparentemente tranquila desde que es nicaragüense.
Esa normalidad es la que no pudo tener Ana Quirós a pesar de ser nicaragüense y de no ser acusada formalmente de un delito. Aunque fue expulsada sigue sintiéndose pinolera, contrario a los prófugos salvadoreños, dice, pues “para ellos la nacionalidad fue un regalo que les hicieron”.
Otros casos
A Alessio Casimirri le aguardan once cadenas perpetuas, 24 años de cárcel y dos años en aislamiento diurno en su natal Italia, país que ha solicitado su extradición en al menos tres ocasiones, pero ha sido denegada porque desde 1988 es nicaragüense.
Casimirri llegó a Nicaragua en 1983, durante el primer gobierno sandinista. Para aquellos años Nicaragua se había convertido en refugio de perseguidos internacionales, como algunos miembros del grupo armado conocido como Euskadi Ta Askatasuna (ETA), traducido al español como “País Vasco y libertad”.
Javier Azpiazu Larrañaga fue de los miembros de ETA que se refugió en Nicaragua en marzo de 1987, junto a Eusebio Arzalluz Tapia. Ambos fueron empleados por el Ministerio del Interior y se les otorgó permisos de residencia falsos. Así contó el mismo Azpiazu al juez Carlos Bueren, según el diario El País de España.
También se refugiaron argentinos que pertenecían a Montoneros, una guerrilla peronista, así como el narcotraficante Pablo Escobar, según relata su hijo Sebastián Marroquín en el libro Pablo Escobar: Mi padre, las historias que no deberíamos saber.
Después del asesinato del ministro de justicia Rodrigo Lara Bonilla y tras sentirse inseguro en Panamá, Pablo Escobar aceptó la propuesta que le hicieron llegar los sandinistas a través de guerrilleros colombianos del M-19: “acogerlo a él, a otros capos y a sus familias, a cambio de ayuda económica para enfrentar el bloqueo impuesto por Estados Unidos”, cuenta Marroquín en su libro.
“El acuerdo incluía el permiso para utilizar algunas regiones de Nicaragua como plataforma para continuar el tráfico de cocaína”, relata, y agrega que “en un helicóptero del Ejército nicaragüense”, recorrieron el país para explorar posibles rutas para el tráfico de cocaína, y mientras tanto se utilizó el aeropuerto de Los Brasiles para esa tarea.
En la pista de Los Brasiles es que el piloto Barry Seal tomó la famosa foto de Escobar en Nicaragua cargando cocaína en un avión el 25 de junio de 1984.
No solamente en los ochenta Nicaragua ha acogido a prófugos de la justicia. En 2008, cuando Daniel Ortega ya había regresado al poder otorgó asilo a tres guerrilleras de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que sobrevivieron a un ataque que hizo el Ejército colombiano en territorio ecuatoriano el primero de marzo de ese año.
En la operación murieron 26 personas, incluido un alto mando de las FARC, “Raúl Reyes”. Las guerrilleras llegaron a Nicaragua en un avión del Ejército que solicitó permiso a Colombia para sobrevolar su espacio aéreo con la excusa de que estaba en una misión diplomática, pero en realidad fue a traer a las guerrilleras a Ecuador. Colombia calificó el hecho como un “acto inamistoso”.
Martha Pérez alias “Susana”, y Doris Torres alias “Diana” de origen colombiano, son las guerrilleras de las FARC que recibieron el asilo de Ortega. La tercera es la mexicana Lucía Morett, que siempre alegó ser una estudiante que se encontraba en el campamento el día del ataque por razones académicas y volvió a su país en diciembre de 2008.
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Ortega apareció con ellas en el acto del aniversario de la revolución sandinista el 19 de julio de ese año, y un mes antes había recibido una carta enviada por las FARC donde le agradecían por haberle dado cobijo a sus guerrilleras. Ecuador solicitó su extradición en 2009, pero la condición de asiladas las protegía.
En agosto de 2008 llegó a Nicaragua otra guerrillera colombiana de nombre Nubia Calderón alias “Esperanza”. Colombia protestó en esa ocasión asegurando que Nicaragua desvirtuaba la figura del asilo al proteger a personas vinculadas a grupos armados ilegales calificados como terroristas.
Otra persona vinculada a las FARC que fue asilado en Nicaragua es Rubén Darío Granda, hermano de alias “canciller”, Rodrigo Granda. Fue acusado en Colombia de financiamiento al terrorismo y de hacer transacciones con dinero de la guerrilla.
Fue detenido en abril de 2006 junto a su esposa Elba Mercedes Aranda y puesto en libertad tiempo después por falta de pruebas. Se asiló en la embajada de Nicaragua y luego llegó al país con su esposa y su hijo. Quien lo recibió en el aeropuerto fue Rafael Ortega Murillo, hijo de la pareja presidencial nicaragüense, según reportes periodísticos de la época. Meses después decidió regresar a su país.
Pero quien no ha decidido regresar a su país es Alessio Casimirri. En el pasado se ha referido a su caso diciendo que le parece “una payasada” que lo acusen del secuestro y asesinato del exprimer ministro italiano Aldo Moro y sus cinco escoltas, ocurrido en 1978 y atribuido a las Brigadas Rojas.
Este es uno de los crímenes políticos más famosos a nivel mundial. En marzo de 1978, Aldo Moro fue secuestrado por al menos 10 terroristas. 50 días después, Moro apareció acribillado en la cajuela de un vehículo Renault en el centro de Roma.
Casimirri negó a la Revista Magazine en 2007 que haya pertenecido a las Brigadas Rojas, pero afirmó que simpatizaba con su causa. “Me vine a Nicaragua por un curso de buceo en la Costa Atlántica, también porque me decían que había dos océanos. Además, yo siempre quise vivir en un país tropical”, dijo en esa ocasión.
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Actualmente vive en carretera sur y tiene un restaurante llamado La Cueva del Buzo, cuya especialidad son los mariscos que el mismo Casimirri pesca en el mar cada tres veces a la semana.
Italia ha solicitado su extradición en 1996, en 2004 y 2015. En ninguna ha sido posible por su condición de nacionalizado. El pasado ocho de julio, el parlamento europeo recordó su último llamamiento a Nicaragua hecho en 2019 “en favor de la extradición inmediata de Alessio Casimirri, que sigue viviendo en Managua bajo la protección del gobierno nicaragüense”.
Funcionarios
Además de Mauricio Funes y su hijo Diego que son funcionarios en la cancillería nicaragüense, el sobrino del dictador libio Muamar Gadafi, Mohamed Ferrara Lashtar, es delegado presidencial para África, Medio Oriente y Países Árabes, además de ser embajador de Nicaragua ante el reino de Arabia Saudita, Kuwait y Emiratos Árabes, desde septiembre de 2020.
Antes, Lashtar fue secretario privado de Ortega en 2007 cuando regresó al poder, y luego pasó a ser diputado suplente de Jacinto Suárez, ante el Parlamento Centroamericano.
Su tío Gadafi, quien mantuvo una dictadura en su país durante 42 años, fue cercano a Daniel Ortega desde los ochenta.
Erik Flakoll Alegría dijo a BBC Mundo en mayo de 2011 que Gadafi era aliado del Frente Sandinista desde antes de la revolución de 1979. “La prueba es que Tomás Borge fue a Libia casi inmediatamente después del triunfo. Y luego hizo muchos otros viajes, en algunos de los cuales yo lo acompañé”.
Flakoll aseguró ser intérprete y encargado de la seguridad de Tomás Borge. “La ayuda libia era bastante cuantiosa. Estoy hablando de centenares de millones de dólares”. “Daniel (Ortega) también fue varias veces (a Libia), incluso después de la derrota electoral (de 1990). Hay una relación afectiva muy grande entre Gadafi y Daniel”.
Años atrás, el mismo Ortega reconoció en una entrevista con el periodista Fabián Medina que había recibido dinero de Gadafi cuando estuvo en la oposición
Asilados centroamericanos
Una noche de junio de 2013, Silvia Aguiriano fue asesinada junto a su hermana y un guardaespaldas en Juticalpa, Honduras, mientras se movilizaban en un vehículo Toyota rojo vino. Aguiriano era esposa de Ulises Sarmiento, un ganadero hondureño asilado en Nicaragua.
En julio de 2015, Sarmiento y su familia fueron detenidos en Nicaragua, pero al día siguiente él y uno de sus hijos fueron puestos en libertad. Una familiar, de nombre Violeta Delgado, aseguró a LA PRENSA que los Sarmiento habían sido colaboradores históricos del Frente Sandinista.
“Ellos fueron colaboradores históricos del Frente (Sandinista), no solamente facilitando sus haciendas para escuelas de entrenamiento, protegiendo a los guerrilleros, facilitando dinero para la compra de armas” dijo Delgado.
Sarmiento llegó a Nicaragua buscando asilo, según su familiar. Aseguraban ser perseguidos políticos del gobierno hondureño por su relación con el partido de izquierda Libertad y Refundación.
Para aquellos días, la policía hondureña hizo un allanamiento a la casa de Sarmiento y encontró un arsenal de armas. Ya había sospechas de vínculos de Sarmiento con el crimen organizado y desde ese momento fue acusado por almacenamiento y tenencia de armas de guerra y municiones de uso no comercial.
Rafael Sarmiento, uno de sus hijos, también fue acusado por las autoridades. La INTERPOL emitió alerta roja migratoria contra los hondureños que recibieron el asilo del gobierno de Daniel Ortega.
Nicaragua también asiló a Gustavo Adolfo Herrera Castillo. Su nombre aparece entre los 100 más buscados del Ministerio de Gobernación de Guatemala, acusado por los delitos de corrupción, lavado de dinero, estafa al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, además de una vinculación “extraoficial” con el narcotráfico, según medios de comunicación de su país.
Es un operador político y empresario que solicitó asilo en Nicaragua el tres de agosto de 2018, y el 20 del mismo mes le fue otorgado.
Ortega y Escobar
Jhon Jairo Velásquez alias “Popeye”, exjefe de sicarios de Pablo Escobar también ha hecho público su relato sobre sus días con el narcotraficante y hasta ha contado una anécdota entre Escobar y Daniel Ortega.
“En una base militar”, Iván Marino, Daniel Ortega y Pablo Escobar se pusieron a dispararle a una botella para ver quién tenía mejor puntería.
Ortega y Marino fallaron y solamente Escobar dio en el blanco dos veces, según el relato de “Popeye”
Nicaragua encubre
El abogado Yader Morazán valora que Nicaragua, además de violar los compromisos internacionales que tiene para prevenir y perseguir la criminalidad organizada transnacional, “participa del delito de encubrimiento por cooperar en la evasión de la justicia”, en algunos de los casos expuestos.
