El régimen Ortega Murillo continúa en guerra con las Organizaciones No Gubernamentales (ONG). Este 16 de agosto le canceló el registro y el número perpetuo que le permitía operar en el país a seis de origen extranjero. Estas se suman a las 34 ONG locales que les han quitado la personería jurídica.
Además, de tener bienes en el país y no contemplar en sus actas constitutivas el destino de estos en caso de pérdida del estatus legal, estos pasarán a ser propiedad del Estado.
En esta ocasión las afectadas son:
- National Democratic Institute for International Affairs (NDI) originario de Estados Unidos, que estaba inscrita en el país desde el 15 de febrero de 2006;
- International Republican Institute (IRI) originaria de Estados Unidos, inscrita desde el 14 de abril de 2004;
- Fundación Oxfam Intermón, originaria de España, inscrito desde el 10 de marzo del 2000;
- Oxfam IBIS, originario de Dinamarca, inscrito desde el 4 de diciembre de 2002;
- Diakonia, originaria de Suecia, inscrita desde el 12 de noviembre de 2007;
- Helping Hands the Warren William Pagel, M.D. Foundation originaria de Estados Unidos, inscrita desde el 29 de octubre de 2001.
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Acusados de no cumplir con la entrega de informes
La eliminación del estatus que les permitía operar en el país se conoció mediante un acuerdo del Ministerio de Gobernación (Migob) publicado en la edición del 16 de agosto del diario oficial La Gaceta.
Igual que a las organizaciones nacionales, el departamento de Registro y Control de Asociaciones del Migob, las acusa de no reportar estados financieros conforme periodos fiscales ni juntas directivas en el país de origen. Además de incumplir con requisitos legales establecidos para la recepción de donaciones e informar al Migob de las gestiones previas a su recepción.
También les señalan de no reportar desglose detallado de sus estados financieros, que incluyan ingresos, egresos, balanza de comprobación, detalle de donaciones con origen, proveniencia y beneficiario final.
Además, el Migob aduce que estas organizaciones tampoco presentaron los convenios firmados entre ellas y las ONG, en los que se defina claramente la fuente de financiamiento, la cartera de proyectos, el impacto social de los mismos y si están acorde a los fines y objetivos de la organización. También las señalan de no presentar ante esa instancia los acuerdos entre ellos y son organizaciones socias en relación con los montos de donación y las contrapartidas aportadas por los beneficiarios.
Confiscarían bienes y activos
El Migob argumenta además que las seis organizaciones a las que se les canceló el registro carecen de los documentos de identidad de sus proveedores de fondos y que sus beneficiarios y organizaciones asociadas carecen de buena reputación.
Con respecto a los bienes y activos de las organizaciones que ya no podrán operar en el país, el acuerdo establece que tendrán “previa liquidación conforme el destino previsto en el acta constitutiva o en sus estatutos”, y en caso de que esto no esté contemplado se aplicará el artículo 25 de la Ley 147, Ley General sobre Personas Jurídicas sin Fines de Lucro, es decir pasarán a propiedad del Estado.
El artículo 25 de dicha ley establece: “Cancelada una Personalidad Jurídica, los bienes y acciones que pertenezcan a la Asociación tendrán, previa liquidación, el destino previsto en el acto constitutivo o en sus Estatutos. Si nada se hubiere dispuesto sobre ello pasarán a ser propiedad del Estado”.
Con estas seis ya son 40 las ONG a las que el régimen Ortega Murillo ha cancelado la personería jurídica desde el inicio de la crisis en 2018. En este caso, las organizaciones afectadas proveían fondos para la ejecución de proyectos a ONG locales.