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Un supermercado desabastecido en la década de los 80. Archivo/LA PRENSA

¿De qué va a depender que la economía de Nicaragua no caiga en bancarrota como en los 80? Descartan embargo económico

En los años 80, Nicaragua llegó a posicionarse entre los países con mayor hiperinflación en todo el mundo, la moneda nacional prácticamente no tenía mucho valor y la gran mayoría de los nicaragüenses se empobrecieron de manera rápida. Analistas explican los escenarios.

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Hiperinflación, embargo, racionamiento y una de las mayores deudas per cápita del mundo, así se encontraba la economía de Nicaragua en la década de los 80. Y tomando en cuenta el rumbo que está llevando el país, los temores de que esos malos tiempos retornen han vuelto a florecer entre los nicaragüenses, a medida que se profundiza la disputa del régimen de Daniel Ortega con Estados Unidos y la comunidad internacional.

Sin embargo, pese a que en Estados Unidos y Europa se escuchan voces que piden castigos económicos para Nicaragua, como por ejemplo suspenderla del DR-Cafta o del Acuerdo de Asociación con la Unión Europea, analistas locales señalan que los contextos actuales respecto al observado en la década de los ochenta son muy distintos y no creen que el país sea puesto al borde del precipicio con un embargo económico.

Eso sí, aclaran que  la economía va a  aguantar  según las políticas gubernamentales que se adopten a medida que se profundice el aislamiento del régimen, si opta por no permitir elecciones libres y transparentes en noviembre.

Una fuente especializada en el tema, que prefirió el anonimato por temor a represalias, recordó que el quiebre de la economía en la década de los ochenta no se debió exclusivamente al embargo económico impuesto por Estados Unidos sino a las “torpes” políticas económicas que implementó Daniel Ortega durante esa década, las cuales condujeron al país a la bancarrota.

Se “llegó a ese tipo de situación por las torpes políticas económicas que implementó en esa época: el exceso de gasto público, la ineficiencia de la producción al privatizar las empresas privadas, el atemorizar la inversión provocando una fuga de capitales enorme”, puntualizó.

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Al respecto, comentó que “las cifras son claras: el país exportaba 250 millones de dólares y debía 12,500 millones. El salario de los empleados públicos era de 20 dólares por mes. La hiperinflación llegó al 34,000 por ciento”.

En los años ochenta, Nicaragua llegó a posicionarse entre los países con mayor hiperinflación en todo el mundo, la moneda nacional prácticamente no tenía mucho valor y la gran mayoría de los nicaragüenses se empobrecieron de manera rápida. Por ejemplo, en 1987 la hiperinflación alcanzó la cifra de 33,547 por ciento y en marzo de ese año, un dólar equivalía a 15,750 córdobas.

Tiempo después, en 1990, cuando el sandinismo perdió el poder, Ortega le imponía la banda presidencial a la presidenta electa de ese momento, Violeta Barrios de Chamorro y le entregaba una economía enferma y un pueblo sin esperanzas. La deuda externa llegó a totalizar 12,500 millones de dólares, seis veces más grande que el Producto Interno Bruto (PIB) y Nicaragua se posicionaba como el país con la deuda per cápita más alta a nivel mundial.

Además, el 1 de mayo de 1985, el entonces presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, anunció un paquete de sanciones económicas contra Nicaragua. El decreto prohibía la importación y exportación de productos y afectaba el tráfico aéreo y marítimo entre ambos países.

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Dicho embargo comercial trajo consigo consecuencias devastadoras en la economía ya en bancarrota  y fue suspendido el 13 de marzo de 1990 por el mandatario estadounidense de ese periodo, George Bush, poco después que Barrios de Chamorro ocupara la silla presidencial.

Ante esta situación, el especialista indicó que “nadie le hizo eso a Nicaragua, fue el resultado de políticas públicas torpes. ¿Podría repetirse (las políticas torpes)? Sí, es posible y va en ese camino. Tomó 30 años sacar la economía del hoyo profundo que cayó, ahora va en esa dirección”, concluyó.

Los contextos son distintos

Desde el estallido de la crisis sociopolítica en abril de 2018, hasta la fecha, se han aprobado una serie de sanciones que van desde condicionar el acceso de Nicaragua a créditos internacionales, hasta congelar las cuentas de los allegados al régimen de Daniel Ortega, acusado de corrupción, violación de derechos humanos y de instaurar una dictadura en el país. Incluso, existe la presión para que este sea retirado de acuerdos comerciales que generan importantes ingresos necesarios para el desarrollo económico.

A pesar de la mala imagen que actualmente tiene Nicaragua ante la comunidad internacional, sumado a las sanciones económicas impuestas, eso no implicaría que se repita el embargo impuesto en los años 80, según lo explica el sociólogo y economista, Óscar René Vargas.

“No lo creo posible porque sería la última medida que tomaría Estados Unidos contra el régimen, después de eso, evidentemente, sería como abrir un camino para derrocarlo abiertamente y no lo veo posible. Más bien creo que Estados Unidos está presionando para una negociación”, indicó.

Billetes de mil y un millón de córdobas emitidos en la década de la revolución sandinista. Archivo/LA PRENSA

Para Vargas, actualmente Nicaragua cuenta con mejores condiciones, por lo cual sería más difícil repetir el escenario vivido en aquella época, por ejemplo, el país ahora está más integrado en acuerdos comerciales internacionales.

“Anteriormente había un bloqueo total y estaba el conflicto de este a oeste, abierto. Estaba el apoyo que hacía Nicaragua a las guerrillas en El Salvador y consideraban que Nicaragua era un elemento desestabilizador para la región porque podían apoyar también las tropas en Guatemala. Incluso hubo un intento de guerrilla en Honduras, apoyadas por este país”, aseveró.

A su criterio, todos estos elementos influyeron para que Estados Unidos “ahogara económicamente” a Nicaragua. “Pero hoy no vemos esas condiciones”, agregó.

La experiencia de Venezuela

Y aunque Vargas descarta que se imponga a Nicaragua un bloqueo económico como el de los ochenta, lo cierto es que ya el Gobierno de Estados Unidos  ha utilizado esta herramienta similar con Venezuela para presionar por una transición democrática en ese país, que sufre los mismos problemas de institucionalidad de Nicaragua, primero bajo la Administración  del fallecido Hugo Chávez y luego con Nicolás Maduro, quien se aferra al poder.

En agosto de 2019 el gobierno del entonces Donald Trump anunció un bloqueo  de los bienes de Venezuela en ese país, además le sancionó la mayor fuente de ingresos: el negocio del petróleo. Los analistas han explicado que el  mismo no es un embargo similar al de Cuba, pero sí es la mayor sanción punitiva en América Latina en los últimos 30 años.

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“Todos los bienes e intereses en bienes del Gobierno de Venezuela que se encuentran en Estados Unidos (…) quedan bloqueados y no se pueden transferir, pagar, exportar, retirar o negociar con ellos de otra manera”, determinó el expresidente del país norteamericano, Donald Trump, en una orden ejecutiva.

Al respecto, el entonces asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton, aseguró que esta medida “funcionó en Panamá, funcionó en Nicaragua una vez, y va a funcionar allí otra vez, y va a funcionar en Venezuela y Cuba”, dijo en su momento durante una conferencia.

Bajo esta sanción, el Gobierno de Estados Unidos  autoriza imponer sanciones secundarias a personas y compañías extranjeras que apoyen al régimen de Maduro, pero no se compara con el de Cuba donde se prohíbe el comercio entre privados locales e internacionales.

Los tiempos se parecen, pero no son iguales

Pese a ello, el economista Marco Aurelio Peña explicó a LA PRENSA que en la historia económica hay sucesos que se parecen, mas no son iguales, “por las propias condiciones de sus tiempos” y mencionó que en la década de los ochenta, a la medida tomada por Estados Unidos se le denominaba “embargo económico, comercial y financiero”.

“En esta oportunidad de lo que se habla en la comunidad internacional son de sanciones individuales a personas naturales y jurídicas. Por supuesto que estas medidas no son una buena noticia para Nicaragua, pero no sería igual que en la década de los ochenta porque no estamos hablando de un embargo”, señaló.

Siguiendo esta línea, el economista indicó que lo que harían estas medidas sería complicar más el acceso para Nicaragua a cooperación financiera no reembolsable o préstamos orientados al desarrollo por parte de organismos financieros internacionales.

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Asimismo, compartió que “el crecimiento y el desarrollo económico humano sostenible va a ser posible solo si hay buenas relaciones económicas internacionales bilaterales y multilaterales, y eso supone también el tener sanas y correctas relaciones políticas internacionales. Ahí la estabilidad sociopolítica, la parte institucional, el Estado de Derecho y la restauración y el mantenimiento de un orden democrático influyen para que sea posible una recuperación y un despegue económico, que es lo que tanto necesita el país”, agregó.

“Pero eso no sería posible con este tipo de medidas de parte de la comunidad internacional, porque son medidas que aíslan, sancionan y castigan. Eso es lo que complica el panorama”, enfatizó.

Peña sostiene que en la década de los ochenta estaba establecida una economía “en tiempos de guerra”, lo que destruyó el aparato productivo del país puesto que “las personas en lugar de ser una fuerza de trabajo, que se incorporaba a la actividad económica, iban a la guerra. Por lo mismo, en vez de comprar alimentos y financiar obras públicas se compraban armas. Había un gasto militar fuerte que absorbía hasta el 50 por ciento del presupuesto”, aseguró.

Por este motivo se destruyó la infraestructura productiva, por ejemplo, “habían tierras aptas para el cultivo que explotaban por las minas antipersonales. También infraestructuras viales destruidas, como puentes, caminos, carreteras. Además, había gente migrando, con lo cual descapitalizás en términos de talento humano a tu país”, mencionó Peña.

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Ahora, según el especialista, dicha infraestructura no se encuentra destruida por un conflicto bélico, “pero sí por una crisis de desconfianza, incertidumbre y de inseguridad generalizada”. Razón por la cual los agentes económicos no están reaccionando adecuadamente “debido a las condiciones políticas que te está determinando una crisis sociopolítica y por supuesto, eso no hace que la economía funcione bien”.

“Lo que está explicando que la economía no funcione correctamente son las instituciones, entendidas como reglas del juego, como Constitución Política, leyes de la República, instituciones gubernamentales, todo eso no está funcionando bien, entonces te provoca que la gente migre, que tomen decisiones de consumo, producción, ahorro e inversión diferentes a las que tomarían en condiciones normales”, ejemplificó.

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