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Régimen acusa a ocho opositores de «conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional»

Según el Ministerio Público, este jueves se realizó la audiencia preliminar en que la autoridad judicial admitió la acusación y decretó prisión preventiva para quienes ya están detenidos (7 de los acusados) y orden de detención para quien aún está libre

El régimen de Daniel Ortega acusó oficialmente a los precandidatos presidenciales Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro y Arturo Cruz Sequeira, y a los opositores José Bernard Pallais, José Adán Aguerri, Violeta Granera, Tamara Dávila y Manuel Salvador Orozco Ramírez, del delito de «conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional», según informó el Ministerio Público (MP) en un comunicado.

Siete de los ocho opositores están detenidos y no han tenido comunicación ni con sus familiares ni con sus abogados. De acuerdo con el comunicado, todos son «presuntos autores de los delitos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional, de conformidad a los artículos 410 y 412 del Código Penal, en perjuicio de la sociedad nicaragüense y el Estado de Nicaragua».

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Según el MP, este jueves 26 de agosto se realizó la audiencia preliminar en la que la autoridad judicial admitió la acusación y decretó prisión preventiva para los acusados que están bajo detención judicial y orden de detención para la persona acusada que se encuentra sin detener.

Lo que dice el Código Penal 

En el Código Penal de Nicaragua, en el capítulo I «actos de traición» del título XVII «delitos contra la seguridad del Estado» se encuentran los artículos 410 y 412, en el primero titulado «menoscabo a la integridad nacional«, señala que es cuando «se realice actos que tiendan a menoscabar o fraccionar la integridad territorial de Nicaragua, a someterla en todo, en parte a dominio extranjero, a afectar su naturaleza de Estado soberano independiente».

El acusado, según el Código, será sancionado con pena de diez a quince años de prisión e inhabilitación absoluta, por el mismo período por el desempeño de función, empleo o cargo público, salvo lo dispuesto en la Constitución Política de Nicaragua.

Posterior, el artículo 412, «provocación, proposición y conspiración«, es cuando «exista provocación, proposición y conspiración para cometer cualquiera de los actos previstos en este capítulo». Las personas acusadas serán sancionadas con una pena cuyo límite máximo será el extremo inferior de la pena respectiva y cuyo límite mínimo será la mitad de esta. De acuerdo con un abogado consultado bajo condición de anonimato, serían 7 años y medio.

Investigados bajo la Ley 1055

Los opositores fueron detenidos e investigados en primera instancia, según el MP, de conformidad con la Ley No. 1055, Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz, supuestamente «por realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía, y la autodeterminación, incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos, pedir intervenciones militares, organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización, proponer y gestionar bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras en contra del país y sus instituciones, demandar, exaltar y aplaudir la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos, y lesionar los intereses supremos de la nación».

LA PRENSA consultó a juristas sobre la acusación formal partiendo del motivo de la investigación, quienes en condición de anonimato por temor a represalias, coincidieron en afirmar que «la Ley 1055 es la que remite al Código Penal».

El artículo I de la Ley 1055, señala que los nicaragüenses que encabecen o financien un golpe de Estado (…) serán «traidores a la Patria» por lo que no podrán optar a cargos de elección popular, esto sin perjuicio de las acciones penales correspondientes establecidas en el Código Penal de la República de Nicaragua para los «Actos de Traición», los «Delitos que comprometen la Paz» y los «Delitos contra la Constitución Política de la República de Nicaragua».

Juan Sebastián Chamorro cumple 79 días de prisión 

Victoria Cárdenas, esposa de Juan Sebastián Chamorro, aspirante presidencial, minutos antes de conocer el comunicado del MP con la acusación formal, dijo a LA PRENSA que su esposo «tiene hoy 79 días desaparecido, y no tenemos ninguna información de su paradero y bienestar, absolutamente no tenemos ninguna información y es muy preocupante para la familia, es una incertidumbre y aflicción tremenda la que vivimos».

Chamorro es uno de los beneficiarios de medidas provisionales por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y este viernes 27 de agosto el órgano judicial centroamericano realizará una audiencia pública de supervisión de esas medidas en la que convocó al Estado de Nicaragua. Se transmitirá en las redes sociales a partir de las 8:00 de la mañana.

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Sobre ese caso, Cárdenas subrayó que como esposa de Chamorro va a brindar su testimonio y sin saber que lo acusarían formalmente Cárdenas destacó que el aspirante presidencial en unos días cumpliría sus 90 de prisión del proceso de investigación. «Con lo que pasó con la Fundación Violeta el panorama se ve aún peor, porque siguen sin mostrarlos y a ellos los acusaron en juicio secreto sin defensa, sin sus familiares y con cargos falsos y fabricados, la situación se va deteriorando día a día», declaró Cárdenas.

La esposa de Chamorro añadió que esperaría de la audiencia pública de la Corte IDH: «Daremos nuestro testimonio a la Corte y pidiéndole que todos los mecanismos que tenga a su alcance los ejerzan para presionar al Gobierno para que libere inmediatamente a las personas».

Régimen de incomunicación 

Ana Lucía Álvarez Vijil, hermana de Tamara Dávila —una de las que han sido acusadas formalmente— y sobrina de Ana Margarita Vijil y Dora María Téllez —que cumplen 75 y 74 días, respectivamente encarceladas—, dijo a este Diario que la situación de sus parientes es la misma: «Hay un régimen de incomunicación absoluta», denunció.

Álvarez destacó que como familiares siempre han considerado que sus parientes están en una «situación de desaparición forzada» que el miércoles 25 de agosto fue ratificado en el informe de Amnistía Internacional. «Seguimos sin saber absolutamente nada de ellas, vamos tres veces al día a dejar agua», indicó.

En cuanto a la audiencia que realizará la Corte IDH, en la que Dávila figura como beneficiaria, afirmó que lo que esperaría es «lograr evidenciar una vez más toda la arbitrariedad cometida por el régimen en los distintos casos de presos políticos, la demanda colectiva es que muestren ya a las personas desaparecidas y libertad para todos los presos políticos».

Sin información de Violeta Granera

Julio Sandino, hijo de la opositora Violeta Granera, afirmó que a la fecha no tienen ninguna información sobre ella. «No hemos sabido ni una pizca de noticias de ella, igual que todos los familiares del resto. Asimismo, igual que todos solo agarran líquidos como agua, leche, yogurt, suero, piden las medicinas, ropa limpia en algún momento, cosas de higiene», aseguró.

Granera cumple 79 días de arresto y también es beneficiaria de las medidas provisionales de la Corte IDH. Mientras Sandino espera que en la audiencia pública que se celebrará este viernes se dé «un pronunciamiento enérgico para que lo escuchen las naciones y las hagan despertar».

Sin información de los demás opositores detenidos 

Martha Urcuyo, esposa de Pedro Joaquín Chamorro Barrios —hijo mayor del Mártir de las Libertades Públicas en Nicaragua Pedro Joaquín Chamorro Cardenal y de la expresidenta Violeta Barrios— aseguró a este Diario que el caso de su esposo sigue igual. Chamorro Barrios fue acusado formalmente por la Fiscalía este miércoles 25 de agosto por los delitos de apropiación y retención indebida y gestión abusiva.

«A mi esposo no lo he visto y de acuerdo a las leyes ya un acusado debería de ver a sus familiares, pero como aquí no se sabe absolutamente nada, yo hablé con mi abogado y se va a someter un escrito a la judicial para ver si lo logro ver, mientras tanto sigo llegando al Chipote, los tres tiempos solo agua reciben», dijo Urcuyo.

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Peltier Barahona, hermano de Suyén Barahona, quien cumple 74 días arrestada, manifestó que su situación es igual, «es la misma, no sabemos nada de ella, no tenemos mayor noticia, simplemente no nos dicen absolutamente nada, vamos siempre a dejar algunos víveres, a veces lo agarran y a veces no, pero no ha cambiado nada, no tenemos noticia, no sabemos nada de su proceso, no la han acusado y no la hemos visto ni su abogado ni nosotros».

En esa misma línea, Arlen Tinoco, hija del exguerrillero Víctor Hugo Tinoco, refirió que como familia continúan sin tener noticias de él. «No hemos podido verlo ni tampoco comunicarnos con él, no hemos recibido ninguna noticia de él, a pesar de que nos presentamos todos los días al Chipote a llevarle agua y artículos de aseo, yogurt, que a veces lo reciben y otras no, ni su abogado ni nosotras hemos tenido acceso de saber la condición física y de salud de mi papá. Ya hoy se cumplen 74 días desde su secuestro, sigue desaparecido porque no hemos logrado constatar que está en el Chipote», indicó.

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