Entre los miles de nicaragüenses que se han ido del país buscando un mejor futuro en el extranjero, un buen porcentaje de ellos se estrella con la dura realidad de ser deportados y regresan a Nicaragua no solo con sentimiento de derrota y rechazo, sino que muchos traen también una pesada mochila con las deudas que asumieron para asegurar la ruta de su destino. No hay ninguna autoridad que acompañe a estos ciudadanos en su retorno. «Quedan a su total desventura y en desamparo», exponen especialistas en migración.
El éxodo de nicaragüenses incrementó desde el 2018, tras la brutal represión que ejecutó la dictadura de Daniel Ortega contra ciudadanos opositores, pero este 2021 el flujo migratorio aumenta aceleradamente tras la ola de secuestros a líderes políticos y ciudadanos que denuncian al régimen, la falta de oportunidades laborales, crisis económica y la incertidumbre de lo que pueda ocurrir en este año electoral.
Haydée Castillo, socióloga y activista de derechos humanos —quien se encuentra exiliada en Estados Unidos—, expone que la situación que atraviesan los nicaragüenses es compleja y está marcada por la inseguridad y desprotección del Estado nicaragüense.
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«Nicaragua está tocando fondo, lo que estamos viendo es la situación de un pueblo totalmente avasallado por su propio gobierno (…) Viera el dolor que nos embarga como organizaciones humanitarias y de derechos humanos escuchar ese momento en que le dicen a la persona que va deportada», manifestó Castillo, quien está de cerca acompañando a los compatriotas con estatus migratorio irregular.
Según datos del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos, solo en julio de este año fueron detenidos unos 13,391 nicaragüenses que intentaron ingresar de manera irregular a ese país. Esta cifra se duplicó en comparación con junio, cuando la institución reportó el ingreso de 7,441 nicas a ese territorio.
En medio de la situación sociopolítica y sanitaria que enfrenta Nicaragua, cientos de nicaragüenses han decidido migrar de manera irregular, teniendo como principal destino Estados Unidos. Una vez que ingresan por puntos ciegos desde la frontera con México, algunos deciden entregarse a las autoridades de Migración para solicitar asilo político y otros son capturados por las patrullas fronterizas.
La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, el pasado 1 de agosto sostuvo que entre las principales razones de la migración irregular están «la falta de oportunidades económicas, violencia, corrupción, inseguridad alimentaria y necesidades básicas no satisfechas».
El proceso de deportación
¿Cómo es el proceso de deportación en términos de logística y gastos? Según información publicada por el Gobierno de Estados Unidos, las personas que están en proceso de deportación primero reciben las debidas garantías procesales de los jueces de migración federales, en las cortes de migración administradas por la Oficina Ejecutiva para la Revisión Migratoria (EOIR, por sus siglas en inglés).
En esas cortes, los jueces de migración toman las decisiones con base en los méritos de los casos individuales. Una vez el judicial toma la decisión de deportar al ciudadano, la EOIR calendariza dicho proceso y el gobierno estadounidense se comunica con el país extranjero para confirmar la ciudadanía del migrante, «incluyendo entrevistas, de ser necesarias; la emisión de los documentos de viaje, de ser necesario; y la aceptación del retorno físico de sus ciudadanos», detallan.
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¿Quién paga el pasaje de avión? El documento refiere que la Oficina de Inmigración y Aduanas facilita el transporte y la deportación de dichas personas vía vuelos comerciales mediante servicios de chárter. «Desde 2006 la Oficina de Inmigración y Aduanas ha transferido y/o deportado personas mediante servicios de chárter», refiere.
De acuerdo con documentos oficiales de Estados Unidos, actualizados hasta el 2020, un total de 1,416 nicaragüenses fueron deportados de ese país en ese periodo. En el 2018 la cifra fue de 879, sin embargo, el mayor éxodo durante los últimos tres años fue en el 2019 con 2,240.
La violencia e indolencia de autoridades nicaragüenses
A criterio de la activista Castillo, en un país donde impere la democracia es el Estado mismo quien se encarga de acompañar a sus ciudadanos en el proceso de retorno y asegurar su integridad física durante el restablecimiento en el país. En un panorama adverso, dice la socióloga, el régimen de Ortega está lejos de garantizar esos derechos. «Es el Estado victimario que los persigue, los apresa, les quita el empleo, les roba el dinero de sus impuestos, los tiene desprotegidos, de manera que Nicaragua está en un caos», reprochó.
La experta ejemplificó la situación de los migrantes nicaragüenses que buscan llegar a Estados Unidos con las acciones que ejecutan otros países de la región como Guatemala, El Salvador y Honduras, donde los mismos gobiernos «han pedido a Estados Unidos un TPS (tratamiento temporal especial), porque ellos reconocen la gravedad de la situación que viven sus países».
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«Nosotros como organismo de derechos humanos no conocemos que exista alguna ayuda a estos migrantes, es más, hemos conocido casos en los que al llegar al aeropuerto deportados tienen que volver a salir al exilio por la represión. No existe en lo absoluto ningún programa, lo que hemos sabido es que en algunos casos los van a dejar a sus casas y se los entregan a sus familias, de manera que no hay ningún proceso de recuperación emocional, ni material, ni apoyo económico, o sea, la población está quedando a su total desventura y desamparo», manifestó Castillo.
La abogada Astrid Montealegre, experta en temas migratorios, señaló que con toda persona deportada, Nicaragua tiene la «obligación» de proveer la atención adecuada, basándose en sus estatutos éticos y legales.
«Esto significa que si esa persona se autoexilió, es decir que no fue una migración forzada por resguardar su integridad física, el Gobierno de Nicaragua tiene la obligación de proveer por ellos, y toda la población que sufre de la misma condición económica asumiendo ética fiscal», declaró la abogada, quien enfatizó que para ello se deben de eliminar gastos estatales innecesarios para cubrir la atención de estas personas.
Sin embargo, Estados Unidos no es el único destino hacia donde migran los nicaragüenses. Por cercanía, Costa Rica históricamente ha ocupado el primer lugar. Entre junio y julio, 10,077 nicaragüenses hicieron la solicitud ante la Dirección General de Migración y Extranjería de Costa Rica (DGME), confirmaron a LA PRENSA autoridades migratorias de ese país.
La cifra de solicitudes también aumentó, ya que en junio fue de 4,378 y en julio ascendió a 5,699. Al menos en el vecino del sur —a pesar de todas las adversidades socioeconómicas que enfrentan y la larga espera por la saturación del sistema ante la alta demanda de asilo o regularización de su estatus— los nicaragüenses tienen menos posibilidades de ser deportados, siempre y cuando cumplan con los protocolos y respeten las leyes del país que los acoge como refugiados.