El Ministerio Público (MP) recibió como “pruebas” en contra de ocho opositores acusados por el delito de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional”, la creación de grupos de WhatsApp, declaraciones públicas en redes sociales y medios de comunicación independientes y el testimonio de 32 oficiales de la Policía. El 24 de agosto, la fiscal auxiliar de Managua, Heydi Estela Ramírez Olivas, presentó la acusación ante el Juzgado Quinto de Distrito Penal de Audiencias de Managua.
En la acusación, la fiscal Ramírez, señala principalmente a Manuel Orozco Ramírez, politólogo nicaragüense y experto en temas de migración remesas y desarrollo, radicado en Estados Unidos, de “organizar y coordinar” a siete opositores de presuntamente ser autores del delito de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional”.
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Junto a Orozco Ramírez, son acusados tres aspirantes presidenciales Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro y Arturo Cruz; el exvicecanciller nicaragüense José Pallais; el expresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri; y las dirigentes de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), Violeta Granera y Tamara Dávila.
De los ocho acusados, siete permanecen detenidos en la Dirección de Auxilio Judicial ( DAJ) conocido como el nuevo Chipote y Orozco Ramírez, con orden de captura. Este viernes 3 de septiembre, los opositores enfrentaron la audiencia inicial en las instalaciones del nuevo Chipote, en esta ocasión si contaron con la asistencia de sus abogados de preferencia.
La funcionaria en la acusación identifica a Orozco Ramírez de estar vinculado, desde el 2009, supuestamente al financiamiento de “campañas desestabilizadoras”, “mediante una red de enlaces de organizaciones políticas y medios de comunicación, con los cuales ha venido manipulando y presionando para destituir con métodos violentos al Gobierno de Nicaragua”, reza el documento de la acusación.
“Grupos de Whatsapp”, como pruebas
En esa misma línea, la fiscal Ramírez señala que Orozco Ramírez dio orientaciones para que los otros siete acusados propusieran y gestionaran sanciones de todo tipo contra el Estado de Nicaragua, además incitaran a la injerencia extranjera en asuntos internos y así mismo, desestabilizaran al país con financiamiento externo.
Como pruebas, según la funcionaria, Orozco Ramírez, el 30 de abril pasado por medio del grupo de WhatsApp denominado “Reunión Mayo 3” orientó que Pallais, Maradiaga, Aguerri, Chamorro y Granera, hicieran llegar los planteamientos por escrito sobre las reformas electorales en Nicaragua, “asignándole a cada quien un rol en la reunión con miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), programada para el mes de mayo de 2021”.
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Además de ello, la fiscal Ramírez señala que el politólogo era administrador de un grupo en WhatAapp denominado “task force” —en español fuerza de tarea— en el que participaban además de los cinco mencionados anteriores, los líderes estudiantiles Max Jerez y Lesther Alemán; el presidente del Cosep, Michael Healy; el periodista y director de Confidencial, Carlos Fernando Chamorro; y Salvador Stadthagen.
“A quienes en el año 2021, le bajó orientaciones para que los acusados propusieran y gestionaran sanciones económicas, comerciales y de operaciones financieras en contra del Estado de Nicaragua, sus instituciones y ciudadanos; asimismo, incitaran a la injerencia extranjera en los asuntos internos; la desestabilización del país con financiamiento extranjero y realizaran acciones para desacreditar al Gobierno de Nicaragua”, alega la fiscal.
De ahí se desprende de forma enumerada el registro de las intervenciones o declaraciones que los opositores acusados hicieron públicas a través de sus redes sociales e incluso medios de comunicación independientes, cuando gozaban de libertad.
“Enlace operativo” de otras organizaciones
En esa misma acusación, la fiscal Ramírez señala que el acusado Orozco Ramírez al ser miembro activo de la Organización Creative Associates International —organismo de desarrollo global que es financiado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y el Departamento de Estado de los Estados Unidos— funcionaba “como enlace operativo de grupos internos en Nicaragua para dar apoyo logístico y crear condiciones favorables para lesionar la estabilidad de la nación”.
La Fiscalía de Nicaragua señala de triangulación contra los intereses del país a las organizaciones: Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEP), la Fundación Violeta Barrios Chamorro (FVBCH), la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), el Centro de Investigación de la Comunicación (Cinco), el Movimiento Puente y el Movimiento por Nicaragua (MPN).
“La actividad delictiva consistió en triangular los recursos desde organismos internacionales como: Instituto Republicano Internacional, Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y la Fundación para la Democracia (NED), con el objetivo de crear organizaciones, asociaciones y fundaciones de fachada para canalizar los recursos, ya sea con proyectos o programas que aborden temas sensibles como los derechos de grupos de la diversidad sexual, derechos de comunidades indígenas, o también mediante el marketing político en temas como libertad de expresión y democracia”, afirma la fiscal.
32 policías como testigos
La acusación del Ministerio Público también recoge el testimonio de 32 oficiales de la Policía: 21 detectives policiales, un oficial de la Policía, siete especialistas de la escena del crimen, un oficial de inspecciones oculares y dos especialistas en el Departamento de Delitos Informáticos.
De acuerdo con la acusación ellos participaron desde la investigación, los allanamientos, el análisis de la información que se obtuvo de los dispositivos electrónicos extraídos, como celulares y computadoras. Y también el análisis de información de fuentes abiertas, es decir, de lo que los opositores publicaron en las redes sociales y plataformas abiertas al público, como medios de comunicación digital.
Algunas de las pruebas que presentó el MP está que el 21 de enero, Maradiaga participó en una reunión con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, actividad desarrollada en San José Costa Rica, reunión en la cual el acusado “gestionó sanciones para la Policía Nacional de Nicaragua”. Seis días después, señala que Maradiaga en entrevista con LA PRENSA titulada “Sanciones contra instituciones y contra la billetera de Ortega” el acusado explicó los resultados de la reunión con Pompeo: “Se deben continuar ejerciendo las sanciones, estas sanciones deben estar orientadas a golpear la billetera de Ortega, pero también se le dijo que era hora de sanciones institucionales a las organizaciones o entidades que han cometido crímenes de lesa humanidad como es el caso de la Policía…”.
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En la acusación oficial, de 41 páginas, la fiscal Ramírez solicitó que se admita su escrito, se gire orden de captura contra el politólogo y se establezca la medida de prisión preventiva contra los otros siete opositores, debido a que la funcionaria alega que “estamos en presencia de un hecho de naturaleza grave, entendiendo la gravedad no solo por la posible pena a imponer, sino por la forma cómo sucedieron los hechos y el bien jurídico que se puso en riesgo con la comisión del delito”.
También solicitó la tramitación compleja de la causa, puesto que “el delito acusado, es un delito grave y conexo al de crimen organizado, razón por la cual, la Policía Nacional continúa realizando actos de investigación con el objetivo de identificar todas las actividades ilícitas y a todos los miembros de la organización delictiva, además, se esta a la espera de la conclusión del informe de redes sociales y del análisis financiero y patrimonial, también se continúa analizando información documental e información bancaria”.
Las pruebas encontradas tras el allanamiento
De acuerdo al documento de la acusación, la Policía incautó una serie de artículos personales de los opositores entre ellos: laptops, computadoras, cargadores, CD, DVD, memorias USB, libros, vehículos, libros, libretas y hasta periódicos.
De las 41 páginas, 21 son dedicadas a presentar las pruebas encontradas por la Policía durante los allanamientos a la casa de los opositores. Al expresidente del Cosep, Aguerri, por ejemplo, dice que se le encontró “una laptop marca IPhone, color plateado, modelo Al466”, no obstante es un modelo inexistente de la marca Apple.
Al aspirante presidencial Chamorro se le sustrajo “catorce álbumes con tarjeta de presentación de diferentes personas, instituciones estatales, empresas y organismos no gubernamentales (entre las que resaltan tarjetas de USAID); una hoja de papel pequeña con la leyenda ‘Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia'”.
Por otro lado, en el allanamiento a la casa del precandidato presidencial Cruz, la Policía se llevó “un folder de color rojo que contenía 87 hojas de papel bond con manuscritos, un folder de color morado conteniendo 42 hojas de papel bon con manuscrito”.
Mientras en el allanamiento a la casa del aspirante presidencial Maradiaga, se llevaron ” un recibo de entrega de tarjeta a nombre de Berta Adelma Valle, un periódico del diario La Prensa de fecha 5 de abril 2021, un libro color celeste (…) quince CD y DVD de distintas marca”.
De la casa de la opositora Dávila, la Policía se llevó “un videocasete familiares de viajes y cumpleaños (…) un CD de Alejandro Filio, Swing Factory, Sin Bandera, Jacques Brel, Wilco, Michael Bolton y Alberto Cortez (…) un CD con la leyenda que se lee Orfeo Negro”.
