Una semana después que Estados Unidos interpretara el encarcelamiento de Luis Rivas Anduray como un “intento desesperado” de la dictadura de Daniel Ortega por enviar un mensaje intimidatorio al sistema financiero nacional, que ha cumplido a cabalidad con el cierre de cuentas a los sancionados por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), el régimen apareció este lunes con una inusual acusación contra el presidente ejecutivo del Banpro, el banco más grande de Nicaragua.
Este lunes el Ministerio Público a través de su acostumbrado comunicado diario, donde irónicamente pide a los nicaragüenses “mantener un clima de paz y convivencia pacífica, así como de tranquilidad, tolerancia y respeto a las leyes de la República”, informó que realizó la audiencia inicial contra Rivas. A él lo señala por los delitos de “portación o tenencia ilegal de arma de fuego; fabricación, tráfico, tenencia y uso de armas restringidas, sustancias o artefactos explosivos”.
A los delitos anteriores le sumó la conspiración para “cometer menoscabo a la integridad nacional, en perjuicio de la sociedad nicaragüense y el Estado de Nicaragua”.
Antes de llegar a esos señalamientos
Los señalamientos del régimen de Ortega sorprenden por cuanto hasta ahora solo había acusado a los opositores de conspiración y lavado de dinero, pero por primera vez señala a uno de ellos de tráfico y fabricación de artefactos explosivos, así como de uso de armas restringidas, un señalamiento delicado, tratándose de un alto cargo del mayor banco de Nicaragua y que a su vez es un delito que es perseguido a nivel internacional.
Cuando Rivas fue secuestrado la noche del 15 de junio de este año, el régimen había dicho que lo estaba investigando por “realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía, y la autodeterminación, incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos, pedir intervenciones militares, organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización, proponer y gestionar bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras en contra del país y sus instituciones, demandar, exaltar y aplaudir la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos, y lesionar los intereses supremos de la nación, de conformidad con el artículo 1 de la Ley No. 1055, Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz”, dice la nota policial.
Inclusive, el 16 de junio, la Fiscalía informó que había abierto una investigación contra 13 exdirectivos de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), donde figuraba Rivas, quien efectivamente había ocupado cargo dentro de este centro de pensamiento. Y en esa ocasión se dio a conocer que estaban siendo investigados en el marco de la Ley 1055, además por recibir recursos económicos financiados por fuentes extranjeras.
El 15 de junio, Rivas se presentó a declarar por esta razón ante el Ministerio Público, horas después fue apresado, pero la dictadura no informó en ese momento que había encontrado armamento o explosivo cuando este fue capturado. Ahora en la acusación que se presentó este lunes no se le vincula con Funides, pero se le atribuye delitos muy distintos a los mencionados desde que comenzó la persecución contra el representante bancario.
Los nuevos señalamientos de la dictadura contra Rivas surgen una semana después que Estados Unidos hiciera una interpretación sobre el encarcelamiento de este. A criterio de Estados Unidos, Rivas estaría «pagando el precio» de la decisión del Banco de la Producción (Banpro) —el banco más grande de Nicaragua— de bloquear las cuentas de «funcionarios del régimen sancionados por Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea».
Otro mensaje que Estados Unidos observa tras la detención de Rivas es que el régimen quiere demostrar que no solo castigará a opositores o críticos, sino también «buscaría castigar a cualquiera que se haya cruzado con él y con la cleptocracia que ha establecido en Nicaragua».
Hasta ahora Banpro solo se ha limitado a expresar en que confiaba en la calidad moral de su alto cargo.