LA DICTADURA NO PUEDE OCULTAR LA VERDAD

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desde que nuestras instalaciones fueron tomadas y nuestro gerente general Juan Lorenzo Holmann fue detenido.

con las instalaciones tomadas y nuestro gerente general Juan Lorenzo Holmann detenido.

la prensa,

Más de 10 patrullas ingresaron a LA PRENSA el pasado 13 de agosto al efectuarse el allanamiento contra el Diario. LA PRENSA/Archivo

A un mes del asalto a LA PRENSA. «Es el ataque más terrible que el régimen Ortega ha asestado a la libertad de expresión»

Para los defensores de derechos humanos, la toma de las instalaciones fue con el fin de dar una estocada a la libertad de prensa y expresión de todos los nicaragüenses

A un mes de que el Diario LA PRENSA fuera asaltado por la Policía orteguista —el principal brazo represor del régimen de Daniel Ortega—, sus instalaciones siguen tomadas y su gerente general, Juan Lorenzo Holmann Chamorro, sigue secuestrado en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial acusado de lavado de dinero. El periódico no ha vuelto a circular y lo único que ha quedado en pie es el trabajo de los periodistas a través de la plataforma digital.

«El ataque y la destrucción al diario más antiguo del país, al único diario que circulaba (hasta el 12 de agosto de este año), es quizás el ataque más terrible que el régimen Ortega Murillo ha asestado a la libertad de expresión, a la libertad de información y el derecho a informarse de todos los nicaragüenses», considera la presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez de Escorcia.

El 12 de agosto, un día antes de la toma del edificio de este Diario, la directiva anunció que ya no circularía más la edición impresa hasta que la Dirección General de Aduanas (DGA) liberara el papel nuevamente retenido en un almacén fiscal. Un día después, al mediodía del 13 de agosto, la Policía se tomó las instalaciones de LA PRENSA y desde entonces, sus tres grandes portones (dos dan ingreso al parqueo y uno a la redacción, imprenta y oficinas administrativas) han permanecido cerrados, con una patrulla policial dentro del parqueo.

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Hasta la fecha, la confiscación de facto realizada por la dictadura de Ortega ha afectado a la mayoría del personal porque sus trabajos dependían del funcionamiento de este Diario: voceadores, colaboradores del área de imprenta, bodega, administrativo, transporte, fotógrafos e incluso el equipo de limpieza, entre otros. Son más de 200 empleos a la deriva.

Muchas familias dependían de la venta de periódicos de LA PRENSA y HOY. /LA PRENSA

«El ataque a LA PRENSA no significa solamente un ataque a la libertad de prensa, significa un ataque a la libertad de empresa, porque independientemente de ser un medio de comunicación era también una empresa (…) Ortega ha atentado contra el derecho al trabajo y contra el derecho a informar que tienen los periodistas que trabajan ahí», declara la defensora de derechos humanos.

«Se trata de un asalto»

Para los defensores de derechos humanos, Haydée Castillo y Gonzalo Carrión, director del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca + —ambos exiliados por la persecución del régimen— , la toma de LA PRENSA fue un «asalto» ejecutado por los Ortega Murillo con el fin de dar una estocada profunda a la libertad de prensa y expresión al país.

«Ese asalto, que incluye la privación de libertad y el tomarse el medio, tiene esa lógica perversa de un Estado que a la vez está asaltando desde el punto de vista jurídico, pero sin ningún respaldo constitucional, por eso se trata de un asalto aunque le quieran dar algún disfraz de orden jurídica. Ninguna orden judicial debe llevar implícito semejante acción de asalto, porque sobre todo están los derechos humanos, el orden constitucional y los instrumentos internacionales están reconocidos en la misma Constitución, no solo la libertad de expresión sino que todos los derechos, incluso los derechos de la sociedad a ser informado», plantea Carrión.

Agentes de la Policía orteguista y de la Dirección de Operaciones Especiales se hicieron presentes el día que se tomaron este Diario.

Un día después del secuestro de las instalaciones de este Diario, el 14 de agosto, el dictador Ortega acusó a LA PRENSA de «prestarse a lavar dinero y esconder las pruebas». “Ahí llegó la Fiscalía, la Policía y encontraron cantidades de papel. Cuando se miente de esa manera, cuando se calumnia al Estado, eso es un delito”, declaró en ese momento el mandatario, haciendo eco de la campaña de los medios de propaganda, que objetaron la denuncia de este medio —la retención de papel— al mostrar rollos de papel en las bodegas, que correspondía a otro tipo de material usado en la imprenta comercial para la publicación de libros y afiches.

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El defensor es enfático en decir que lo de LA PRENSA fue «un asalto manu militari» y un asalto a todas las libertades que tienen por derecho los ciudadanos. «Cuando se atenta contra la libertad de expresión, se atenta contra todas las libertades como tal», destaca.

«Es un hecho condenable y repudiable pues es de las últimas estocadas que da la dictadura Ortega Murillo a la libertad de prensa y a la libre expresión en Nicaragua. Constituye un hecho grave porque sin la posibilidad de expresarse y opinar libremente, prácticamente están condenando al pueblo a la opresión y al silencio, estrategias propias del terrorismo de Estado y del crimen organizado», manifiesta por su parte Castillo.

Gerente general en juicio

El equipo de abogados de Holmann Chamorro denunció el viernes 11 de septiembre que el Ministerio Público comenzó el juicio en contra de él sin que sus defensores estuvieran en la audiencia. Todo el proceso ha sido en secreto.

Según la Fiscalía, Holmann Chamorro es acusado por supuesto lavado de dinero, bienes y activos. Los defensores informaron que a su representante ya le han realizado «audiencia especial de garantías constitucionales» y una audiencia preliminar, ambas de forma «privada».

Hasta ahora, los abogados no han podido ver a Holmann Chamorro ni han accedido al expediente de su representante.

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«El hecho que prácticamente tengan secuestrado a su gerente y estarle imputando acciones delictivas, hace extensiva la persecución no solo a LA PRENSA como empresa o como medio de comunicación, sino que a la persona misma, porque Chamorro es un empresario, el gerente general del medio más importante de comunicación y lo acusan después de tenerlo secuestrado en condiciones infrahumanas y exponiendo su vida (…) Es un golpe mortal que caracteriza a una dictadura, no hay palabra en el diccionario político, jurídico, para calificar todas estas acciones perversas en contra de la población, porque como dice LA PRENSA, es el Diario de todos los Nicaragüenses», concluye la presidenta del Cenidh.

Pese al asalto a sus instalaciones, LA PRENSA ha reiterado su compromiso con los nicaragüenses de continuar informando a través de todas sus plataformas digitales para continuar denunciando los abusos de la dictadura contra la población, la empresa privada y todos los sectores del país.

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