Condenas de ocho a 12 años de prisión está pidiendo la Fiscalía española para una banda de traficantes de personas que entre octubre de 2018 y noviembre del 2019 explotó laboralmente a siete mujeres nicaragüenses.
Entre las acusadas figuran tres mujeres de origen nicaragüense, dos españolas y una peruana. La organización criminal reclutó a las seis víctimas en Nicaragua y operaba en las ciudades españolas de Sevilla y Bilbao.
La Fiscalía les imputa a las seis acusadas tráfico ilícito de migrantes en la modalidad de ayuda y permanencia (ilegal en España), trata de personas con fines de explotación laboral agravada, pertenencia a organización criminal y delito contra los trabajadores, según reportó el Diario de Sevilla.
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Las explotadoras que permanecen bajo arresto provisional enfrentarán juicio a partir del próximo 20 de septiembre. Las cabecillas del grupo criminal son identificadas en la acusación fiscal como Virginia J.G.P. y Enma P.C.
Hechos acusados
En la acusación donde se recogen los relatos de testigos protegidos, se narra que las explotadoras laborales reclutaban a las víctimas bajo la falsa promesa de que obtendrían trabajos dignos como domésticas o cuidando ancianos en aquel país.
Para hacer ingresar a sus víctimas a territorio español, las acusadas las hacían pasar como turistas en el aeropuerto de Bilbao y luego las trasladaban a Sevilla, donde las obligaban a vivir hacinadas, según la acusación fiscal.
“Una de las víctimas explicó que 14 mujeres vivían en tres habitaciones, por lo cual algunas dormían en el suelo”. Además, en ocasiones recibían poco o nada del salario que les ofrecieron, refiere la acusación del Ministerio Público español.
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Las siete mujeres nicaragüenses también relataron que en los lugares antes mencionados recibieron amenazas de agresión sexual por parte de otros miembros de la agrupación de explotadores laborales.
Costos inflados
Las víctimas también relataron a la Fiscalía española que, llegando a ese país, las acusadas comunicaban que habían contraído una deuda que oscilaban entre los 3,500 y 7,000 euros, además que las hacían pagar 100 euros mensuales por el alquiler de los cuartos donde estaban hacinadas.
Para asegurarse el pago de la deuda, las traficantes de personas obligaron a las siete mujeres víctimas a que les pusieran en garantía propiedades de ellas o sus familiares más cercanos en Nicaragua, según el extenso escrito acusatorio, detalla el periódico español.
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Las nicaragüenses explotadas laboralmente eran obligadas a colaborar con el pago de 10 euros semanales para que la organización criminal pagara anuncios en páginas web y cuando las trasladaban a los domicilios donde les conseguían el trabajo, les cobraban entre 30 y 35 euros por el transporte.
Para asegurarse que no serían denunciadas, las acusadas decían a las víctimas que si lo hacían serían expulsadas hacia Nicaragua. Además, ellas les retenían sus pasaportes.
Cárcel e indemnización
El Ministerio Público de España está pidiendo a la justicia de ese país que las cabecillas de la organización sean castigadas con 12 años de prisión; mientras para las otras cuatro están solicitando condenas de ocho años y medio de encierro en la cárcel.
La Fiscalía española también está solicitando a la justicia de ese país que a las acusadas se establezca una responsabilidad civil, para que indemnicen a cada una de las siete víctimas con montos que van desde los 8,000 hasta los 15,000 euros.
Finalmente, el órgano acusador está solicitando que las imputadas no se puedan acercarse a las víctimas por un período de diez años.