A falta de un plan de gobierno, Daniel Ortega hace campaña —en busca de su tercera reelección para un cuarto mandato consecutivo—, con el Plan Nacional de Lucha Contra la Pobreza y para el Desarrollo Humano 2022-2026. Desde que fue presentado oficialmente a inicios de julio, cada semana funcionarios del régimen viajan a los municipios para presentarlo a diversos sectores.
Como otros que se han elaborado en los tres periodos consecutivos, en que Ortega ha dirigido el rumbo del país, este también incluye megaobras que se vienen prometiendo desde su retorno al poder en 2007. Entre ellas, el puerto de aguas profundas en Bluefields, una terminal de cruceros en San Juan del Sur y el ferrocarril entre Managua, Masaya y Granada. Como beneficio directo para el ciudadano de a pie, la oferta es incrementar la atracción de inversiones para generar los empleos que las familias necesitan con el objetivo de garantizar sus ingresos.
“La inversión privada ofrece la posibilidad de inyectar capital fresco a la economía, generar empleos rápidamente y promover la transferencia tecnológica y de conocimientos, con el fin de contribuir a la reducción de la pobreza”, dice el apartado referido a la promoción y facilitación de más inversión nacional y extranjera directa.
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Pero esto, como los megaproyectos, podría quedar como otra promesa incumplida, ya que el plan no contempla acciones concretas que restauren la confianza de los inversionistas. Esta se deterioró a raíz de la escalada represiva con la que el régimen sofocó la crisis sociopolítica que estalló en 2018; esa falta de confianza ha provocado que la Inversión Extranjera Directa (IED) caiga a los niveles más bajo de la última década.
En 2020 la IED se desplomó
Según el plan, “al concluir 2017, según estadísticas del Banco Central de Nicaragua (BCN), el país logró captar 1,670 millones de dólares en inversión extranjera directa”; pero a partir de 2018 esta se comenzó a reducir, refiere el documento.
El Informe Anual 2020 del BCN detalla que ese año el país percibió 182.3 millones de dólares en IED neta, monto menor en 63.8 por ciento respecto a 2019.
Los analistas han señalado que en 2020 el desplome de la inversión no fue un fenómeno exclusivo de Nicaragua, sino un problema generalizado provocado por el confinamiento establecido en gran parte del mundo, para frenar la propagación de la pandemia por covid-19. Sin embargo, a nivel local, a esto se suman los efectos de tres años consecutivos de recesión en los que el Producto Interno Bruto (PIB) se ha reducido en más de nueve puntos porcentuales.
“Con respecto a la inversión, el país que está en peor situación es Nicaragua, por la incertidumbre política y por la ausencia de una política estratégica de desarrollo de mediano plazo, en la que el enfoque de la pobreza tenga un valor estructural más importante”, dice el economista Alejandro Arauz.
Para Arauz, el contexto de incertidumbre y de problemas políticos persistirá en el mediano plazo; lo mismo que la ausencia de una plataforma adecuada para que la inversión privada, la extranjera y la pública se complementen adecuadamente. Él considera que si en 15 años de gestión Ortega no ha logrado construir esta plataforma, no lo hará en uno o dos años para echar andar el nuevo plan.
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Incertidumbre deterioró clima de negocios
Pese a que dicha incertidumbre ha deteriorado considerablemente el clima de negocios del país, el plan no contempla acciones para recuperarla. Solo plantea que para “fortalecer el clima de negocios y facilitar nuevas inversiones, se identificarán oportunidades de mejora de naturaleza regulativas a ser traducidas en políticas públicas, incluyendo la simplificación de trámites; fomentando también la reinversión o expansión de empresas ya establecidas en el país”.
Según los especialistas, además de recuperar la confianza de los inversionistas a través de una solución política a la crisis, el país requiere que se realice un análisis estructural profundo de cómo enfrentar de manera sólida y concreta el proceso de generación de empleo —que es la base de reducción de la pobreza— y la atracción de inversiones dentro del marco sectorial y de encadenamiento de las actividades productivas que agreguen valor a las materias primas que durante siglos ha producido el país.
A criterio de Arauz, ante la ausencia de esta solución, la posición de Nicaragua es la más complicada de Centroamérica, “porque la crisis política se ha prolongado y se seguiría prolongando”, tal como lo establecen las perspectivas de los organismos internacionales que consideran persistirá en el mediano plazo.