El Ministerio de Gobernación de Nicaragua abrió una convocatoria de reclutamiento de policías electorales para las votaciones generales del próximo 7 de noviembre, según informaron este martes 14 de septiembre los medios de comunicación oficialistas.
Las inscripciones estarán abiertas a partir del lunes 20 de septiembre hasta el lunes 27 del mismo mes, de las 8:00 a.m. a las 5:00 p.m. Los interesados deberán presentarse a las delegaciones policiales departamentales o regionales.
Los requisitos son: ser nicaragüense, haber cumplido 18 años, saber leer y escribir, estar apto física y mentalmente, y no poseer antecedentes penales.
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Según la experiencia de anteriores procesos electorales, el Ministerio de Gobernación (Migob) es la institución encargada de seleccionar a los miembros de la Policía Electoral, entre ciudadanos idóneos que llenen los requisitos de Ley y su número dependerá de los requerimientos que al efecto defina el Consejo Supremo Electoral (CSE).
El Ministerio de Gobernación elabora el registro de los policías electorales y los pone a disposición del CSE. Los seleccionados son capacitados por la Policía Nacional, una institución caracterizada por responder a los intereses del partido gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), que encabeza Daniel Ortega. En los últimos tres años, la Policía se ha dedicado exclusivamente a reprimir a los opositores y críticos del régimen de Ortega.
Funciones del policía electoral
Entre las funciones de los policías electorales está “acudir debidamente uniformado al recinto de votación; además, garantizar el orden público durante el sufragio electoral, en la fila y entorno correspondiente.
El policía electoral debe permanecer en la parte externa de la Junta Receptora de Votos (JRV) desde el momento en que esta se constituye hasta que finalice el escrutinio.
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También debe consultar con el presidente de la JRV el ingreso de observadores electorales nacionales e internacionales, magistrados y funcionarios del CSE debidamente identificados y acreditados.
Custodiar el material electoral desde su salida del Consejo Electoral Municipal (CEM) hasta la JRV y posteriormente en su retorno.
Solicitar a los fiscales de los partidos políticos y observadores electorales sus respectivas credenciales e informar de su presencia al presidente de la JRV, y los hará pasar cuando este lo haya autorizado.
No permitir la entrada al recinto de ciudadanos que porten armas de fuego o cualquier tipo de arma cortopunzante.
Revisar los bolsos o mochilas que porten los ciudadanos, para prevenir que se introduzca en el local algún tipo de arma o propaganda electoral.
No permitir la entrada al recinto de ningún ciudadano que se encuentre en estado de ebriedad.
No permitir el ingreso de personas con propaganda proselitista de los partidos.
Prohibiciones
Se prohíbe a la Policía Electoral abandonar su puesto y entrar al local de la JRV, salvo que sea autorizado por el presidente de la misma; realizar cambio de puesto con otro policía electoral.
También tienen prohibido dar opinión o criterio con respecto a candidatos de los distintos partidos políticos; portar o aceptar algún tipo de propaganda política; brindar declaraciones u opiniones a observadores nacionales e internacionales, así como a periodistas de la prensa nacional y extranjera.
La Policía en general se caracteriza por actuar bajo sesgo partidario y responder con agresividad contra los opositores y críticos.
En las elecciones municipales de 2017, dos policías electorales golpearon a dos periodistas que cubrían las votaciones en el municipio de La Paz, en Carazo. Las periodistas agredidas fueron Tania Narváez, de El Nuevo Diario, y Marisol Montenegro, de radio Maranatha.
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Al igual que la Policía Nacional, el CSE y el Migob son instituciones que responden a los intereses del régimen de Ortega.
Las votaciones son el próximo domingo 7 de noviembre, para elegir presidente, vicepresidente, diputados de la Asamblea Nacional y ante el Parlamento Centroamericano (Parlacen).
El proceso electoral de Nicaragua se lleva a cabo bajo un clima de tensiones políticas por la detención de más de 30 destacados opositores, entre ellos siete aspirantes presidenciales, además del cierre de medios de comunicación y cancelación de partidos políticos.