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CONTENIDO EXCLUSIVO.El gobierno de Daniel Ortega continúa sin tocar casi mil millones de dólares que tiene depositados en el Banco Central de Nicaragua (BCN), pese a que diversos analistas habían señalado que estos recursos iban a salir con mayor fuerza a medida que se acercaran las elecciones en noviembre próximo.
Según datos del Banco Central de Nicaragua, hasta agosto de este año, el Gobierno tenía en depósitos 32,741.4 millones de córdobas, el segundo nivel más alto que una Administración ha tenido en esa cuenta, luego que en junio se alcanzara el récord histórico de 33,413 millones de córdobas.
Ningún gobierno había tenido hasta ahora tanto dinero depositado en el Banco Central como el régimen de Daniel Ortega, cuyo saldo vio caer estrepitosamente entre 2018 y 2019 como consecuencia del impacto en la economía de la represión estatal contra civiles a raíz de una fallida reforma a la Seguridad Social.
Y si bien en el 2020 hubo una estabilización en estos depósitos, fue a partir de diciembre de ese año cuando estos empezaron a crecer con fuerza luego que los huracanes Iota y Eta impactaran el país, lo que ocasionó que los organismos financieros internacionales empezaran a entregar fondos para la reconstrucción, así como apoyo para reactivar la economía impactada por la pandemia.
Hasta noviembre, según muestran los números del BCN, el Gobierno tenía en el Banco Central 14,327.9 millones de córdobas, pero diciembre se elevó a 22,472.8 millones de córdobas. De ahí el saldo no ha parado de crecer hasta tocar en junio los históricos 33,413.1 millones de córdobas.
Desde que se registró un nivel récord en junio hasta agosto, el Ejecutivo apenas ha retirado del Banco Central de Nicaragua 671.7 millones de córdobas, lo que refleja el bajo nivel de movilización de recursos desde esta cuenta que está habiendo. ¿A qué se debe?
Primera posible razón: hay abundantes recursos
Un economista, que prefiere no ser citado por temor a represalias, sugiere echar una mirada al informe de ejecución del Presupuesto General de la República 2021. Entre enero y junio, los ingresos (donaciones y recaudación) crecieron a tal grado que con solo eso se pudo financiar el 115.4 por ciento del gasto total.
Es decir que el aumento de la recaudación de impuestos a junio de 28.3 por ciento, comparado con igual periodo del año pasado más el incremento del 106.8 por ciento en las donaciones externas, fueron suficientes para cubrir el gasto corriente y además aumentar en 31.1 por ciento el gasto de capital.
Aún con el aumento en el gasto de inversión, el economista señala que el Gobierno generó un superávit de 7,132 millones de córdobas, a los que se agregaron otros 6,881.6 millones de córdobas en concepto de préstamos netos, que crecieron en 99.1 por ciento con respecto a igual periodo del año pasado.
“Esto dejó un remanente financiero global de 14,013.6 millones de córdobas para ser destinados al financiamiento interno neto, un monto de 489.3 por ciento superior al registrado al segundo trimestre del año”, explica el economista.
En otras palabras, al Gobierno le ha ido tan bien financieramente en el primer semestre de este año que no ha necesitado tocar los fondos que tiene en reservas, lo que ha criterio del economista se estaría observando con la casi inmovilización de los recursos en el BCN.
Tal ha sido la abundancia en recursos, que luego de cumplir con las obligaciones en la amortización de deuda interna y descontar recursos de un rubro que el presupuesto general aparece como “otros”, el Ejecutivo tuvo un remanente por 12,585 millones de córdobas que los envió al Banco Central “para aumentar los depósitos del Gobierno en esta entidad y apuntalar así la posición de reservas monetarias internacionales”.
“No tiene necesidad de tocarlo (el fondo), hasta ahora. En 2022 van a necesitar toda la plata que puedan tener disponible”, enfatizó.
Segunda posible razón: se preparan para un 2022 complicado
El economista Néstor Avendaño y el sociólogo Óscar René Vargas coinciden en una lectura sobre el aumento de estos fondos: el Gobierno se está preparando para un 2022 financieramente más complicado con mayor presión internacional tras las elecciones de noviembre del 2021.
“La situación política está bastante problemática. No se ha resuelto el problema político, siempre he manifestado que la economía va a mejorar cuando se resuelva el problema político”, afirma Avendaño.
De hecho el economista sostiene que en el Presupuesto General de la República 2022, que deberá ser presentado el próximo mes, no esperaría sustanciales incrementos en el gasto sino que se mantendría la misma apuesta que se adoptó desde el 2018: una política contractiva.
“Ha existido una muy buena coordinación entre la política monetaria y la política fiscal, que ha sido muy austera, ha sido muy contractiva en el gasto público en los últimos tres años, incluyendo este. Entonces ¿habrá un cambio en esta estrategia? Mi respuesta es no, porque no se ha resuelto el tema político, entonces creo que va a continuar la austeridad fiscal, el Gobierno no puede ejercer una política fiscal demasiado expansiva porque pondría en riesgo la estabilidad macroeconómica y la estabilidad macroeconómica por supuesto ha sido favorecida por la asistencia de apoyo de reservas que ha dado el FMI y últimamente por la única puerta que dejó abierta la Nica Act, que es la ayuda por razones humanitarias”, agregó Avendaño.
El economista indica que esperaría que en el 2022 se establezca un diálogo para buscar un acuerdo político para garantizar que la estabilidad económica se mantenga en caso de que se apueste por una política de expansión fiscal y que no ponga en riesgo la posición de las reservas internacionales, que son fundamentales para la estabilidad macroeconómica.
Avendaño deja entrever, no obstante, que dichas conversaciones estarían involucrando al poder político con el sector privado. “Si no se da ese diálogo, sería muy arriesgado que el Gobierno tome un impulso autónomo para gastar más”, indicó.
“Se están preparando para peores momentos, diría yo, esta es una hipótesis personal, porque por ejemplo si hay una revisión del Cafta, como lo propugna la Renacer, eso impide expansión del gasto, porque la producción de exportación podría disminuir”, agregó.
El analista Óscar René Vargas coincide en que hay temor de que se concrete la Renacer en Estados Unidos el próximo año, lo que tendría un efecto sobre la posibilidad de continuar recibiendo financiamiento. “La estrategia de (Daniel) Ortega de guardar dinero, es porque él teme que con la posible aprobación de la Renacer puedan cortarle los flujos de dinero de los organismos financieros internacionales”, agrega.
Para Vargas, con ese “colchón financiero” creado en el Banco Central, el Gobierno esperaría tener margen para negociar. “Su estrategia es la negociación, no es el gasto, porque él suprimió la farsa electoral por todo lo que sabemos y ahora canceló la campaña electoral, porque es prohibido hacer campaña electoral, entonces no tiene necesidad de gastar en anuncios para la farsa electoral, lo único que está haciendo es guardando la plata para ese escenario que está contemplando en el 2022”, afirmó.
Es decir que el régimen no necesitaría aumentar fuertemente el gasto público para atraer votantes, como suele suceder en años electorales, porque al final no tendrá competencia en el proceso de noviembre y para ello creó las condiciones encarcelando a sus oponentes y expulsando a los partidos opositores, solo dejando a sus aliados.
Para Vargas, el Gobierno ya está temiendo en el 2022 un año complicado financieramente.
Otro factor que estaría incidiendo en la casi inmovilización de los recursos es que varios de los préstamos que están ingresando están condicionados a que participen organismos independientes de Naciones Unidas para un mayor control del destino final de los mismos.
“Las causas son múltiples, no son causas únicas, pero son subcausas, pero la estrategia es de sobrevivencia a cualquier costo”, afirmó Vargas. “El escenario que viene es de contracción de todos los recursos externos y cuando hablo de todos, incluye al Banco Centroamericano de Integración Económica”, agrega.
Ya la Nica Act, una legislación de Estados Unidos, presionó a la baja la disponibilidad de recursos externos al régimen de Daniel Ortega entre el 2018 y gran parte del 2020, y ahora la Renacer buscaría aumentar más esa presión ante la negativa del Gobierno de permitir unas elecciones justas y transparentes en noviembre de este año.