En el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas que se celebra en estos días en Nueva York, los gobiernos de ocho países de las Américas y Europa cuestionaron fuertemente, en una declaración conjunta, las elecciones de Nicaragua del próximo 7 de noviembre.
La declaración de los 8 dice que “las medidas adoptadas por el Gobierno de Nicaragua no reúnen las condiciones necesarias para la celebración de elecciones libres y justas, a las que se han comprometido los Estados miembros de la OEA, en virtud de la Carta Democrática Interamericana, lo que pone en tela de juicio la validez y legitimidad de las elecciones de noviembre, tal como se están organizando actualmente”.
Sustentan esa posición en que, según dicen en la declaración, “Nicaragua atraviesa una situación extraordinaria de deterioro del Estado de Derecho, del orden constitucional y de ruptura de sus instituciones democráticas, evidenciada en la detención, el acoso y las restricciones arbitrarias que afectan considerablemente la participación política, así como el respeto y garantía de los derechos humanos”.
El pronunciamiento de los 8 gobiernos extranjeros fue dado a conocer este miércoles 22 de septiembre. Es decir, tres días antes del comienzo de la más extraña campaña electoral en este país desde las falsas elecciones de junio de 1856, en las que el filibustero esclavista estadounidense Wiliam Walker se proclamó presidente de Nicaragua.
Para el régimen de Nicaragua, el pronunciamiento de los 8 es injerencista, una intromisión en los asuntos internos del país igual que todos los acuerdos y declaraciones externas sobre la crisis sociopolítica y derechos humanos que se han hecho desde abril de 2018. Incluso pronunciamientos de gobiernos amigos del régimen de Ortega, hechos con la intención de ayudarle a resolver la crisis, han sido rechazados airadamente con la misma acusación de ser injerencistas.
Formalmente el régimen de Nicaragua tiene razón. La Carta de las Naciones Unidas ni siquiera menciona la democracia, pero consagra el derecho a la libre determinación de los pueblos, entendiendo como tales a los gobiernos. El otro documento jurídico que regula las relaciones internacionales de Nicaragua, que es la Carta de la OEA de 1948, sí habla de “promover y consolidar la democracia representativa”, pero “dentro del respeto al principio de no intervención”. Al respecto dicha Carta señala taxativamente que “todo Estado tiene derecho a elegir, sin injerencias externas, su sistema político, económico y social, y a organizarse en la forma que más le convenga, y tiene el deber de no intervenir en los asuntos de otro Estado”. Bien se sabe que en la jerga del derecho internacional los asuntos del Estado son los que determinan el gobierno o el gobernante.
Es en la Carta Democrática Interamericana de la OEA aprobada en 2001, que se definen los elementos fundamentales de la democracia representativa. Asume el compromiso de defenderla en cualquiera de los países miembros donde sea atropellada; y establece sanciones políticas y diplomáticas para los gobiernos que incurran en graves acciones antidemocráticas.
Pero la Carta Democrática Interamericana no reformó la Carta de la OEA, ni tiene una jerarquía jurídica igual o superior. De manera que como hemos dicho en otras ocasiones, hay una notoria contradicción entre los dos documentos fundamentales de la OEA. Lo cual es aprovechado por los gobernantes no democráticos para eludir el cumplimiento de las normas de la democracia, invocando la no injerencia y apelando al derecho a la autodeterminación nacional.
Por su parte, los gobiernos democráticos que cuestionan las irregularidades de procesos electorales como el de Nicaragua, alegan que sí pueden hacerlo porque los derechos humanos y democráticos son valores jurídicos superiores y no hay justificación para violarlos.
Sin embargo esa defensa solo se hace con acuerdos y declaraciones. Y en el caso de las cuestionadas elecciones del 7 de noviembre en Nicaragua, lo que podrían hacer a lo sumo sería no reconocerlas como legítimas. Así lo hicieron en el caso de las elecciones en Venezuela del 20 de mayo de 2018, en las que se reeligió el dictador Nicolás Maduro. Quien, más de tres años después, sigue detentando el poder.