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Nicaragua y Costa Rica dirimen sus diferendos territoriales en la Corte Internacional de Justicia.

Nicaragua refuta a Colombia en La Haya: “Raizales es un pueblo marginado por Colombia”

El nuevo litigio entre Nicaragua y Colombia se centra en las comunidades raizales, originarias de las islas de San Andrés y Providencia, un territorio muy cercano a Nicaragua, pero que está bajo la jurisdicción de Colombia.

El embajador de Nicaragua ante La Haya (Holanda), Carlos Argüello, presentó un discurso ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para refutar los argumentos de las dos contrademandas de Colombia, por el caso denominado “Presuntas Violaciones de Derechos Soberanos y Espacios Marítimos en el Mar Caribe”.

En este nuevo proceso ante CIJ, Nicaragua es la demandante contra Colombia por las supuestas violaciones de derechos soberanos y espacios marítimos en el Mar Caribe. Mientras que Colombia defiende los derechos de pesca de su territorio adjudicado en el pasado fallo del 19 de noviembre de 2012.

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El escenario en conflicto se ubica en las comunidades raizales, originarias de las islas de San Andrés y Providencia, un territorio muy cercano a Nicaragua (a 110 kilómetros de su costa), pero que está bajo la jurisdicción de Colombia (a 720 kilómetros de la costa colombiana), lo que generó los primeros litigios ya juzgados ante La Haya también.

Argüello planteó en su discurso —publicado íntegro en los medios de comunicación oficialistas—, que la contrademanda de Colombia “solicita a la Corte que declare que Nicaragua ha violado los derechos consuetudinarios de pesca artesanal de los habitantes locales del Archipiélago de San Andrés, incluido el pueblo indígena Raizal, para acceder y explotar sus caladeros tradicionales”.

“Raizales, un pueblo marginado por Colombia”

Nicaragua expuso que la sentencia de 2012 benefició las áreas marítimas de las islas adjudicadas a Colombia y su población salió “extremadamente bien”; también apuntó que los raizales son un pueblo marginado por Colombia y que la comunidad Raizal, según un censo actual, es menos de la mitad de la población de las islas.

“Hay que señalar que los problemas de los raizales no comenzaron con la Corte ni con Nicaragua. Estos problemas comenzaron en la década de 1950 cuando el Gobierno de Colombia declaró a San Andrés puerto libre y comenzó a promover el turismo. Hubo una afluencia masiva de personas del continente que marginaron a los raizales. Tienen un nombre para lo que pasó, lo llaman la ‘colombianización’ de las islas. Los recién llegados se hicieron cargo de los negocios más lucrativos y los raizales fueron marginados. La Sentencia de la Corte no empeoró las cosas. Simplemente sirvió de excusa para apuntar lejos del Gobierno colombiano por los problemas de la población de Raizal”, manifestó Argüello.

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Otro de los argumentos de Nicaragua para refutar a Colombia, es que actualmente los pescadores artesanales de las islas “no van mucho más allá del área de las islas principales” para sus actividades de pesca, y cita una publicación del Instituto Colombiano de Investigaciones Marinas y Costeras en 2011.

La publicación refiere que la mayoría de las pesquerías artesanales “se concentra en las zonas contiguas de las islas de Providencia y San Andrés y los Cayos Albuquerque y Bolívar. El Cayo Roncador, los Bancos Serrana y Quitasueño presentaron una baja frecuencia de faenas por unidad de área, lo que indica que la pesca artesanal es poco regular hacia estas zonas, debido a su distancia desde Providencia y San Andrés”.

Nicaragua reconoció en otra parte del discurso que es “muy consciente de los derechos ancestrales de sus comunidades indígenas y étnicas”.

Mencionó incluso que existe una ley nicaragüense sobre la Propiedad Comunal de los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas de la Costa Atlántica de 2003, que dispone en el artículo 33 lo siguiente: “Las comunidades indígenas y étnicas del litoral, islas y cayos del Atlántico, tienen derecho exclusivo para el aprovechamiento de los recursos marítimos para pesca comunitaria y artesanal, dentro de las tres millas adyacentes al litoral y veinticinco millas alrededor de los cayos e islas adyacentes”.

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Argüello también incluyó unas declaraciones de Daniel Ortega tras la sentencia de 2012, en las que se mostró dispuesto “a negociar un acuerdo de pesca en beneficio de la comunidad de Raizal”.

“… Yo le manifesté al presidente Santos, y lo he dicho públicamente, que la comunidad Raizal puede continuar pescando. Que no los va a afectar Nicaragua en sus derechos como pueblo originario, que podían continuar pescando. Y que trabajemos en un convenio, un acuerdo entre el Gobierno de Colombia y Nicaragua, para que ya podamos regular bien esto. Porque ¿cómo sabemos que todos los barcos que andan pescando ahí son de la comunidad Raizal, y cuáles son ya de una pesca que no tiene nada que ver con la comunidad de Raizal, o que incluso tiene que ver con la pesca industrial?”, dijo Ortega en esa ocasión.

Argüello manifestó que “esa oferta de negociar nunca fue aceptada por Colombia”.

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