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CONTENIDO EXCLUSIVO.El azote es todo el Estado, y Daniel Ortega es quien lo empuña para castigar al periodismo independiente que critica su gestión, y que de por sí ya recibe golpes a causa de los nuevos desafíos globales para la subsistencia de los medios de comunicación.
Pero en Nicaragua no hay un apagón informativo. Y no lo habrá mientras los periodistas independientes estén dispuestos a sortear los obstáculos que impone la dictadura de Daniel Ortega, que desde 2007 cuando regresó al poder, castiga a la prensa que lo fiscaliza.
Ese castigo se intensificó en abril de 2018, cuando estalló la crisis política y los medios de comunicación independientes pudieron documentar y denunciar las violaciones a los derechos humanos ejecutadas por la dictadura, mismas que fueron reconocidas como crímenes de lesa humanidad por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI Nicaragua).
La saña de Ortega con el periodismo independiente ha llevado al relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Pedro Vaca, a considerar que “no hay garantías institucionales para el ejercicio del derecho a la libertad de expresión en Nicaragua”. Así lo expresó él mismo el pasado nueve de septiembre en sus redes sociales.
Estos son los diez flagelos que vive el periodismo independiente de Nicaragua, y de los cuales Daniel Ortega es responsable en la mayoría de ellos.
Allanamientos y confiscaciones
“Nos venimos a tomar esta mierda”, dijeron policías la madrugada del viernes 14 de diciembre de 2018, a los guardas de seguridad que vigilaban el edificio donde funcionaba la redacción de Confidencial, según denunció el medio en su sitio web.
Los agentes de la Dirección de Operaciones Especiales Policiales (DOEP) llegaron al edificio en Altamira, en patrullas y un microbús. Un día antes, la redacción ya había sido asaltada por la policía que sustrajo computadoras y equipos con los que se producían los programas Esta Noche y Esta Semana, dirigidos por el también director de Confidencial, Carlos Fernando Chamorro.
Una semana después, a las nueve de la noche del viernes 21 de diciembre, le tocó al canal 100% Noticias. Ahí se encontraba todavía la jefa de prensa Lucía Pineda y el director Miguel Mora. Desde la tarde de ese viernes 21, mientras Mora dirigía en vivo el programa de debate IV Poder, la policía ya empezaba a rodear el inmueble en Tiscapa.
Pero fue hasta entrada la noche que la Policía decidió actuar. Asaltó el canal y tanto Lucía Pineda como Miguel Mora pasaron a engrosar las listas de presos políticos. Ambos fueron liberados hasta el 11 de junio del siguiente año. Pineda optó por el exilio y Mora, tras anunciar su precandidatura presidencial, fue llevado nuevamente a una celda de la Dirección de Auxilio Judicial.
Tanto a Chamorro como a Mora, les fueron confiscados los edificios de su propiedad y donde funcionaban sus medios de comunicación. Ahora le pertenecen al Ministerio de Salud (MINSA). En Altamira, funciona una casa materna y en Tiscapa, un centro de rehabilitación para personas con alcoholismo y drogadicción.
La redacción de Confidencial sufrió un segundo allanamiento en mayo del 2021, cuando sus periodistas ya se habían reinstalado en un nuevo complejo de oficinas en Managua.
El más reciente allanamiento a un medio de comunicación fue el de LA PRENSA. También un viernes, 13 de agosto de este año. Policías armados entraron al edificio del diario más antiguo del país para quedarse. Hasta la fecha, las instalaciones permanecen tomadas y el gerente general, Juan Lorenzo Holmann, está detenido y es acusado por el supuesto delito de lavado de dinero.
Asesinato en impunidad
El último reporte en vivo de Ángel Gahona fue el de su muerte. En su video quedó registrado el momento en que cayó al suelo después de recibir un disparo en la cabeza, presuntamente de un agente antidisturbios de la Policía.
Como un asesinato lo catalogó su familia y así se lo dejaron saber a Daniel Ortega, el 16 de mayo de 2018, los estudiantes que le leyeron la lista de personas fallecidas durante la represión a las protestas antigubernamentales, en la primera sesión del Diálogo Nacional.
“Ángel Gahona López, periodista. ¡Presente!”, le gritaron en la cara al dictador. Era el nombre del reportero asesinado en Blufields la noche del 21 de abril de 2018. La Policía apresó a Brandon Lovo y Glen Slate como los presuntos asesinos de Gahona, pero la familia negó que los jóvenes fuesen los autores. Responsabilizan a la Policía.
Ángel Augusto Gahona, padre del periodista asesinado, falleció esta semana sin ver justicia por la muerte de su hijo, pero el resto de familiares aseguran que continuarán en su demanda por conocer la verdad de un crimen que la Ley de Amnistía otorgada en 2019 dejó en la impunidad.
Agresiones
Asaltos, golpes, insultos, asedio, amenazas y más son parte de las 1,176 agresiones que han sufrido periodistas independientes en el primer semestre de este año por realizar su labor, según cifras de la organización Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN).
De acuerdo a uno de los dirigentes de esta organización que prefiere el anonimato, estos son métodos represivos que buscan amedrentar a los periodistas para que no continúen ejerciendo su labor. “El alto nivel de persecución contra el periodismo, prácticamente ha obligado estos tres años (de crisis política) a trabajar en la clandestinidad”.
Además, el directivo de PCIN valora que en Nicaragua “decir “soy periodista” los expone a una situación de riesgo”, porque fanáticos sandinistas son capaces de “linchar” a la persona identificado como hombre o mujer de prensa.
El periodista Roberto Mora coincide. Tiene 19 años de experiencia, pero considera que los últimos tres en medio de la crisis política “han sido los peores”. Mora suele cubrir la zona de Las Segovias del país y comenta que es complicado trabajar debido al asedio y amenazas constantes de agentes policiales y miembros del Frente Sandinista.
Persecución judicial
Roberto Mora también es uno de los periodistas citados por la Fiscalía en los últimos meses para testificar en el caso contra la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. De acuerdo al monitoreo de PCIN, cerca de 40 periodistas han sido entrevistados hasta el momento. Algunos en dos ocasiones.
Para Roberto Mora, su cita fue una señal de alarma “de que los periodistas de los departamentos también estamos en la mira”, y también lo consideró como un intento de “criminalizar al periodismo”.
Otro de los citados a la Fiscalía ha sido Cristopher Mendoza Jirón, quien expone que a pesar de que este es un proceso normal en cualquier parte del mundo, “en Nicaragua no hay ninguna garantía de que los periodistas salgan de forma tranquila de esa entrevista porque después pueden ser encarcelados”.
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A Mendoza también le preocupa la Ley Especial de Ciberdelitos, aprobada por el oficialismo en la Asamblea Nacional, y que podría encarcelar a periodistas que divulguen noticias que el régimen considere como “noticias falsas”.
La Ley de Ciberdelitos “pone mucha preocupación en el gremio periodístico y fomenta la autocensura”, valora Mendoza Jirón. Daniel Ortega se refirió en una ocasión sobre las leyes represivas que intentan callar a periodistas.
“Imagínense si aquí nos ponemos con esas leyes, todos los que escriben, lanzan amenazas en las redes, los que dicen que hay que hacer daño al país. Aquí no caemos en eso. Aquí hay libertad de expresión. Pero vienen los yanquis (Estados Unidos) que no hay libertad de expresión y los europeos dicen que no hay libertad de expresión. Aquí cualquiera dice lo que quiere, en las redes, en sus páginas, cualquier barbaridad dicen. Allá estuvieran presos todos estos, acusados de terroristas”, dijo el dictador en un discurso el pasado ocho de marzo de este año.
En julio, Daniel Ortega apareció en una lista de Reporteros Sin Fronteras (RSF) como uno de los “depredadores” de la libertad de prensa debido a la “asfixia económica y censura judicial” contra medios de comunicación y periodistas.
Cárcel
Miguel Mendoza es un comentarista deportivo que ya había sido vetado para entrar a cualquier estadio de beisbol, por sus críticas en contra del régimen de Daniel Ortega. Sus opiniones en redes sociales son la causa de que hoy esté en la lista de más de 150 presos políticos.
Este caso es “especial”, para su colega Cristopher Mendoza porque “las únicas pruebas contra él son sus publicaciones en las redes sociales, las que hizo cobijado en el artículo 30 de la Constitución que habla sobre la libertad de expresión”.
Miguel Mendoza es uno de los dos periodistas actualmente detenidos por la dictadura de Daniel Ortega. El otro es Miguel Mora, quien ya había estado detenido desde el 21 de diciembre de 2018, hasta el 11 de junio de 2019. Un total de 172 días.
Ahora, Miguel Mora regresó a la prisión después de que anunciara su interés por disputarle la presidencia a Daniel Ortega en las urnas el próximo siete de noviembre.
Covid-19
La pandemia del Covid-19 no es responsabilidad de Daniel Ortega, aunque profesionales de la salud han criticado la manera en que se ha gestionado la lucha contra el virus en Nicaragua.
Al igual que a otros gremios, los periodistas también han sido afectados por la pandemia. Desde fallecidos como el director de Radio La Costeñísima, Sergio León, en junio de 2020, hasta casos graves en donde periodistas como Álvaro Navarro o Emiliano Chamorro casi pierden la batalla contra la peste.
La organización PCIN mantiene un registro de 77 periodistas contagiados con Covid-19 hasta la fecha, de los cuales siete de ellos se contagiaron en el exilio. La gran mayoría de los que se infectaron, ha logrado sobrevivir al virus.
La pandemia también ha cambiado las rutinas de trabajo, porque prácticamente hizo desaparecer las redacciones y el trabajo en gran parte se hace desde casa, lo que implica una mayor dificultad para organizar la información.
Exilio
El exilio es la medida más extrema que toman los periodistas para proteger su vida, su libertad e integridad física. Reporteros consultados que prefieren el anonimato, aseguran que no les fue sencillo tomar la decisión de dejar su país.
“Te enfrentas a grandes adversidades. La primera es que en el camino te puede pasar cualquier cosa. Te pueden secuestrar, te pueden violar, te pueden matar. Y lo segundo es que venís sin dinero, sin un lugar donde vivir, y la mayoría vienen sin un familiar que por lo menos les garantice una cama donde dormir o un plato de comida”, expresa una periodista que decidió salir de Nicaragua.
Cifras de PCIN, reflejan que más de 100 periodistas han tomado la decisión de exiliarse en países como Costa Rica, Estados Unidos y España como los principales destinos para refugiarse de la represión de Daniel Ortega.
La mayoría salieron en 2018, y fueron poco a poco regresado a Nicaragua, pero la embestida represiva en los últimos meses ha hecho que 36 periodistas decidieran salir nuevamente del país, según PCIN. Para algunos de ellos, es su segundo exilio en tres años de crisis política.
Asfixia
“Se empezó a poner feo en 2008, desde la misma llegada de Daniel Ortega al poder. Poco a poco se fue yendo la publicidad estatal de los medios independientes” y solamente los medios oficiales y de los hijos de la pareja presidencial empezaron a ser contratados para divulgar la publicidad del Estado, explica Cristopher Mendoza Jirón, periodista del programa radial Onda Local.
Desde entonces, Daniel Ortega ha implementado medidas para que los medios de comunicación desaparezcan, pero estas se han intensificado a partir del 2018. Desde septiembre de ese año, a través de la Dirección General de Aduanas (DGA) Ortega retuvo los insumos necesarios para la impresión de los periódicos LA PRENSA y El Nuevo Diario.
Este último anunció su cierre definitivo a finales de septiembre de 2019 por falta de insumos para seguir funcionando. Finalmente, Ortega liberó el papel de LA PRENSA en febrero de 2020 después de más de 500 semanas de bloqueo aduanero. Este bloqueo se llevó a cabo dos veces más, siendo la última edición impresa del diario, la del pasado 12 de agosto.
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“Condenamos la actitud hostil y anti libertad de prensa del gobierno de Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo, quienes apuestan a la asfixia económica y a los continuos ataques contra periodistas y medios de comunicación”, expresó el presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Jorge Canahuati, el pasado mes de agosto.
A estas presiones, también debe agregarse los costos de hacer periodismo. El director de un medio de comunicación digital que solicita no ser citado comenta que mantener un medio “es caro. Hay que pagar oficina, internet, salarios, viáticos cuando amerita, gasolina para mover a los periodistas en coberturas”, además de equipos como cámaras y celulares, los cuales pueden ser robados o dañados durante las coberturas.
Era digital
El avance de las tecnologías de la información y la comunicación, así como el surgimiento de nuevos medios digitales, hacen que los medios tradicionales (impresos, radiales, televisivos) tengan que adaptarse a esta nueva era digital, donde la información se puede actualizar cada minuto y está al alcance de un click.
“La tardanza en valorar las diversas opciones que ofrecen las redes para la permanencia del periodismo y no haber encontrado hasta ahora el modelo de negocios que posibiliten su subsistencia, conspiran sobre su continuidad en el tiempo”, expone Guillermo Rothschuh Villanueva, ex director del observatorio de medios del Centro de Investigación de la Comunicación (CINCO) en un artículo de opinión llamado Importancia del Periodismo en la Era Digital.
Tampoco es que la era digital vaya a desaparecer por completo al periodismo. Después de todo, en internet abundan las noticias falsas, y los periodistas seguirán siendo los más indicados para desmentirlas.
Financiamiento
Hasta hace unos años, la principal fuente de financiamiento de los medios tradicionales en radio, prensa escrita y televisión en el mundo eran los anuncios de las empresas que ofrecían en estos medios sus productos o servicios. La aparición de internet y, principalmente, de las redes sociales, trastocó este sistema.
Google y Facebook absorbieron la mayor parte del pastel publicitario y dejaron a los medios tradicionales sin la fuente de alimentación que les servía para funcionar. Algunos medios, como LA PRENSA, han apostado a sus lectores, estableciendo la suscripción pagada. También hay un fuerte movimiento mundial que exige a estos gigantes del internet un mecanismo legal para retribuir el uso del trabajo periodístico que exponen en sus páginas, hasta ahora sin costo alguno.