Mientras el Consejo Supremo Electoral (CSE) emitió un protocolo el 20 de septiembre para prohibir a los partidos políticos —todos aliados de la dictadura de Daniel Ortega— organizar eventos electorales y los limitó a las redes sociales y reuniones con un aforo máximo de 200 personas, aduciendo la propagación del covid-19, el régimen no ha dejado de llevar a cabo sus eventos gubernamentales, con tinte principalmente político donde predomina la bandera rojinegra.
Ferias, anuncio de festivales, entrega de títulos de propiedad, masivo proceso de vacunación con aglomeración de personas, visitas de estudiantes a centros históricos, inauguración de obras públicas, jornadas de visitas a las casas para hablar sobre la covid-19, encuentro de jóvenes y hasta pasarelas se han organizados desde el 25 de septiembre cuando oficialmente en Nicaragua arrancó la campaña electoral, en un proceso plagado de irregularidades y que a nivel internacional más de 50 países han planteado la posibilidad de desconocer los resultados.
«Las actividades políticas o proselitistas deben durar el menor tiempo posible, como máximo una hora y treinta minutos», estableció el Consejo Supremo Electoral (CSE) entre sus estrictas medidas a los partidos políticos, a los que tampoco se les permite organizar «caravanas (en buses, motos, carros, coches, ni en ningún otro medio de transporte), esta medida será de cumplimiento estricto para garantizar la salud y la tranquilidad de las familias nicaragüenses».
Y mientras la dictadura cercenó ese derecho constitucional a sus propios aliados, aduciendo la pandemia y dio a la Policía orteguista el poder para garantizar el cumplimiento de su protocolo, las instituciones públicas no están sujetas al mismo, tampoco los simpatizantes sandinistas y menos la hija de Daniel Ortega, Camila Ortega Murillo.
La hija de Rosario Murillo llevó a cabo este fin de semana su evento Nicaragua Diseña, donde montó una pasarela en el Centro de Convenciones Olof Palme, a la que habrían asistido más de 200 personas, superando el límite establecido por el CSE y además el evento duró más de 1:30 minutos, porque en el sitio hay emprendedores exhibiendo sus productos. Este centro de convenciones es uno de los más grandes del país.
El evento organizado por la también sancionada por Estados Unidos está abierto al público durante tres días, en un espacio que es cerrado, lo que va contra las directrices que el poder electoral bajó a los partidos políticos aliados, los que no han protestado por la restricción.
«Las actividades políticas presenciales deben realizarse solamente en áreas abiertas, con convocatorias de no más de 200 personas, asegurando las medidas de prevención y control, mantener una distancia de 2 metros entre las personas, higiene de manos, uso de mascarilla y toma de temperatura al ingreso del área», estableció entre las medidas el CSE controlado por el orteguismo.
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No obstante, en las fotografías divulgadas por medios de propaganda de la dictadura se observa a la gente sin ningún tipo de distanciamiento social, no hay distanciamiento social de dos metros entre personas, y algunas lucen sin mascarillas.
La prohibición del Consejo Supremo Electoral tampoco alcanzó a los simpatizantes sandinistas que fueron llevados este fin de semana a la cima del cerro Motastepe, en Managua, para jurar lealtad a la pareja de dictadores, que buscan aferrarse al poder, pese a que Estados Unidos promete cabildear a nivel internacional para incrementar el aislamiento de estos.
En las redes sociales de la Alcaldía de Ciudad Sandino se colgaron fotografías donde se observa la presencia de seguidores del orteguismo con banderas del partido bordeando las siglas del FSLN, que la dictadura volvió a instalar en el lugar, después que el gobierno de Arnoldo Alemán ordenara quitarlas.
«Movimiento ambientalista Guardabarranco realiza senderismo en el cerro Motastepe y reafirmando el respaldo al Comandante Daniel Ortega Saavedra y la Compañera Rosario Murillo este 7 de Noviembre. Para continuar con el progreso y el desarrollo de Nicaragua», publicó la Alcaldía sandinista.
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«Los partidos políticos y los candidatos deben evitar eventos presenciales masivos y priorizar los mecanismos de difusión virtuales y digitales para dar a conocer de una manera segura sus planes de gobierno», ordenó el CSE el 20 de septiembre.
Sin embargo, los simpatizantes sandinistas no fueron prohibidos de organizar este fin de semana el Encuentro Nacional Juventud con Daniel, bajo el lema “Fuerza de Pueblo que Vence”, el cual se llevó a cabo en el auditorio Fernando Gordillo, de la UNAN-Managua, según informaron medios de propaganda de la dictadura. En el mismo se observa un aforo significativo y se informó que pronto se realizarán este mes ferias de diplomados y maestrías.
El sociólogo Óscar René Vargas explica que el protocolo electoral es tan falso como es el mismo proceso electoral en su conjunto. «La farsa electoral se expresa de diferentes maneras, primero la gente no ve que haya una campaña electoral, y en segundo lugar los partidos zancudos o comparsa están jugando su papel, solamente acompañar la farsa electoral, pero no necesariamente ellos tienen que hacer alguna campaña de proselitismo porque no tienen ninguna base social sobre la cual moverse», afirmó.
Según Vargas, el régimen impuso la prohibición a partidos políticos no porque siente temor a que estos puedan ganar votantes sino para cerrar cualquier espacio para que la ciudadanía salga a protestar bajo la excusa de que el país está en campaña electoral.
Para Vargas, el régimen «tiene temor de que la gente que realmente se opone a su gobierno aproveche la coyuntura para manifestarse, entonces quiere cerrar cualquier posibilidad de protestas, entonces prohíbe todo, así como prohibió a los partidos políticos, a los candidatos prohíbe el proselitismo político, no importa que sean partidos zancudos, pero la gente no necesariamente son zancudos».
Según el sociólogo, el apagón electoral, que está acompañado de un proceso que se resume como farsa electoral, solo se vio en 1956, cuando asesinaron a Anastasio Somoza García, en septiembre de ese año. Los hijos del dictador declararon Estado de sitio y prohibieron a todos los partidos la campaña electoral, echaron presos a todos los dirigentes políticos y un día antes de las elecciones levantaron la medida para que la gente fuera a votar y restablecieron el Estado de sitio después de los comicios.
«Es decir hay un antecedente histórico en Nicaragua, que Ortega está haciendo algo similar a lo que hicieron los Somoza en el años 56 y 57, eso fue para las elecciones de febrero de 1957, no habían candidatos porque estaban presos, los dirigentes políticos estaban presos, exiliados o escondidos… es el mismo manual», relató Vargas.
Vargas dice que durante ese año, inclusive la dictadura prohibió los periódicos, controló la política editorial de los medios. «Lo que pasa es que Nicaragua es un país sin memoria, no hay memoria histórica», lamenta el sociólogo.
De hecho, pese a que la campaña electoral arrancó el pasado 25 de septiembre, las calles y avenidas del país lucen limpias de propaganda política, con excepción de los eventos gubernamentales del régimen de Daniel Ortega, donde aprovechan para hacerle propaganda a Daniel Ortega y Rosario Murillo, lo que refleja cómo el mismo régimen está en posición de ventaja frente a sus aliados.
Cabe mencionar que el régimen ha estado en la mira de los organismos de salud por no adoptar desde el inicio de la pandemia en el 2020 medidas para mitigar la propagación del covid-19, sino más bien ha promovido eventos masivos, exonerado a negocios en temporada de vacaciones como en septiembre, prohibió en un principio a los trabajadores sanitarios el uso de mascarillas para no generar alarma entre la población, lo que contradice la excusa dada por el CSE para prácticamente desaparecer la campaña electoral y acortar la misma a un poco más de un mes.
“Los hechos ocurridos en los últimos meses ponen en duda la legitimidad y harían muy difícil evaluar las elecciones del próximo 7 de noviembre en Nicaragua como libre, justas y transparentes”, dijeron los gobiernos en dicha declaratoria publicada en septiembre en el marco de la sesión 48 del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Derechos Humanos, con sede en Ginebra.