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CONTENIDO EXCLUSIVO.El fraude electoral que tiene listo la dictadura de Daniel Ortega para el 7 de noviembre, le costará a los nicaragüenses un poco más de 1,580 millones de córdobas, un proceso que posiblemente sea declarado ilegítimo por la comunidad internacional y que por tanto el gasto para llevar a cabo, lo que los analistas califican como una “farsa electoral”, será en vano, coincidieron ayer analistas políticos consultados por este Diario.
Tal será el elevado costo económico que los nicaragüenses deberán pagar por unas elecciones fallidas, que los 1,580 millones de córdobas representan el 70 por ciento de lo que se le asignó este año para inversión al Ministerio de Salud (2,249.3 millones de córdobas) o el 174 por ciento de lo que se le dio para ese mismo fin al Ministerio de Educación (904.4 millones de córdobas), según muestran cifras del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
En concreto, al Consejo Supremo Electoral (CSE) se le dio este año 773.4 millones de córdobas para preparar las elecciones, más otros 806.7 millones que se van a incorporar en el Presupuesto General de la República el próximo año para reembolsar a los partidos políticos parte del gasto que implicó la campaña electoral, que este año prácticamente fue nula y fue restringida a canales digitales.
¿Qué significa declarar un proceso ilegítimo?
El CSE, controlado por el orteguismo y que ha diseñado un proceso a la medida del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, convocó a más de cuatro millones de nicaragüenses para participar en las elecciones el próximo 7 de noviembre, es decir dentro de 34 días.
A nivel internacional 50 países han puesto en duda la posibilidad de reconocer los resultados del proceso electoral y desde Estados Unidos las voces se han intensificado para que Ortega y Murillo sean más aislados internacionalmente. Pero ¿qué significaría para la dictadura que los comicios sean declarados ilegítimos? ¿Hacia dónde va el país?
Según los analistas políticos, declarar el proceso electoral como ilegítimo significaría el aislamiento como Gobierno y país, habría menos capacidad de tener relaciones comerciales con otros países y menos capacidad de conseguir empréstito de la banca internacional.
Sin embargo, uno de los especialistas, que pidió no ser nombrado por temor a represalias, aclaró que la declaración de ilegitimidad y no reconocimiento de los resultados de las elecciones no implica necesariamente la ruptura de relaciones diplomáticas, aunque sí reconoce que afectará la cooperación financiera multilateral.
“Las relaciones pueden mantenerse con el gobierno de facto que se instale a partir del 10 de enero de 2022. Muchos gobiernos prefieren mantener abiertos los canales diplomáticos como una forma de poder incidir en la evolución política de la situación y actuar en el terreno humanitario”, señala.
“La ilegitimidad y el no reconocimiento van juntos. Implica que los resultados que eventualmente pueda arrojar el simulacro electoral no tienen ningún valor”, especificó.
Haydée Castillo, cientista social y analista política, explica que la ilegitimidad viene luego que se realiza una farsa o fraude electoral: un total rompimiento constitucional, no hay elecciones libres “pues todas las libertades han sido conculcadas”; no son justas “porque no hay contendientes y estos están en la cárcel injustamente”, no son auditables “porque el poder electoral no es imparcial, está en total sumisión a la familia dictatorial y tampoco hay observación electoral”, y no es secreto “porque la ciudadanía está siendo obligada a votar para poder tener protección de su vida y acceder a los programas de gobierno y un empleo”.
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El analista en el anonimato dice que es la comunidad internacional la que deberá determinar en qué medida ese no reconocimiento de los resultados electorales afectará el normal desenvolvimiento de las relaciones del “Gobierno de facto”, tanto en el ámbito bilateral como multilateral.
“Es de prever que las afectaciones se producirán principalmente en el campo de la cooperación financiera multilateral. Es de prever igualmente que esta situación de Gobierno de facto genere mayores sanciones individuales, tanto a personas físicas como instituciones”, considera el analista político.
El panorama después del 7 de noviembre
A cinco semanas del “circo” electoral no existe la mínima posibilidad de componer este proceso aun cuando se liberara a los reos políticos, se devolviera la personalidad jurídica a los partidos políticos y se le permitiera la postulación a un candidato realmente opositor, señalaron. Esto debido a que el sistema electoral, controlado en su totalidad por el régimen orteguista, permanecería “intacto”.
“Para mí el fraude electoral ya fue, ya fue desde hace tiempos pues este régimen nunca tuvo en sus planes dejar el poder y los privilegios de los que goza es producto de la corrupción y de desangrar al pueblo de Nicaragua (…) A estas alturas el fraude está totalmente fraguado, este régimen jamás podrá recuperar su legitimidad desde que cometió crímenes de lesa humanidad y se impone mediante la fuerza de seguridad y su terrorismo de Estado”, analiza Castillo.
Los analistas coinciden en que el fraude está “consumado” y lo que vendría, después de ese 7 de noviembre, es una mayor profundización de la crisis, con mayores y más severas sanciones, y mayor aislamiento, todas con consecuencias que pueden ser muy severas para la población.
A criterio del economista y analista político, Enrique Sáenz, no hay modo que Ortega pueda prolongar su régimen por otros cinco años más porque no tiene una salida más que la represión, y “ninguna dictadura se prolonga en el tiempo solo con represión”.
“¿La pantomima montada por Ortega resolverá la crisis política? No. ¿Resolverá el aislamiento internacional de la dictadura? No. ¿Resolverá la crisis del desempleo y subempleo? No. ¿Resolverá la carestía de la vida? No. ¿Creará condiciones para resolver los estragos de la pandemia? No. Siendo esto así, lo que viene después es la prolongación de estas crisis, aunque presumiblemente haya una novedad: Ortega intentará completar la pantomima de noviembre con la pantomima de enero: con sus comparsas de siempre intentará montar la pantomima de un diálogo e intentará también restablecer la alianza con algunos sectores empresariales”, plasma Sáenz, exiliado desde el 2018 tras la rebelión de abril.
Más sanciones a la vista
Las intenciones fraudulentas de Ortega para las elecciones de noviembre son tan claras que la comunidad internacional reconoce que el futuro de Nicaragua es sombrío y por ello 15 senadores de Estados Unidos pidieron al gobierno del presidente Joe Biden sancionar con la Ley Nica Act y el proyecto de Ley de Reforzamiento de la Adherencia de Nicaragua a las Condiciones para la Reforma Electoral, o Ley Renacer, al mandatario nicaragüense y a altos mandos militares del Ejército de Nicaragua.
La petición de los senadores también incluye declarar ilegítimas las elecciones de noviembre y mantener una reunión con los miembros en la OEA para considerar la posibilidad de invocar el artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana y suspender a Nicaragua de la OEA.
A explicación de Castillo, la demanda de carácter bipartidista de parte de senadores a Biden se centra en “quitar todo el oxígeno político, económico y militar” del que le queda al régimen, con lo cual lo estarían “aniquilando en el mediano plazo”.
“Esto incluye agilizar la aprobación de la Ley Renacer que incluye sanciones ya no solo individuales sino sanciones institucionales, incluso al Ejército nacional y a su Instituto de Previsión Militar, avanzar en las investigaciones de lavado de dinero para trascender a la justicia penal internacional, cierre de todos los préstamos de parte del Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, y la revisión del Cafta con todas las implicaciones económicas que tendrían no solo para la dictadura”, expresa Castillo.
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Los analistas concluyen que el régimen de Ortega “está perdido” en el mediano plazo, pero a futuro inmediato el pueblo nicaragüense sufrirá un par de años “tenebrosos”, peores a los vividos desde el 2018.
“Los próximos dos o tres años serán más tenebrosos que lo que hemos vivido desde 2018 a la fecha, pues continuará con su guerra de baja intensidad contra el pueblo desarmado y sus operaciones de limpieza de todo lo que signifique oposición”, considera Castillo.