El diputado oficialista y presidente de la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto de la Asamblea Nacional, Wálmaro Gutiérrez, manifestó la apertura del régimen de Daniel Ortega a un nuevo diálogo, posterior a las votaciones del 7 de noviembre, durante su intervención este martes 12 de octubre en la sesión plenaria del Legislativo.
Gutiérrez dijo que si el “gran capital” quiere unirse a los esfuerzos del gobierno de Ortega después de las votaciones de noviembre, “bienvenidos sean”.
“Ya lo dijo el presidente Ortega también, después de que el pueblo reafirme este próximo 7 de noviembre que va a continuar gobernando en este país, después de que nosotros como pueblo organizado ganemos las elecciones este 7 de noviembre, se abre un gran diálogo nacional donde van a caber todos”, manifestó el diputado sandinista.
Gutiérrez quiso dejar claro en su mensaje que no podrán formar parte de ese diálogo quienes piden sanciones.
“En ese diálogo van a caber todos los que amen a Nicaragua, no lo que piden sanciones para Nicaragua”, agregó.
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Gutiérrez reconoció la crisis económica tras los eventos de 2018, pero aseguró que el país ha salido adelante por el trabajo informal.
“Son los productores, son los pequeños empresarios, son las amas de casa, son los vendedores ambulantes, es la economía informal la que nos están llevando hoy a cerrar entre un 6 o 7 por ciento de crecimiento positivo, ahora si el gran capital se nos quiere unir en este esfuerzo, bienvenido sea”, expresó Gutiérrez en otra parte de su intervención.
Otros diputados de la bancada oficialista también pidieron la palabra en la sesión, para defender al Gobierno orteguista.
Gutiérrez es uno de los diputados con más antigüedad en el parlamento nacional. Este año cumple 25 años de ser legislador y se postuló a la reelección en las votaciones de noviembre, para otros cinco años más, con lo que completaría 30 años de función pública.
En abril 2018, el gobierno de Ortega rompió una alianza de 11 años con el sector empresarial de Nicaragua, debido a la falta de acuerdo con una reforma al Seguro Social que implicó el aumento de la tasa de contribución de los trabajadores y empleadores, reactivación de una deducción de 5 por ciento en las pensiones, cambiar la fórmula de cálculo de las nuevas pensiones y eliminar el salario máximo de los cotizantes.
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Tras esa ruptura, el sector empresarial se unió a las protestas civiles contra la reforma al Seguro Social y a la demanda de justicia por los asesinados por la represión policial contra las manifestaciones.
Desde entonces, Ortega y sus funcionarios mantienen un discurso contra los empresarios y el gran capital del país. Además, el orteguismo ordenó la detención de su otrora aliado José Adán Aguerri, expresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep). El régimen también tiene tras las rejas al presidente ejecutivo del Banpro, Luis Rivas Anduray, exdirectivo de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides).
Más de 30 destacados opositores han sido encarcelados este año electoral, por su oposición al régimen de Ortega y han sido acusados por el supuesto delito de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional”.
Las votaciones son el próximo domingo 7 de noviembre, bajo el control total de Ortega de la estructura electoral, lo que para los críticos le resta credibilidad y confianza al proceso electoral.