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CONTENIDO EXCLUSIVO.Una de las principales preocupaciones que surgieron en el 2013 en Nicaragua, cuando en la Asamblea Nacional se “cocinaba” la ley que revestía de legalidad al proyecto del Gran Canal Interoceánico, fue la decisión del régimen de Daniel Ortega de poner en garantía a Wang Jing las reservas internacionales en caso de controversias legales que surgieran del proyecto.
Para ello, el Ejecutivo ordenó al Banco Central de Nicaragua poner sobre la mesa del inversionista chino su “renuncia de inmunidad soberana”, lo que dejaba legalmente las reservas del país en una posición vulnerable, una condición que a criterio de analistas se mantiene pese a que Wang Jing ahora es señalado de haber construido una estafa burbuja con el proyecto canalero y más de 100 mil inversionistas le reclaman la devolución de 31,000 millones de dólares, según reveló el pasado 24 de septiembre el diario estadounidense The Epoch Times.
Y es que pese a que el mes pasado se conoció que Wang Jing “ha desaparecido después de prometer el 35 por ciento de sus acciones del Grupo Xinwei, a las principales compañías financieras y de valores de China, incluidos el Banco de Desarrollo de China y el Banco Shengjing para hacer frente a sus compromisos financieros derivados de los fracasados proyectos que ejecutaría Xinwei Group”, el régimen de Daniel Ortega hasta hoy no ha dado pasos para derogar la Ley del Régimen Jurídico del Gran Canal Interoceánico de Nicaragua y de creación de la Autoridad de El Gran Canal Interoceánico de Nicaragua o Ley 800.
La Ley 800 es la que le da fuerza legal al “Acuerdo Marco de Concesión e Implementación con Relación al Canal de Nicaragua y Proyectos de Desarrollo”, donde en el apartado relacionado con la facilitación, el Gobierno se comprometía a garantizar, entre otras cosas, que “el Banco Central de Nicaragua válidamente ejecutará y entregará a las partes del presente Acuerdo y a las partes del Acuerdo de Accionistas una Renuncia de Inmunidad Soberana con respecto al presente Acuerdo y el Acuerdo de Accionistas”.
“En consideración a los beneficios mutuos que se derivan del SHA (Acuerdo de Accionistas), el Gran Canal Interoceánico de Nicaragua, los proyectos relacionados y por esta carta de consentimiento y la intención de estar legalmente sometido a la presente, el Banco Central de Nicaragua acepta irrevocable e incondicionalmente, en nombre propio y de los causahabientes, renunciar a cualquier derecho de inmunidad soberana que pudiese tener y se compromete a no invocar la inmunidad en ningún procedimiento en relación con cualquier disputa que surja de o en relación con el SHA o esta carta de consentimiento”, según los documentos del acuerdo que el régimen de Ortega firmó y dio fuerza de ley con Wang Jing.
De hecho en un análisis presentado en septiembre del 2016 por la Federación Internacional de Derechos Humanos junto con el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CIDH), advirtió que esa cláusula significaba que “si los proyectos contemplados en la concesión no pudieran llevarse a cabo, por una razón exterior al inversionista incluyendo por fuerza mayor política, el Estado nicaragüense estaría obligado a resarcir los daños y perjuicios ocasionados al
inversionista. Esta carga económica recaería sobre el país directamente, poniendo en riesgo, incluso las reservas del tesoro del Banco Central de Nicaragua”.
En otras palabras, “si por alguna razón Nicaragua tuviese que pagar algún adeudo al inversionista, entonces este podría reclamar dicho pago incluso con las reservas del Banco Central, de ser necesario”, aclaró la Fundación en su análisis, donde abordó otros aspectos legales del acuerdo que Ortega suscribió con Wang Jing, quien este año fue expulsado de la Bolsa de Valores de Shanghai y su empresa durante un periodo de 10 años por la falta de transparencia en Xinwei Group.
El 11 de junio del 2013, días antes de la aprobación del paquetazo de leyes que entregaban casi todo el territorio nacional al empresario chino, la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides) cuestionó la falta de transparencia del proyecto, pero sobre todo se preguntó: “¿Por qué el Banco Central de Nicaragua está renunciando a su inmunidad soberana? ¿Están nuestras reservas internacionales sujetas a embargo?” El paquetazo canalero fue aprobado por la Asamblea Nacional el 13 de ese mes.
Obligación de Nicaragua vigente con Wang Jing
Seis años después y tras el fiasco revelado por el diario estadounidense, el economista y analista político Enrique Sáenz plantea que de entrada los nicaragüenses deben estar claros que “la Ley que otorga la concesión a Wang Jing se encuentra plenamente vigente, con todas las obligaciones que conlleva para el Estado nicaragüense”.
Tanto así que aunque el proyecto nunca se concretó, pese a que se había prometido a que el mismo iba a estar operativo en el 2020 tras una inversión estimada de 50,000 millones de dólares, Sáenz dice que el régimen sigue destinando partidas para mantener operativa la rimbombante “Autoridad del Gran Canal Interoceánico de Nicaragua”.
El informe de ejecución de Presupuesto General de la República a junio de este año confirma que en la primera mitad del año la Autoridad del Gran Canal Interoceánico había gastado 3.70 millones de córdobas de los 7.60 millones asignados. Esta partida es similar a la que recibió en el 2020.
La última vez que Ortega se refirió al Canal fue el 13 de agosto del 2019. “No hemos renunciado (al proyecto del canal), al contrario, tenemos históricamente el compromiso de que se haga una realidad el canal por Nicaragua”, dijo Ortega durante un acto por los 39 años de la fundación de la Fuerza Naval.
Durante el evento, Ortega reconoció que “poco hemos hablado del canal en este tiempo”, pero dijo que “está nuestro compromiso de seguir trabajando por la construcción del canal”, cuya obra se iba a desarrollar a lo largo de 276 kilómetros entre el litoral Pacífico y el Atlántico.
Desde que el régimen comprometió las reservas internacionales de Nicaragua, a través de la renuncia de inmunidad soberana del Banco Central, estas han crecido sustancialmente. En el 2013 el banco tenía en su poder 1,993 millones de dólares, sin embargo, hasta agosto de este año habían aumentado a 4,052.7 millones de dólares.
Dentro de las reservas hay dinero del Sistema Financiero Nacional, préstamos y donaciones de organismos financieros internacionales, así como recursos propios del Gobierno central. En su momento, un expresidente del BCN dijo que todas las reservas en sí no estaban comprometidas sino solamente las del Gobierno central en un escenario judicial internacional, pero lo cierto es que los acuerdos asumidos por Ortega son tan ambiguos que no existe claridad si ese planteamiento es correcto.
Wang con pleno poder
Lo que más preocupa a Sáenz es el artículo 3 de la Ley de Concesión del Canal, que establece: “Se otorga al concesionario el derecho de ceder, novar, transferir o gravar todos o cualquiera de sus derechos u obligaciones respecto a todos o cualquiera de los sub-proyectos, incluyendo cualquier derecho en virtud a este artículo 3, y cualquiera otros derechos y obligaciones establecidos en la presente Ley”.
¿Qué significa esto? “Que tratándose de un especulador financiero, como es Wang Jing a estas alturas ya puede haber negociado cualquiera de sus derechos, incluso puede haberlos dado en garantía en respaldo de sus operaciones financieras. Y en esto no hay restricciones: los derechos o parte de los derechos pueden estar en manos de la mafia rusa, mafias asiáticas o mafias más próximas. También pueden estar en manos de otros especuladores. En otras palabras, un buen día, o más bien un mal día, podemos desayunarnos la noticia de que alguna empresa desconocida aparezca reclamando derechos o demandando al Estado de Nicaragua”.
Es precisamente por esta razón, que el sociólogo Óscar René Vargas afirma que en un gobierno serio, tras el fiasco con Wang Jing, para proteger las reservas y otros compromisos que se asumió con las leyes del Canal, desde que se conoció la situación del empresario chino se debería estar impulsando una derogación a estas regulaciones para reducir a cero cualquier riesgo económico, territorial y social.
“Nicaragua puede ser demandada por alguien y aunque en el mejor de los casos Nicaragua gane un juicio internacional eso va a significar que tiene que gastar dinero para defenderse, independientemente que el país gane y evite que sean embargadas las reservas internacionales, pero eso va a significar todo un proceso de disputa que el Gobierno tiene que gastar dinero”, afirma Vargas.
Pero Vargas duda que el gobierno de Ortega dé el paso de derogar dichas leyes, aunque esto garantice al país “evitarse problemas en el futuro, pero no veo al Gobierno que quiera hacerlo, porque no quiere tocar el tema porque fue un tema con el que embarcaron y tiene un costo político importante, a lo mejor en el 2022 pueden tocar ese tema, pero ahorita no lo veo”.
Derogarla no es fácil
Un exdiputado y analista político, que prefiere no ser citado, señala que el riesgo que existe es que si los inversionistas demandan a Wang Jing en el exterior, “todo lo que tenga él como activo y en este caso las reservas de Nicaragua serían un activo, porque se le entregó a él todo lo que pueda ser ejecutable, va a estar en la mira de los acreedores de Wang Jing”.
El problema, precisa, es que “esa ley fue estructurada de tal forma que no es derogable. La única manera de derogar esa ley es que vayas a un arbitraje internacional previo”.
Sáenz indica que no solo las reservas internacionales del país se encuentran vulnerables, sino también las mismas propiedades de los campesinos a lo largo de la ruta donde supuestamente iba a cruzar la faraónica obra, que al final quedó en papel.
“Hay que recordar que se encuentra expuesta a expropiación toda propiedad en todo el territorio nacional y no solo las comprendidas en el diseño de la ruta canalera. Los subproyectos y otras obras de infraestructura no están necesariamente asociadas a la ruta del canal”, indicó.
En el caso de las reservas, recuerda, hay “un hecho mucho más grave: formalmente, forman parte de las reservas internacionales los depósitos bancarios de empresas y ciudadanos nicaragüenses comunes y corrientes”.
Es por esa razón que Sáenz coincide con Vargas, en que el Gobierno debe buscar cómo derogar esas leyes. “Mientras la ley se encuentre vigente, todos los nicaragüenses estamos amenazados en nuestros derechos y en nuestro patrimonio. Y corresponde recordar: La onerosa hipoteca es por 50 años, “y cincuenta más”, si así lo deciden los beneficiarios de la concesión”.
Como si se tratase de un presagio, en 2016 la Federación Internacional de Derechos Humanos junto con el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CIDH) advirtieron que la falta de “licitación de la obra, la inexperiencia total del inversionista que obtuvo la concesión, agregada al carácter lesivo para el Estado de Nicaragua de los acuerdos negociados con él, la existencia de una red de más de 15 sociedades mercantiles de maletín involucradas directamente en la concesión canalera (telaraña de empresas, registradas en Nicaragua, Islas Caimán, Holanda, Hong Kong y Beijing) son diferentes indicios de un posible esquema de corrupción en la concesión canalera”.
En el 2021 el diario The Epoch Times destapó cómo Wang Jing, al amparo del proyecto canalero y otras obras de gran envergadura en otros países, le sirvieron para aumentar su riqueza. Citando a Forbes, señaló que las acciones del empresario en el Grupo Xinwei pasaron de 1,010 millones de dólares a 6,600 millones de dólares en el 2014, «lo que lo convirtió en uno de los principales multimillonarios de China. El Grupo Xinwei permitió que tres inversores chinos adicionales se convirtieran en multimillonarios, incluidos Jiang Ning, Wang Yongping y Wang Qinghui».
Cuando supo que el negocio con Xinwei se venía abajo, retiró gran parte de su capital de esta empresa. Ahora está desaparecido, según el diario estadounidense, que publica información sobre China. Más de 120 mil inversionistas esperan recuperar su dinero.