La oposición chilena presentó este miércoles en la Cámara de Diputados una moción de censura para destituir al presidente del país, Sebastián Piñera, tras las supuestas irregularidades en la venta de un proyecto minero desveladas en los Pandora Papers.
“Las causales de esta acusación constitucional son dos: una, porque el presidente ha infringido abiertamente la Constitución en relación al principio de probidad, y en segundo lugar, por comprometer gravemente el honor de la Nación”, anunció el diputado socialista Jaime Naranjo.
La Fiscalía chilena abrió la semana pasada una investigación por cohecho y delitos tributarios presuntamente cometidos por Piñera en la venta en 2010 en el paraíso fiscal de Islas Vírgenes Británicas de una parte de sus acciones en el megaproyecto Minera Dominga.
Proyecto polémico
Según el portal LaBot, uno de los medios investigadores de los Pandora Papers, la familia Piñera era la mayor accionista del proyecto Dominga hasta 2010, cuando Piñera llevaba 9 meses en el poder en su primera presidencia.
Ese año, el empresario Carlos Alberto Délano, amigo de infancia de Sebastián Piñera, compró la participación de todos los otros socios por US$152 millones.
Parte de esa operación tuvo lugar en las Islas Vírgenes Británicas.
Según las investigaciones del ICIJ, la venta de la minera establecía un pago a tres cuotas.
El pago de la última cuota, por un valor de US$9,9 millones, estaba sujeto a que no se estableciera una zona de protección ambiental que obstaculizara la instalación y operación de la mina.
El detalle, indica LaBot, es que la decisión sobre la demarcación de esa zona ambiental dependía del gobierno de Piñera.
A pesar de la presión de los grupos ambientalistas, Piñera no implementó tales protecciones.
El mandatario chileno calificó de “inaceptables” los señalamientos de la investigación de los Pandora Papers.
Qué pasa ahora
La acusación constitucional es un procedimiento contemplado en la ley chilena que faculta a los diputados a iniciar una moción de censura contra una autoridad. Puede desembocar en la destitución o la inhabilitación para ejercer cargos públicos del acusado.
Para que el mecanismo prospere, se requiere la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, y el posterior respaldo de dos tercios en el Senado, institución que actúa como jurado y declara si el acusado es culpable o inocente.
Se prevé que la moción cuente con los votos suficientes en la Cámara baja, y el objetivo es que llegue al Senado antes de las elecciones presidenciales del próximo 21 de noviembre.