Apelando a la Constitución, un grupo de activistas había pedido al gobierno de Cuba una inédita autorización para realizar una marcha por el cambio el próximo 15 de noviembre.
Y apelando a la misma Constitución, el gobierno cubano denegó el derecho a la protesta.
El martes, autoridades locales en varias provincias de Cuba notificaron a los organizadores de la manifestación que no tienen autorización para realizarla por considerar que se trata de un “intento desestabilizador” y, por tanto “ilícito”.
Tras las manifestaciones espontáneas del 11 de julio que propiciaron una respuesta violenta de las autoridades y la detención de cientos de personas -muchas de las cuales siguen presas- jóvenes activistas decidieron recurrir a un hueco que deja abierta la Carta Magna en el que se reconoce el derecho a la protesta pacífica en la isla.
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Sin embargo, las autoridades negaron el permiso alegando que la marcha provocaría “disturbios” y buscaba un cambio de sistema, lo que está prohibido por la propia la Constitución que define el socialismo como “irrevocable”.
La negativa ha desatado un aluvión de comentarios y “debates constitucionales” en redes sociales y medios oficiales e independientes, entre los que creen que la acción del gobierno es legal y los que piensan que viola los derechos consagrados por la Carta Magna.
Respuestas
Las autoridades acusaron a los organizadores, sin presentar pruebas, de tener “vínculos con organizaciones subversivas o agencias financiadas por el gobierno estadounidense”.
“El imperio pone dinero y expectativas en los anexionistas formados por ellos, quienes bajo la falsa bandera del pacifismo buscan provocar nuevos disturbios, generar caos e inducir la desestabilización del país”, escribió este martes en un editorial el periódico Granma, voz del Partido Comunista (único legal).
Los organizadores, por su parte, rechazaron las acusaciones y cuestionaron que el gobierno negara un derecho refrendado en la Ley de Leyes.
“Sabíamos que el Estado de Derecho en Cuba era una ficción insostenible. Ahora tenemos la certeza de que, en dictadura, la Constitución es letra muerta, o simplemente un verso al estilo ‘Centuria’, de Nostradamus, donde cada lector interpreta lo que quiere, hasta que un sumo sacerdote lo desmienta”, dijo Yunior García, creador de Archipiélago, el grupo detrás de la convocatoria a la protesta.
Tras la solicitud del permiso el mes pasado para el 20 de noviembre, las autoridades anunciaron la realización de ejercicios militares y de un “Día Nacional de la Defensa” en la misma fecha en que antes se había anunciado la marcha.
Esto llevó a que los organizadores de la manifestación decidieran adelantarla cinco días, lo que obligó finalmente al gobierno cubano a pronunciarse el martes negando la autorización.
La isla, que ha sido duramente azotada por la pandemia de coronavirus, vive también una profunda crisis económica, con escasez de alimentos y medicinas y una creciente inflación, a lo que se ha sumado una férrea postura del gobierno hacia los opositores, que sufren penas de cárcel, prisión domiciliaria o frecuentes “actos de repudio”, manifestaciones para las que no se requiere autorización.