El Diario LA PRENSA cumple dos meses de que sus instalaciones fueron allanadas y su gerente general, Juan Lorenzo Holmann Chamorro, encerrado en la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), mejor conocida como el nuevo Chipote.
Desde entonces, las oficinas de este Diario, que cumplió 95 años de fundación en marzo, se mantienen tomadas por agentes de la Policía Nacional, que no permiten la regularización de las labores de esta empresa.
Los familiares de Holmann expresaron que estos dos meses han sido de inquietud e incertidumbre por no tener conocimiento sobre su estado de salud.
“El hecho de no tener comunicación con él, de no saber cómo está su estado de salud, de no saber si al fin pudo tener una atención médica, todo eso nos llena de mucha incertidumbre. Es horrible, porque él no sabe cómo estamos nosotros y, por otro lado, nosotros no sabemos cómo está él”, dijo un familiar de Holmann quien solicitó el anonimato.
Compromiso de seguir informando
La familia Holmann Chamorro manifestó que a pesar de toda esta situación, LA PRENSA reafirma su compromiso de seguir informando a través de su sitio web y redes sociales.
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A la ocupación de LA PRENSA y arresto de su gerente general, le siguió un proceso judicial que ha sido calificado por los abogados como arbitrario, sin respeto al proceso de ley, en el que se ha negado información a la familia de Holmann sobre su estado de salud; además se han realizado audiencias sin poner en conocimiento a su abogado.
El allanamiento de LA PRENSA se realizó bajo el argumento de una supuesta investigación por defraudación aduanera, de la que hasta ahora la Fiscalía no ha presentado pruebas.
Mientras que el Ministerio Público acusó formalmente a Holmann de los delitos de lavado de dinero, bienes y activos el 9 de septiembre, tras casi un mes de estar preso en el Chipote.
El equipo jurídico de defensa de Holmann confirmó que en estos dos meses no han podido hablar con su defendido y tuvieron muchas dificultades para tener acceso al expediente de la acusación.
“Hasta el momento continuamos sin poder tener ni una sola entrevista con don Juan Lorenzo, lo hemos solicitado en infinidad de ocasiones, están por escrito todas las solicitudes, pero la judicial ha guardado silencio”, dijo uno de los abogados, quien habló con LA PRENSA bajo condición de anonimato.
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El equipo legal aseveró que en este momento el caso se encuentra en la etapa de intercambio de pruebas, sin embargo, insistió en que se mantienen las limitaciones y la falta de acceso a Holmann, para preparar su defensa.
No hay acusación contra LA PRENSA
Por otra parte, el equipo legal aseguró que no hay razón para que las instalaciones de LA PRENSA se mantengan tomadas por la Policía, porque no existe ninguna imputación contra el Diario.
“De hecho la investigación en contra de Juan Lorenzo es en su carácter personal y en los cargos que le están imputando no se hace ninguna vinculación en relación a las instalaciones del Diario como tal. (Esto) Significa que formalmente la persona que está siendo investigada es únicamente Juan Lorenzo, en su carácter personal, y no en contra de la institución como tal, de la Editorial LA PRENSA”, explicó el abogado.
El equipo jurídico reafirmó que durante todo el proceso no se han brindado ni los derechos ni las garantías a favor de Holmann, sino que persisten las violaciones al debido proceso.
Solo una vez la esposa de Holmann, Chrystal Munguía, ha podido verlo el pasado 1 de septiembre, tras 18 días preso en los que no se supo ninguna información de él. Ella dijo que su esposo había bajado de peso y le expresó su inquietud por las pastillas que le dan los policías en un tarrito.
La Policía Nacional se tomó las instalaciones del Diario LA PRENSA el pasado 13 de agosto y al día siguiente el Ministerio Público confirmó la detención del gerente general de esta empresa, Juan Lorenzo Holmann.
Desde entonces, Holmann está preso en la Dirección de Auxilio Judicial, mejor conocida como el nuevo Chipote y las oficinas de LA PRENSA se mantienen tomadas por la Policía.
Un día antes del allanamiento policial de este Diario, la directiva anunció que ya no circularía más la versión impresa de LA PRENSA hasta que la Dirección General de Aduanas (DGA) liberara el papel que nuevamente fue retenido en un almacén fiscal, como parte de la censura del régimen de Ortega para impedir la libertad de prensa y de expresión.