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Sesión plenaria de la Asamblea Nacional. de este miércoles 13 de octubre 2021. Foto tomada de las redes de la Asamblea Nacional.

Asamblea Nacional declara áreas protegidas a Corn Island, Little Corn Island y Blowing Rock

El diputado Brooklyn Rivera manifestó que la Consulta sobre el proyecto de ley, no tomó en cuenta a diferentes grupos locales de las islas.

La Asamblea Nacional aprobó este miércoles 13 de octubre la Ley que declara y define como áreas protegidas las islas Great Corn Island, Little Corn Island y Blowing Rock, ubicadas en la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur de Nicaragua.

El territorio de las tres islas, que abarcan más de 400 mil kilómetros cuadrados, fue declarado «área protegida bajo la categoría de manejo de paisaje terrestre y marino protegido».

La denominada «Ley que declara y define Great Corn Island, Little Corn Island y Blowing Rock como área protegida de paisaje terrestre y marino protegido», fue aprobada en lo general con 75 votos a favor, 8 abstenciones, 7 presentes, de un total de 90 diputados presentes hoy en la Asamblea Nacional.

En total son 91 diputados, la mayoría (70) del partido gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), que dirige Daniel Ortega.

No se tomó en cuenta a los grupos locales de las islas

El diputado del partido indígena Yatama, Brooklyn Rivera Bryan, miembro de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales que dictaminó favorable la Ley, expresó su apoyo a la nueva legislación, pero hizo ver que en el proceso de consulta no se tomó en cuenta a los diferentes grupos locales de las islas.

«Si uno analiza, se conoce que la consulta se hace con instituciones del Estado, con instituciones gubernamentales y sectores afines al partido (FSLN). Hay que ir un poco más allá, hay que involucrar a toda la población interesada, en este caso en Corn Island viven pueblos de afro-originarios, creoles, viven los garífonas y la población mestiza», manifestó Rivera.

El diputado Rivera dijo que lo ideal sería hacer una consulta previa, integral, informada y efectiva a la diversidad de pobladores de los territorios sobre los que se quiere legislar, además de asegurar beneficios con esa declaración. También señaló las problemáticas ambientales en las islas, sobre las que considera no se profundizó en la consulta.

«Hay que hacer un llamado a la institución, en este caso Marena (Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales) de trabajar con todos los sectores involucrados, para asegurar que haya una armonía, una interacción sostenida, un equilibrio entre la intervención humana y la conservación de las especies y el entorno», insistió el diputado de Yatama.

Por su parte, la diputada sandinista Florence Ivette Levy Wilson, refutó a Rivera, asegurando que sí hubo una consulta amplia en todo el territorios de las tres islas.

La iniciativa de ley fue enviada por el Ejecutivo a la Asamblea Nacional el pasado 7 de septiembre.

El 21 de septiembre fue presentada ante el pleno de la Asamblea Nacional y pasada a consulta a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Las autoridades municipales fueron consultadas en el proceso de ley.

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El dictamen de la Comisión de Ambiente, leído este miércoles ante el pleno por la diputada sandinista Arling Patricia Alonso Gómez, confirma que las tres islas corresponden a un área total de 43,056.55 hectáreas, es decir, 430.56 kilómetros cuadrados.

En la exposición de motivos se explica que «la iniciativa de ley surge como una necesidad de proteger al patrimonio natural de la nación, conservar los ecosistemas de humedales y las zonas costeras como un derecho de las comunidades de la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur a un ambiente saludable y al desarrollo sostenible para enfrentar los impactos del cambio climático».

Amenazas por la actividad humana

El dictamen también reconoció que «las islas se caracterizan por poseer una rica biodiversidad y un gran potencial para el desarrollo turístico», pero «las zonas marino costeras enfrentan algunas amenazas que ponen en peligro estas riquezas naturales y su sostenibilidad, por lo que es necesario reducir las actividades humanas en relación al uso de los humedales, evitar transformarlos y contaminarlos, planificar las actividades turísticas y ordenar la pesca, el manejo de los residuos sólidos y el uso del suelo para áreas de pastos para la ganadería».

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Según la Ley, el interés del gobierno de Daniel Ortega es «establecer una base técnica, científica y un marco legal para atender las islas, incluyendo la conservación y uso sustentable de los ecosistemas, la biodiversidad y el fortalecimiento de las estrategias de gestión ambiental y gestión sostenible de las áreas marinas, terrestres y marino costero».

Otra importancia de la declaración, según el dictamen, es la promoción de la protección ambiental y restauración de los 26 humedales de Great Corn Island, Little Corn Island, que proporcionan el agua de consumo humano a sus habitantes.

Entre los beneficios a obtener con la declaración de las islas como áreas protegidas está conservar la diversidad del paisaje, hábitat, especies y ecosistemas asociados y promover la recreación y turismo, la calidad ambiental, el desarrollo de actividades de restauración, actividades productivas sostenibles y educación ambiental.

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