La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor del dirigente universitario Max Jerez; el directivo del partido Ciudadanos por la Libertad, Mauricio Díaz y del comentarista político Jaime Arellano, los dos primeros encarcelados en la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) y el último bajo arresto domiciliar.
Las medidas cautelares, según el organismo, las otorgan “tras considerar que se encuentran en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos en Nicaragua”.
La Comisión solicita al Estado nicaragüense que adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad de las personas beneficiarias.
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En el caso de Arellano, indica que “entre tales medidas, se encuentra el permitir el contacto oportuno con sus familiares y abogados; adopte las medidas necesarias para que el propuesto beneficiario pueda desarrollar sus labores como periodista sin ser objeto de actos de intimidación, amenazas u otros hechos de violencia en el ejercicio de estas”, según la Resolución 82/21 del organismo del 12 de octubre.
Agrega que lo anterior incluye, “la adopción de medidas para proteger el derecho a la libertad de expresión, por ejemplo, no obstaculizando al propuesto beneficiario de los elementos necesarios para su ejercicio periodístico; concierte las medidas a adoptarse con la persona beneficiaria y sus representantes; e informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar y así evitar su repetición”.
Arellano se encuentra bajo arresto domiciliar desde el 24 de julio y fue acusado el 2 de septiembre por el supuesto delito de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional”.
Que se evalúen medidas alternas a la privación de libertad para Jerez y Díaz
Respecto a Jerez, encarcelado en la DAJ desde el 5 de julio, y Díaz, detenido tras haber sido citado a entrevista en el Ministerio Público el 9 de agosto, la CIDH solicita al Estado nicaragüense en la Resolución 83/21 del 12 de octubre, que “asegure que sus condiciones de detención sean compatibles con los estándares internacionales aplicables en la materia; tomando en cuenta la situación de riesgo a la vida, integridad personal y salud como resultado de las circunstancias que rodean sus privaciones de libertad actuales, se evalúe, inmediatamente, la posibilidad del otorgamiento de medidas alternativas a la privación de la libertad, de conformidad con su normativa interna y a la luz de los estándares interamericanos aplicables”.
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Asimismo que se informe sobre las acciones adelantadas “a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la adopción de la presente resolución y así evitar su repetición”.
Jerez y Díaz fueron acusados por el supuesto delito de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional”, el 1 y 3 de septiembre, respectivamente.
La CIDH explica que una medida cautelar es un mecanismo de protección de la CIDH, mediante la cual esta solicita a un Estado que proteja a una o más personas que estén en una situación grave y urgente de sufrir un daño irreparable. Cualquier persona u organización puede presentar una solicitud de medida cautelar a favor de una persona o de un grupo de personas, identificados o identificables, que se encuentren en una situación de riesgo.