El grueso de los más de 121 mil trabajadores que están en zona franca aún no ha sido vacunado contra la covid-19, porque una gran mayoría son menores de 30 años, por lo que el sector sindical estima que hasta esta semana entre el 15 y 20 por ciento de todos estos obreros fueron cubiertos con la actual jornada de inmunización.
Pedro Ortega, secretario general de asuntos laborales de la Confederación Sindical de Trabajadores de Zonas Francas, manifestó que en los municipios las empresas de zona franca están poniendo buses a disposición de los trabajadores para que estos asistan a los puestos de vacunación, precisamente para acelerar su cobertura en este grupo de trabajadores, que es uno de los más masivos en el mercado del trabajo.
Una vez vacunados, los trabajadores retornan a sus centros laborales. El proceso de inmunización, según Ortega, se está realizando en coordinación con los centros de salud. “Lo más fuerte va a ser cuando sean de 17 a 30 años, porque ahí está casi el 50 por ciento de la masa laboral, pero creo el 20 por ciento hasta ahora puede aumentar ahora que hay coordinación para llevar a los trabajadores a los puestos”, afirmó el líder sindical.
Este esquema de vacunación coordinada entre las maquilas y los centros hospitalarios se ejecutó en Niquinohomo, Tipitapa, Ciudad Sandino y municipios de Carazo. Ortega dijo que la vacunación sigue siendo voluntaria, es decir no está siendo exigida por las empresas.
Por ahora —según el líder sindical— no han habido brotes fuertes en las empresas de zona franca. “Para ser honestos, han habido casos de sospecha, nosotros estuvimos monitoreando también, algunas empresas tenían cinco personas sospechosas (con covid-19), otras tenían siete casos sospechosos, en otras diez casos. Es variante, pero como media por semana podríamos decir cinco trabajadores por empresa”, afirmó.
Ortega indicó que por ahora los niveles de mortalidad en las empresas de zona franca han sido menores, pese a los casos que se han identificado. El año pasado reportaron alrededor de tres fallecidos y este año, según el registro del sindicato sandinista, llevan un solo caso en Tipitapa.
LA PRENSA intentó conocer la versión del director ejecutivo de la Asociación Nicaragüense de la Industria Textil y Confección (Anitec), Dean García, pero no respondió a las múltiples llamadas a su celular. En su momento, García dijo a este Diario que «las empresas están trabajando una calendarización para garantizar el permiso de todo el trabajador que esté en zona de vacunación y está en la edad de vacunación pueda asistir. Y segundo, estamos en conversaciones con los líderes sindicales viendo qué otras alternativas de coordinación implementamos».
Eso sí, García dejó claro que por ahora no se está exigiendo a los trabajadores que presenten como requisito de ingreso a los parques industriales la tarjeta de vacunación. «Estamos reforzando los protocolos de bioseguridad, implementados desde el 2020, los estamos continuando e inclusive algunos de ellos se están reforzando, pero no se le está pidiendo a ningún trabajador tarjeta de vacunación», afirmó el pasado 21 de septiembre.
Hasta junio de este año, en toda zona franca operaban 121 empresas, las que empleaban hasta ese momento a 121,379 colaboradores, según cifras del Banco Central de Nicaragua.
Nicaragua tiene hasta ahora bajos niveles de cobertura de la vacuna. Hasta el 7 de octubre, solo el 8.3 por ciento de la población había recibido una dosis de vacuna, es decir 556,589 nicaragüenses. Solamente 305,218 fueron vacunados con las dos dosis, que equivale al 4.5 por ciento de la población, que supera los seis millones de personas.
El régimen de Daniel Ortega comenzó el proceso de vacunación a mayores de 30 años el pasado 20 de septiembre, pero aún no está claro cuándo el grupo de personas entre 29 y 18 años podrá acceder al antídoto. El problema es que en el interior del país las dosis que el Ministerio de Salud envía a las unidades son limitadas, en comparación con Managua donde hay más inventario.
Sindicato: INSS no quiere pagar subsidio
Otro punto que abordó Ortega es sobre las quejas de que en zona franca a los enfermos por covid-19 los envían a sus casas sin goce de salario durante el periodo de tratamiento. Explicó que el problema es que el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) no está dando subsidio por esta enfermedad, que según la ley es la que debería cubrir gran parte del salario de sus contribuyentes en caso de enfermedad.
Indicó que las áreas de Recursos Humanos de las empresas reportan al INSS que un trabajador es dado de baja por sospecha o por contagio del virus, pero desde el instituto les informan que no hay subsidio por esa enfermedad. Lo lamentable —afirma—, es que las empresas pagan el 22 por ciento de su planilla al Seguro Social y los trabajadores el siete por ciento, precisamente para gozar de esa cobertura en tiempos de enfermedad.
Ortega indicó que están aconsejando a los trabajadores agotar las vías administrativas para que el INSS pague ese subsidio y en caso de que consigan el beneficio que recurran a la vía judicial.
El pasado 8 de octubre, el magistrado Luis Manuel Osejo Pineda, presidente del Tribunal Nacional Laboral de Apelaciones, dijo a medios oficialistas que cuando el trabajador se enferme con covid-19 tiene derecho a gozar de reposo remunerado, a través de las prestaciones económicas que garantiza el sistema de seguridad social, o bien a cuenta del empleador cuando no lo haya afiliado.
Agregó que “por ninguna causa las decisiones empresariales que deban tomarse a causa de los efectos de la pandemia, deben perjudicar los derechos y garantías mínimas de los trabajadores, las cuales son irrenunciables”, según publicó la Corte Suprema de Justicia en su sitio web.
| “Cualquier modificación sustancial a las condiciones de trabajo a implementarse, solamente pueden decidirse con el consentimiento previo del trabajador, pues de lo contrario podrían ser calificadas como ilegales y arbitrarias, con las consecuencias que de ello se derive”, dijo. |